28 de septiembre de 2012
La historia de la alumna técnico profesional que denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de DD.HH.
Cuando se enfrentó a la Prueba
de Selección Universitaria, lo que vio fue chino mandarín. Casi nada de
lo que le pasaron en su colegio, un liceo técnico, le sirvió para
enfrentar las preguntas que la alejaron de su sueño: Sicología en la
Universidad de Chile. Aunque se matriculó en la U. Central, quiere dejar
en claro que corrió en desventaja y que el Estado chileno ha permitido
que miles de jóvenes como ella no puedan elegir su futuro.
A Carol Venegas no la detuvieron los números.
El 15 de julio de 2012 se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una denuncia que acusaba discriminación contra el Consejo de Rectores (CRUCh) y el Ministerio de Educación (Mineduc). Su queja era simple: gran parte de lo que le preguntaron en la PSU, ella nunca lo vio en clases.
El 15 de julio de 2012 se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una denuncia que acusaba discriminación contra el Consejo de Rectores (CRUCh) y el Ministerio de Educación (Mineduc). Su queja era simple: gran parte de lo que le preguntaron en la PSU, ella nunca lo vio en clases.
Y aunque no sabe cuál será el destino final de su acusación, cree que
es lo máximo que puede hacer contra un sistema educacional que, siente,
nunca la consideró.
En su colegio, el Instituto Superior de Comercio de San Miguel, había
una foto en la que ella no quería aparecer: “En general, cuando
terminan el colegio, las niñas quieren ser mamás, tener guaguas y
quedarse en la casa. No por malas ni por flojas, sino porque no tienen
dónde ver que su vida pueda ser distinta”, dice sobre el instituto donde
estudió y hasta donde llegó hace cinco años para terminar convertida en
administradora de empresas. Un título que tampoco alimentaba sus sueños
en el futuro: “Es que no es verdad que puedas trabajar en buenos
lugares. Yo tengo compañeras que con mucha esperanza estudiaron eso y
terminaron atendiendo en el PreUnic o en una caja del McDonald’s. Y no
digo que eso sea malo, pero esos puestos no eran el objetivo”.
“Del puntaje depende todo. No sólo entrar a la U.; también las becas que te puedes conseguir o la plata que uno va a pagar”, expresa Carol con impotencia porque tuvo que ceder. Se matriculó a comienzos de este año en Sicología en la Universidad Central y para eso pidió un CAE (Crédito con Aval del Estado). Ella no se quería endeudar.
Su sueño era otro: ser sicóloga. Por eso cuando vio que sus puntajes
habían sido 516 en Matemática, 583 en Historia, 507 en Ciencias y 611 en
Lenguaje, se entristeció porque no alcanzaría los 630 mínimos que
necesitaba para ocupar una sala de clases en la Universidad de Chile o
la Católica, pero no fueron un impedimento para exigir que alguien le
respondiera.
“Yo siempre fui a clases, tuve promedio 6,0 y fui una de las mejores
de mi curso”, dispara Carol. “Bajé facsímiles para repasar y sólo por
falta de recursos no fui a un preuniversitario; pero este sistema es
discriminador porque, a pesar de todos mis esfuerzos, cuando a mí me
entregaron la PSU lo que yo vi fue chino mandarín”.
La mala clase
Lo que Carol cuenta es una hebra que llega a una madeja blanda y
conocida: el 91 % los estudiantes de los liceos técnicos proviene de los
dos primeros quintiles de ingresos. Hace tres años las cifras eran
lapidarias: si bien el porcentaje de los alumnos que rendían la PSU
había aumentado, sus resultados no repuntaban y solamente el 44 % de los
egresados obtenían un promedio superior a los 500 puntos.
Carol sobrepasó esa barrera, aunque los resultados pudieron ser distintos.
El escenario no era favorable: se crió en la Villa Las Carmelitas de
San Bernardo, donde las cifras se revuelcan en un 15,67 % de pobreza y
27 % de embarazo adolescente, según datos del año 2009. Pero Carol
Venegas nunca le tuvo miedo a los números que le decían que ella no
entraría a la universidad. Ella: hija de un papá que gana casi $ 300.000
mensuales por cargar cajas en un supermercado. Ella: la primera en su
familia en imaginar un futuro profesional. Ella: una cara más en un
mundo donde sus pares piensan en la universidad como un derecho de
otros, no podía siquiera arañar el sueño de verse convertida en
sicóloga.
Llegó a un liceo técnico por obligación. “Mi mamá tuvo cáncer cuando
yo era chica y ella quería que, si alguna vez me faltara, yo tuviera
algo en la mano. Yo no quería, yo siempre soñé con ir a la universidad,
pero nuestra realidad económica nos exigía algo muy distinto”, cuenta.
Por eso, puso el hombro, aunque en 2010 una Tirotoxicosis –un
síndrome caracterizado por niveles excesivos de hormonas tiroideas en el
plasma sanguíneo– la obligó a faltar a clases y a repetir.
Hizo por segunda vez Cuarto Medio en 2011 y comenzó a calentar su
sueño. Hizo facsímiles y no le gustó lo que vio: “En Tercero y Cuarto
Medio, en los ramos de especialidad no nos pasaron ni la mitad de los
contenidos mínimos de Lenguaje. Cuando me enfrenté a las preguntas de
Ciencias, fue peor. De lo poco que me acuerdo es que vi hormonas, pero
nada más”.
Alguna vez pensó en hacer un preuniversitario, pero la plata no
alcanzaba para ese ítem. Hace algunos años vive junto a su familia en un
departamento que les presta un conocido en el paradero 23 de Gran
Avenida. Su hermano tiene 12 años, estudia en un colegio municipal y su
mamá trabaja a veces, cuando la salud se lo permite.
Como el ingreso no es el ideal, lo que más la enrabia es que este
mismo sistema lanza a los más pobres a endeudarse para poder surgir.
“Del puntaje depende todo. No sólo entrar a la U.; también las becas que
te puedes conseguir o la plata que uno va a pagar”, expresa con
impotencia porque tuvo que ceder. Se matriculó a comienzos de este año
en Sicología en la Universidad Central y para eso pidió un CAE (Crédito
con Aval del Estado). Ella no se quería endeudar.
Antes de recurrir a la Corte Interamericana, junto a abogados de la
Fundación Pro Acceso, interpuso un recurso de protección en contra de
las universidades chilenas que participan en el proceso de PSU, el
Consejo de Rectores y el Ministerio de Educación por la discriminación
de los estudiantes técnico profesionales en el diseño de la prueba. Sin
embargo, éste se declaró inadmisible.
Esta vez, el objetivo es condenar al Estado chileno por la
discriminación de estos estudiantes que rinden la PSU. “Esta política
pública es regresiva, ya que la PAA (su antecesora) no se concebía como
un test de contenidos científico humanistas por lo que la brecha no
existía en esa dimensión tan grande como la que se muestra hoy”, explica
Rodrigo Mora, coordinador legal de la Fundación y abogado de la causa.
Durante el primer semestre de 2012, Carol trabajó como promotora en
una cadena de supermercados para una marca de Ron. La idea era hacer
frente a los gastos extra que genera estudiar en la universidad. Pero
dejó de trabajar porque es difícil hacer ambas cosas con una carrera
diurna.
“No quiero dar la prueba de nuevo y tampoco hacer preuniversitario
que refuerza lo aprendido y yo no aprendí nada de lo necesario”,
enfatiza Carol. “Lo que yo quiero es que quede constancia de la
discriminación que viven los estudiantes de liceos técnicos. Y es una
diferencia profunda, porque al final de cuentas, eso impide soñar con
otro futuro”.
