Columnas
20 de julio de 2012
- Fabián Navarrete y Daniela López
- Presidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de las Américas (Sede Concepción) y de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, respectivamente.
Patricio Meller hace un tiempo atrás lanzó un
libro dirigido hacia nosotros —los estudiantes— diciéndonos que el
problema no es el lucro, sino el mercado. Bajo su tesis, había aspectos
tales como el valor de los aranceles y su desregulación y que no
debiéramos preocuparnos por el “legítimo lucro” de los “emprendedores de
la educación”. De esta manera, Meller pasa a engrosar ese amplio
segmento de la tecnocracia nacional —donde también pertenece el ministro
Beyer y figuras como J.J. Brunner— que creen que la gran receta a los
problemas en la educación es por la vía de la “corrección del modelo”, y
que, por tanto, mediante el control del mercado de la educación
podremos solucionar los problemas de ella. Así se va gestando el
proyecto de Superintendencia de la Educación.
En este orden de ideas, la
superintendencia que propone el Gobierno, no es más que burocracia
estatal, puesto que no prohíbe a las universidades mantener vínculos
comerciales con empresas relacionadas, en definitiva, no termina con el
lucro, sino que busca “regular” esos nexos, permitiéndolos bajo ciertas
condiciones. Este aparente y estéril intento regulatorio conlleva a la
vez que la ley orgánica constitucional que establece que las
universidades son “corporaciones sin fines de lucro” siga siendo letra
muerta. En esta dirección, una superintendencia tiene sentido sólo para
aquellos devotos del mercado, sus falsos criterios y mitos asociados,
quienes a ultranza defienden o consideran un avance la “supervigilancia”
de la industria de la Educación. Esto es criminal y da origen a la
inmoralidad y a la corrupción.
El razonamiento consiste en que “el problema no es el modelo de
educación, sino la forma como ésta se entrega por los actores del
modelo”.
El problema de la educación no es de control, sino más profundo, es estructural. No se trata de un tornillo mal ajustado, es el aparato completo. Lo que ha evidenciado el movimiento estudiantil es la irracionalidad de un modelo educacional que crea y reproduce la desigualdad presente en la sociedad, lo cual es especialmente grave en sociedades segmentadas como la chilena.
Bajo esta racionalidad, sólo hace falta un organismo que fiscalice un
mercado desregulado que da lugar a abusos e irregularidades. De esta
manera, aspectos como el lucro con fondos públicos, apertura
indiscriminada de carreras se tienen que desterrar, y para ello basta
con esta agencia del Estado (superintendencia) que los controle. Esa es
la tesis de la tecnocracia criolla, también de Beyer y del Gobierno. Sin
embargo, hoy no existe certidumbre jurídica, ni política en la
institucionalidad, la que ha sido violada por más de 30 años y con ello
el riesgo latente de estafas y el endeudamiento de por vida.
En Chile cada vez que las cosas se ponen “feas” para varios ámbitos
del mercado, se crea una institucionalidad que lo regula, o esa es la
idea, al menos. Aunque, hasta el día de hoy ningún organismo creado ha
sido capaz de resolver aquello para lo cual se creó. Por ejemplo, un
último escándalo fueron las repactaciones unilaterales de La Polar y
para eso se creó el SERNAC Financiero, sin embargo, ¿se acabaron por
ello las repactaciones unilaterales? claro que no, es más, aumentaron
los reclamos. Por tanto, el derecho a la duda desde nuestra parte es
legítimo: ¿Qué nos asegura que sea diferente bajo el sistema actual?
Nada.
Pero, en segundo lugar, lo que la hace más insuficiente e
innecesaria, es que precisamente el problema de la educación no es de
control, sino más profundo, es estructural. No se trata de un tornillo
mal ajustado, es el aparato completo. Lo que ha evidenciado el
movimiento estudiantil es la irracionalidad de un modelo educacional que
crea y reproduce la desigualdad presente en la sociedad, lo cual es
especialmente grave en sociedades segmentadas como la chilena. Esto que
ha sido denunciado por el movimiento estudiantil, significa que si no se
modifica estructuralmente el modelo, cualquier cambio o reforma que se
haga no hará más que profundizar sus efectos. Así ha sido con toda la
serie de ajustes que se hicieron durante los gobiernos de la
Concertación. En tal sentido, no nos sirve de nada una superintendencia
que nos enrostre (transparente le dicen algunos) la forma como lucran
los empresarios de la educación. El pretender controlar los precios
(aranceles) y establecer un nuevo sistema de créditos colaborarán en
última instancia por la codicia de los mercaderes en una mayor
desregulación del mercado, ya que el Gobierno incorporará flujos frescos
a la banca, se trata de la constatación de un primer paso hacia un
rescate de la industria educacional y con ello pretendiendo resguardar
la fe pública en el mercado. Este intento en conjunto con la
superintendencia, y la agencia no harán más que profundizar la crisis
del lucro y su burbuja.
El Estado debe terminar con la dilapidación del recurso fiscal, fruto
del esfuerzo de las familias chilenas, e invertir en sus estudiantes,
docentes y trabajadores, en definitiva en la educación.
Debemos luchar, por una nueva educación, entendida como lo es, un
derecho social, de acceso universal, gratuito e igualitaria, y no como
un bien de mercado. La crisis de la educación y del lucro evidenciada el
año pasado iluminó también las contradicciones de esta sociedad y los
estudiantes le oponemos principios de transformación, esa es nuestra
tarea.
A nacionalizar las universidades.
Hoy, inclusive el lucro en la educación funciona realmente mal, su
crisis a la vez resulta insustentable para nuestro país. Económicamente
lo que ha ocurrido es la creación de una burbuja financiera a raíz del
mercado inmobiliario y crediticio. Así las cosas, el estado no puede
utilizar los recursos públicos para regular sólo excesos, salvaguardar y
garantizar la existencia del lucro, sino que debe actuar garantizando
nuestro derecho a educarnos. Por lo mismo, los estudiantes del sector
privado, más que caer en defensas corporativas o sectoriales, debemos
exigir educación pública para Chile y su pueblo y partir señalando que
las universidades se deben nacionalizar, esto es, que desde un punto de
vista económico, financiero y administrativo el estado —garante de
derechos— se ocupe de otorgar a las universidades un propósito mediante
su incorporación a un Plan Nacional de Educación de cargo de un Servicio
Nacional de Educación que, someta a las instituciones a un sistema
integrado de educación. Ahora bien, nacionalizar no implica estatizar,
la administración y gestión académica de cada universidad no se
encontrará sometida al estado, por el contrario, se debe reivindicar la
plena autonomía de la comunidad universitaria, involucrando
democráticamente en su dirección a todos los estamentos e inclusive a
organizaciones sociales, científicas, culturales, etc. Será el pueblo
chileno que con su conciencia actual y vocación de poder corregirá los
vicios existentes y tolerados por la codicia y desidia.
Esta propuesta significa gratuidad y la recuperación del necesario
vínculo con la sociedad. De esta forma, se resguarda a los estudiantes y
sus familias que se endeudan por poder educarnos en función de la
última promesa que hizo este modelo de desarrollo, el de educarse y la
movilidad social.
Debe eliminarse el precio de la educación. Hay que avanzar con
radicalidad hacia una educación de acceso universal, gratuita e
igualitaria, que sea efectivamente un derecho, garantizado por el
Estado, vínculo que se eliminó con la dictadura. El deber es nuestro.
