Opinión
Publicado: 27.08.2012
El
notorio incremento de las denuncias sobre violencia policial, debido a
la multiplicación de las protestas sociales, es abordado en la siguiente
columna de opinión. “Puede que el aumento se deba a la gran cantidad de
manifestaciones, pero ello no es argumento para sostener que los abusos
no requieren una respuesta estatal”, dice el autor, quien desestima que
se trate de meras acusaciones “al voleo”, como las describió
recientemente el general de Carabineros Luis Valdés.
Algunos altos mandos de Carabineros han señalado que las denuncias de abusos o violencia policial son acusaciones “al voleo”, que las críticas al actuar de Carabineros se han transformado en un “deporte nacional”.
Sin embargo, la revisión de la actividad de organismos públicos y
privados en relación a las causas por violencia policial (violencia
innecesaria, detenciones ilegales u otros delitos), muestran lo
contrario. En efecto, más que denuncias “al voleo”, se trata de relatos
plausibles que dan cuenta de un problema que está en la agenda pública y
que debe ser enfrentado. La Brigada de Investigación de Delitos contra
los Derechos Humanos de la PDI ha tenido un notable aumento en su carga
de trabajo; las Fiscalías Militares y la Corte Marcial registran un aumento en el número de causas
tramitadas por este tipo de delitos; la Defensoría Penal Pública y el
Instituto Nacional de Derechos Humanos lo han señalado; y las
organizaciones de la sociedad civil han registrado este aumento a través
de diversos informes.
Además, debemos considerar el hecho de que es muy poco probable
obtener una sentencia condenatoria por casos de abuso policial en la
justicia militar. Como sabemos, este procedimiento adolece de vicios que
infringen el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de
la violencia policial. Esta probabilidad es aún más baja en el contexto
de una investigación interna en Carabineros.
Puede que el aumento se deba a la gran cantidad de manifestaciones,
pero ello no es argumento para sostener que los abusos no requieren una
respuesta estatal. Más aún, a partir de las denuncias, de los informes
realizados, o de una breve pasada por el portal de videos youtube.com,
es posible inferir una serie de patrones constitutivos de violencia
policial: entre otros, largas horas de detención; inoperancia en la
elaboración del parte policial; “paseos” en los buses institucionales;
“redadas” masivas constitutivas de detenciones ilegales, lo que se
infiere por la baja cantidad de detenidos formalizados y en definitiva
condenados; uso irracional y desproporcionado de gases lacrimógenos;
disparo horizontal de balines desde escopetas antidisturbios;
simultaneidad y no progresividad en el uso de medios disuasivos;
irregularidades en el procedimiento de constatación de lesiones; y, como
se ha conocido últimamente, situaciones de “violencia sexual policial”, como los casos de desnudez forzada o insinuaciones sexuales, en abierta contradicción con los propios protocolos internos.
Antes que atribuir intencionalidad a los funcionarios de Carabineros o
a una estrategia concertada del alto mando, creo que estos problemas se
remiten a otras causas: falta de entrenamiento y preparación en el
control del orden público; déficit de inteligencia policial que permita
distinguir entre delincuentes y legítimos manifestantes; extenuantes
jornadas y defectos en la coordinación de los turnos; o falta de
modernización de los protocolos policiales de acuerdo con los estándares
internacionales. Todo ello, acompañado de una deficiente regulación de
la protesta a nivel infra legal y de manera contraria a la Constitución y
a las obligaciones internacionales de Chile.
Es casi un consenso entre algunos expertos (entre otros, Patricio
Tudela, Claudio Fuentes y Fernando Martínez) que la cultura policial es
de carácter “autárquico”, no dispuesta al escrutinio de la sociedad
civil. Más aún, podría decirse que Carabineros es uno de los legados
escondidos del pasado del Chile autoritario. Es justamente aquello lo
que está en entredicho actualmente: como nunca, nos jugamos la
posibilidad de una gran reforma policial, pendiente desde el retorno a
la democracia. Como Carabineros, ellos son nuestros compatriotas; y como
ciudadanos, son titulares de los mismos derechos que nosotros. La alta
cifra de Carabineros heridos puede ser no solamente el producto de la
violencia social, cuestión común en sociedades estructuralmente
desiguales como la nuestra; antes bien, puede ser el resultado de la
inoperancia e ineficiencia de la policía en el resguardo del orden
público.
Por ello, la autoridad política debe generar una respuesta
inteligente que, respetuosa de la dignidad de las personas, asuma la
necesidad de una reforma radical de los criterios con los que utilizamos
la fuerza estatal en contra de nuestra comunidad.
