19 de julio de 2012
Fueron recibidas por el Mineduc en septiembre y octubre del año pasado
Un grupo de abogados de la
Universidad de Chile presentó dos denuncias para que se investigara el
lucro en entidades de educación superior. Sin embargo, la cartera no
realizó gestiones. Esto cuestiona la actuación del Mineduc al respecto,
ya que el titular de la cartera, Harald Beyer, ha señalado que sólo se
puede investigar con denuncias concretas sobre la mesa y éstas ya
existían antes del escándalo de la U. del Mar. De acuerdo a los abogados
denunciantes, esto podría llevar al ministro Beyer a una acusación
constitucional.
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Cada vez que el ministro
Harald Beyer se ha referido a la potestad del Ministerio de Educación
para investigar el lucro en la educación, todo vuelve a lo mismo: esa
cartera necesita denuncias concretas para poder hacerlo y es fundamental
una superintendencia con mayores atribuciones. “En el caso puntal de
una universidad, donde recibimos una denuncia concreta estamos
realizando una auditoría y vamos a seguir trabajando”, señaló Beyer
consultado por el tema y refiriéndose al escándalo en la U. del Mar.
Sin embargo, lo ocurrido con la cuestionada casa de estudios no es la
primera denuncia formal que se presenta en relación al tema. Antes de
ésta, esa cartera tuvo dos peticiones sobre la mesa.
El año pasado se presentaron dos denuncias formales ante el Mineduc. La primera de ellas corresponde
al 2 de septiembre de 2011 (ver documentos). En ella se pidió “proceder
a fiscalizar el cumplimento de la ley que exige a las Universidades
Privadas, creadas a partir del año 1981, funcionar como personas
jurídicas de Derecho Privado sin fines de lucro, y previo cumplimiento
del debido procedimiento, aplicar las sanciones legales que
correspondieren”. Esto en virtud del artículo 64 de la Ley general de
Educación (DFL2 2010). Esta denuncia fue realizada por los académicos de
la Escuela de Derecho de la U. de Chile Carola Canelo, Miguel González y
Joaquin Polit.
Esta primera solicitud de fiscalización buscaba también que se
aplicaran sanciones a las universidades que persigan fines de lucro;
entre ellas, revocarles el reconocimiento oficial o bien cancelar la
personalidad jurídica.
El 25 de junio de este año, estos tres profesores le pidieron una
cuenta al ministro de Educación por no haber fiscalizado. “Lo pedimos
porque es obligación legal del ministro de Educación fiscalizar el
cumplimiento de la ley por parte de las universidades privadas creadas
con posterioridad al año 1981”, explica canelo. “Es grave que el
ministro de Educación no cumpla con sus obligaciones legales”, añade la
abogada, quien enfatiza que de acuerdo al artículo 52 de la
Constitución, “la Cámara de Diputados puede acusar constitucionalmente
al ministro Beyer por no velar en el cumplimiento de la ley en materia
educacional”.
La segunda denuncia corresponde
al 19 de octubre, también del año pasado. Esta acción corresponde a
otro profesor de la escuela de Derecho de la U. de Chile, Eric Palma. En
ella se hace presente que: “Contrariando la normativa legal y
estatutaria se ha configurado el hecho económico del negocio
universitario cuyos rasgos característicos son los siguientes: 1°. Los
miembros del directorio de una universidad participan en la creación de
sociedades mercantiles de todo tipo que prestan servicios a dicha
universidad o le arriendan los inmuebles en los que ella realiza sus
actividades; 2°. Los socios de estas sociedades mercantiles vinculados a
la universidad deciden vender a un tercero sus derechos en dichas
sociedades; 3°. Terceros, ya sea personas jurídicas o naturales chilenas
o extranjeras, compran dichas sociedades y pasan a formar parte de los
miembros de la corporación universitaria con derecho a adoptar
resoluciones que inciden en la marcha de la universidad”. Por ello “ los
profesores y estudiantes firmantes de esta presentación solicitamos del
Ministerio de Educación que investigue y fiscalice las actuaciones de
las universidades Santo Tomás; Universidad de Viña del Mar; Universidad
del Mar; Universidad UNIACC; Universidad Central de Chile; Universidad
de Las Américas; Universidad San Sebastián y Universidad Pedro de
Valdivia por haberse verificado respecto de ellas o intentado verificar,
según informa la prensa, actos calificados como compra y venta y que
son constitutivos del llamado negocio universitario. Ello con el fin de
establecer si los miembros de la corporación universidad han permitido
generar lucro de manera directa o indirecta en favor de sus
controladores realizando alguna o todas las actuaciones descritas en los
fundamentos de hecho de esta presentación, expresadas como decisiones
del directorio respecto de arriendo de inmuebles y contratación de
servicios y cambio de composición de los miembros de la corporación.
Violando con dichas conductas de manera radical sus estatutos por cuanto
dañan su naturaleza jurídica que es precisamente ser instituciones
autorizadas para funcionar como corporaciones sin fines de lucro”.
Entre las diligencias que acompañaban a las denuncias se solicitó,
por ejemplo, que se invitara a declarar a Harald Beyer, entonces
coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), “quien en
declaraciones a la prensa ha señalado que ciertas universidades
pertenecen a holdings, a fin de que ponga en conocimiento del Ministerio
y del CNED la información que le permitió realizar estas afirmaciones”.
Otras de las diligencias requeridas por los abogados eran oficiar al
Comité de Inversiones Extranjeras para que ponga a disposición del
Ministerio y del CNED la información que exista en dicha entidad acerca
de las inversiones realizadas en Chile por la sociedad Laureate, Apollo y
toda sociedad extranjera que haya solicitado realizar inversiones en
Chile en educación superior. También que el Ministerio solicitara a las
universidades identificadas toda la información contable, financiera y
relativa a la administración y gestión de la Universidad que permitiera
realizar una comparación entre la situación anterior a la venta y la
posterior a ella.
