Imagen: Colegio Inmaculada Concepción
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Concentrado en el Tercer Juzgado Civil de Concepción
quedó el caso Inmaculada Concepción luego que fueran acumuladas las tres
demandas y contrademandas interpuestas por las partes a raíz de la
venta del tradicional y centenario colegio. Además, la Corte de
Apelaciones penquista confirmó la medida precautoria que prohíbe
concretar el acuerdo comercial en la Orden religiosa y el Arzobispado de
Concepción.
La información fue entregada a La Radio por la jueza Carola Rivas,
ante quien se interpuso la primera acción civil de ANRO, la sociedad que
en enero pasado suscribió con las monjas de la Inmaculada Concepción un
contrato de compraventa del colegio por $3 mil 700 millones. El abogado
Álvaro Moraga pide en esta demanda el cumplimiento de ese acuerdo.
La magistrada explicó que resolvió acumular a este último expediente
las dos demandas presentadas en el Primer Juzgado Civil penquista por el
abogado del establecimiento educacional, Ricardo Retamal, con el
objetivo de que se invalide por incumplimiento la compraventa acordada
con ANRO a comienzos de este año.
Todas estas acciones legales surgieron tras conocerse en mayo el
interés del Arzobispado de Concepción, a través de la fundación
educacional La Asunción, de adquirir el colegio. Como primera medida,
informada la sociedad Anro del acuerdo en la Iglesia Católica, fue una
medida precautoria que paralizó el negocio entre las religiosas y el
arzobispado.
Esta resolución de la magistrada Rivas se encuentra confirmada por el
tribunal de alzada penquista, no obstante ya dos meses que el propio
establecimiento señaló que renunciaba a desprenderse del plantel y
continuar con el proyecto educacional el próximo año.
El trámite de las demandas, sostuvo la jueza Carola Rivas, siguen su
curso normal, encontrándose los abogados de las partes, Álvaro Moraga y
Ricardo Retamal, las pruebas para fundamentar sus respectivas denuncias
de incumplimiento de contrato.
