- Alberto Mayol
- Sociólogo y académico Universidad de Chile
El 19 de julio se ha disuelto el Congreso
Nacional en la República de Chile. El siguiente relato ejecuta la
crónica de dicho acontecimiento.
Los caminos de la participación política y
la representación se han construido como rutas separadas. La crisis del
sistema político actual radica justamente en esta brecha. Desde la Ley
de Presupuestos discutida a fines de 2011 (para 2012), la discusión por
la reforma tributaria, los atisbos de reformas políticas, las señales
indicaban que el Congreso Nacional intentaba acortar esa brecha y
retomar la legitimidad cuestionada. Si la participación política podía
ser canalizada, entonces el principio de representación se volvía a
constituir y lo social se aproximaría nuevamente a lo político. La polis
(ciudadanía) y la política volverían a tener algo que ver entre sí. El
punto de encuentro más claro entre la verdad de la sociedad y la verdad
de la política era el
Informe de la Comisión investigadora del funcionamiento de la educación
superior (digamos, la comisión del lucro en las universidades privadas).
En ese extenso informe se daba cuenta de un conjunto de procedimientos
ejecutados por al menos siete universidades privadas cuya orientación es
la obtención de ganancias económicas, contrariando así la ley vigente
en la materia.
El informe es efectivamente muy relevante. Declaran personas clave del funcionamiento del sistema. Entre esas declaraciones está la del director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira, quien hace una apología al lavado de dinero en su declaración. Hito histórico, pues resulta ser la primera vez que un funcionario público de tan alta jerarquía y tan íntimamente relacionado con el control de tan grave delito, revela el completo interés del Estado de Chile de ser receptor de fondos derivados del lavado de dinero.
Esa comisión era el único puente relativamente firme entre lo social y
lo político en el Chile actual. El jueves 19 de julio de 2012 debía
aprobarse en sala el trabajo que había comenzado el 6 de julio de 2011,
cuando 49 diputados solicitaron la creación de la comisión. Un año y
trece días después, el informe de 370 páginas emitido por la comisión,
que da cuenta de hechos delictivos de público conocimiento (y hasta
reconocidos, es decir, confesos), fue rechazado por 45 votos en contra y
una abstención (que se suma a los rechazos), empatando la cifra de 46
votos a favor. Milimétricamente, el informe no fue aprobado. Y los
milímetros en la Cámara de Diputados no resultan del azar. La Cámara no
juega a los dados.
Veintiocho diputados faltaron en sala, un diputado emitió su voto
habiéndose retirado de la sala y su voto fue validado por el presidente
de la Cámara de Diputados, mientras era denunciado (sin éxito) por
nulidad. Las ausencias no son sólo omisiones graves. Es particularmente
evidente que hubo quienes se restaron a pesar de no tener licencia ni
permiso y a sabiendas del impacto que habría de tener: entre quienes no
asistieron y sus votos se esperaban para aprobar la labor de la
comisión, destacan René Alinco, Jorge Burgos y Felipe Harboe. Cualquiera
de ellos que hubiese asistido habría cambiado la historia de esta
sesión.
El corazón de una democracia radica en la distribución de poder. Dado
que el aparato de Estado es una concentración del poder, se busca
compensar ello con la existencia de diversos poderes autónomos. El
Congreso cumple el rol de cuerpo deliberativo, siendo la sala de la
Cámara de Diputados el lugar donde hay mayor contacto, mayor
representación, entre el sistema político y la ciudadanía. Por eso,
cuando la Cámara de Diputados de la República de Chile rechaza un
informe cuyas conclusiones son de sentido común, describiendo que las
universidades privadas sí lucran, no sólo se pone de espaldas a la
realidad, sino que pegan un portazo al interés general de la sociedad,
al respeto cívico y, en el acto, disuelven el Congreso Nacional por
crisis de legitimidad. La sala de la Cámara de Diputados ha dejado de
ser un órgano de representación, no ha impugnado el informe con ninguna
crítica de fondo, simplemente le ha dado vuelta la espalda al trabajo
del propio Congreso por defender intereses particulares.
El informe es efectivamente muy relevante. Declaran personas clave
del funcionamiento del sistema. Entre esas declaraciones está la del
director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira, quien hace
una apología al lavado de dinero en su declaración. Hito histórico, pues
resulta ser la primera vez que un funcionario público de tan alta
jerarquía y tan íntimamente relacionado con el control de tan grave
delito, revela el completo interés del Estado de Chile de ser receptor
de fondos derivados del lavado de dinero. Dice el director del SII:
“desde el punto de vista del fisco de Chile, puede ser muy atractivo que
le hagan cobros sustancialmente superiores a los corrientes en plaza
por el arriendo de un inmueble, etcétera, porque ahí tengo la capacidad
de recaudar” (página 259 del informe).
El Congreso Nacional ha explicitado su carácter, ha revelado las
prácticas que lo han llevado al descrédito, ha mostrado el íntimo
contubernio con los intereses particulares y, ya no el descuido, sino la
violación, del interés general. El Congreso Nacional ha sido disuelto
como tal, no es propio de una república, su único sentido es mantener a
la política secuestrada para satisfacer bolsillos propios y/o ajenos. Lo
primero es miserable, lo segundo es patético. El Congreso Nacional ha
sido disuelto por la propia Cámara de Diputados. El movimiento
estudiantil estuvo dispuesto a transitar por sus pasillos, a hablar en
su comisión, a reunirse con los partidos políticos que les han llamado.
Pero la traición a la sociedad ha aparecido nuevamente en forma de
portazo.
El Congreso Nacional ha sido disuelto. Desde el 19 de julio de 2012
en adelante sus oficinas y sesiones se hacen en el marco del secuestro
permanente de la política chilena, que ha quedado develado.
