Miércoles 25 de julio 2012 14:26 hrs.
Macarena Scheuch y Héctor Areyuna
El abogado de los estudiantes, Mauricio Daza,
pidió que la Fiscalía de Ñuñoa cite a declarar al ministro de
Educación, ex funcionarios de la cartera y de la Comisión Nacional de
Acreditación, en el marco de la investigación por las irregularidades
detectadas en dicho establecimiento de educación superior. Ello ocurre
ad portas de una eventual acusación constitucional contra el secretario
de Estado.
El abogado Mauricio Daza, quien representa a más de 200
estudiantes de la Universidad del Mar, pidió que el ministro de
Educación, Harald Beyer, preste declaración en la investigación que
lleva el fiscal Occidente Tufit Bufadel, luego que el Noveno Tribunal de
Garantía acogiera la querella por estafa en contra de la institución.
Entrevistado en el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile,
Daza criticó la actitud que ha tenido el secretario de Estado respecto
del tema asegurando que “ha señalado reiteradamente en distintos medios
de comunicación que los antecedentes contenidos en el informe del lucro
de la Cámara de Diputados era información que todo el mundo conocía y
que, en el fondo, no aportada nada nuevo. A mí me llama la atención
porque yo no conocía esos antecedentes y soy una persona relativamente
informada. Ahora, como fuese, es importante que, en el contexto de esta
querella criminal que hemos colocado, él vaya y colabore para decir
desde cuándo conocía esos antecedentes, cómo lo conocía y cuál es el
detalle de éstos”.
El abogado insistió en que el lucro en la educación superior es un
delito en Chile ya que, a diferencia de lo que ocurre en la educación
escolar, sí hay una norma legal que lo prohíbe, por lo que no es un tema
“debatible”.
Mauricio Daza explicó que la querella por estafa se debe a que “la
Universidad del Mar opera a partir de un engaño”, presentándose como una
corporación sin fines de lucro para ocultar un giro comercial cuyo
objetivo principal es generar utilidades para repartirse entre los
dueños en perjuicio de los estudiantes.
Para concretar este fin, Daza subrayó que se realizaban una serie de
maniobras fraudulentas, como la existencia de al menos 17 sociedades
espejos alrededor de la universidad, contratación de arriendos a precios
superiores al mercado y contratación de asesorías inexistentes, entre
otras.
Por ello, el jurista añadió que también solicitó que declararan los
dueños de estas sociedades; los dueños del fondo de inversión Southern
Cross, Norberto Norita y Raúl Sotomayor, que aparecen ligados a la
indagatoria sobre el caso La Polar; Rodrigo Lahsen, quien hasta el año
pasado era el jefe de gabinete de la dirección de Educación Superior del
Mineduc y que llegó a la institución superior a gestionar las
subvenciones del Crédito con Aval del Estado: y finalmente, los miembros
de la Comisión Nacional de Acreditación, por permitir que se imparta la
carrera de Medicina.
El profesional manifestó su anhelo de que, luego del polémico caso de
la Universidad del Mar, cambie la situación actual: “Tengo la esperanza
de que esta acción, de prosperar, marque un antes y un después. En el
fondo, se ha señalado en muchos ámbitos que muchas universidades lucran y
hay algunas que es manifiesto que no lo hacen, por lo que esto no es un
ataque directo a las universidades privadas, sino a la ilegalidad que
significa que muchas de ellas lucren. Ahora, desde esa perspectiva, esta
sería la primera vez que una autoridad hace algo para controlar esta
ilegalidad. Hasta el momento el ministerio de Educación lo único que
hace es sostener reiteradamente que ellos no tienen facultades y que
esto está en manos del Congreso o de cualquier otra persona, menos de
ellos, cuando eso legalmente no es así”, señaló.
Alejandro Silva, dirigente nacional de los estudiantes de la
cuestionada universidad, valoró el hecho de que el ministro pueda ser
citado a declarar: “Tiene que ver, básicamente, con la mala gestión que
ha tenido el ministerio y la falta de voluntad que ha tenido para
solucionar lo de la Universidad del Mar. Las querellas que se están
presentando en Maipú, pero también en otras sedes como Iquique este
jueves, también por estafa, se debe a que existe una vulneración en los
derechos de los estudiantes. El ministerio no se ha hecho partícipe ni
ha sido un agente mediador real”, acusó.
Además, este jueves a las 10 de la mañana en el Centro de Justicia se
sumarán 50 nuevos estudiantes a la querella por estafa presentada en
junio pasado.
Cabe recordar que, paralelamente, la Fiscalía investiga los
resultados del informe de la Comisión Investigadora de la Cámara y el
delito de cohecho y negociación incompatible entre la Comisión Nacional
de Acreditación (CNA) con al menos cinco universidades y un instituto
profesional.
Por éste último caso, que lleva el fiscal Carlos Gajardo, el ex
presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz, fue interrogado por segunda vez
el martes en la Fiscalía de Ñuñoa, retirándose sin dar declaraciones.
Por otra parte, un grupo de diputados se encuentra estudiando la
posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el ministro
Beyer.
La moción es impulsada por la diputada Alejandra Sepúlveda,
presidenta de la comisión investigadora sobre el lucro en las
universidades, quien explicó que once abogados asesoran a los
parlamentarios para presentar la acusación: “Nos están ayudando a poder
sustentar esta acusación desde el punto de vista de los argumentos, para
posteriormente presentarla a los diputados que la quieran firmar y a
las bancadas que quieran apoyar esta iniciativa”, dijo.
Alejandra Sepúlveda afirmó que la iniciativa ya cuenta con el
respaldo de varios diputados opositores y que “va a quedar abierta para
los distintos sectores, pero lo más importante es que tengamos sustento
jurídico que permita tener el sustento de los votos”.
