Publicado el 25 de julio del 2012
El proyecto permite a los colegios o liceos interponer
una querella, en representación de su comunidad educativa, por delitos
de abusos sexuales contra menores cometidos al interior del
establecimiento.
El texto legal fue presentado por los diputados UDI, Nino Baltolu, Eugenio Bauer, Sergio Bobadilla, Gustavo Hasbún, Javier Hernández, María José Hoffmann, Celso Morales, Iván Moreira, Iván Norambuena, Ignacio Urrutia.
El proyecto (boletín 8410) reconoce la existencia de delitos que, por sí solos, lesionan de un modo más sensible al espíritu de una sociedad. Se busca con esto remarcar que en el mundo delictual existen ilícitos que revisten de una mayor gravedad e involucran una mayor penalidad.
Uno de ellos está constituido por los delitos de abusos sexuales contra menores, extensamente comentados en la opinión pública con ocasión de la frialdad de sus ejecutores y, en ciertos casos, con una cierta suavidad de sus penas existentes hace algunos años.
“Por lo mismo, pensamos que las autoridades de nuestro país debemos ir incluyendo mayores instancias de protección hacia las víctimas de tales hechos, cuyo daño perpetrado es inconmensurable”, indican los legisladores autores de la moción.
Además, tales ilícitos son cometidos en un contexto de secretismo entre la víctima y el victimario, por lo que cuesta establecer la existencia del delito de un modo instantáneo a su ejecución. Asimismo, dichos delitos se dan en un ambiente familiar y/o escolar, lo que involucra una especial relevancia y sensibilidad, no sólo en la vida familiar de la víctima, sino que también reviste un daño a la generalidad de la comunidad escolar en la cual participa el afectado.
Frente a esto, se propone la incorporación de la comunidad educativa en el proceso de pesquisa y sanción de tales ilícitos. Dicha acción en representación de la comunidad, estará a cargo del establecimiento educacional, que también ve dañada su imagen frente a actos delictuales cometidos en sus dependencias.
Por esto, el proyecto modifica el Código Procesal Penal, estableciéndose que el establecimiento educacional podrá interponer una querella, en representación de su comunidad educativa por los delitos de abusos sexuales contra menores contemplados en los párrafos 6 y 7 del Título VII del Libro segundo del Código Penal.
La iniciativa será analizada por la Comisión de Constitución.
El proyecto (boletín 8410) reconoce la existencia de delitos que, por sí solos, lesionan de un modo más sensible al espíritu de una sociedad. Se busca con esto remarcar que en el mundo delictual existen ilícitos que revisten de una mayor gravedad e involucran una mayor penalidad.
Uno de ellos está constituido por los delitos de abusos sexuales contra menores, extensamente comentados en la opinión pública con ocasión de la frialdad de sus ejecutores y, en ciertos casos, con una cierta suavidad de sus penas existentes hace algunos años.
“Por lo mismo, pensamos que las autoridades de nuestro país debemos ir incluyendo mayores instancias de protección hacia las víctimas de tales hechos, cuyo daño perpetrado es inconmensurable”, indican los legisladores autores de la moción.
Además, tales ilícitos son cometidos en un contexto de secretismo entre la víctima y el victimario, por lo que cuesta establecer la existencia del delito de un modo instantáneo a su ejecución. Asimismo, dichos delitos se dan en un ambiente familiar y/o escolar, lo que involucra una especial relevancia y sensibilidad, no sólo en la vida familiar de la víctima, sino que también reviste un daño a la generalidad de la comunidad escolar en la cual participa el afectado.
Frente a esto, se propone la incorporación de la comunidad educativa en el proceso de pesquisa y sanción de tales ilícitos. Dicha acción en representación de la comunidad, estará a cargo del establecimiento educacional, que también ve dañada su imagen frente a actos delictuales cometidos en sus dependencias.
Por esto, el proyecto modifica el Código Procesal Penal, estableciéndose que el establecimiento educacional podrá interponer una querella, en representación de su comunidad educativa por los delitos de abusos sexuales contra menores contemplados en los párrafos 6 y 7 del Título VII del Libro segundo del Código Penal.
La iniciativa será analizada por la Comisión de Constitución.
