El informe de la comisión parlamentaria sobre el
lucro en la educación superior abrió un panorama de insospechados
alcances para la ensimismada política criolla. Lo que era un secreto a
voces, así como razón de los más sentidos problemas de estudiantes y
familias, se torna hecho certificado con su ingreso a las lides
judiciales. Problema mayúsculo para el mal llamado “sistema”
universitario, pues involucra a las instituciones de más matrícula del
rubro y significa un golpe a su ya alicaído prestigio.
No en balde el ministro enmudece. Es que
le pesa su naturaleza tecnocrática, ahora desnuda. Sus planes se ven
interrumpidos por estos accidentes, entorpeciendo la marcha de la “razón
técnica” en que se ampara. De ahí su indisimulada molestia y decisión
de no acusar recibo de los planteamientos estudiantiles. El problema,
para las intenciones “técnicas” del ministro, es que estamos en
democracia. Muy perfectible, claro, pero ajena a las condiciones que el
régimen anterior proveía para el desarrollo de las tareas de los
“técnicos”. Esa coercitiva “tranquilidad”.
Lo que aflora con el enojo del ministro es una contenida incomodidad
tecnocrática con la democracia, con sus impertinentes procedimientos
carentes de “racionalidad”; esos mismos que nosotros acusamos de
cerrados y mezquinos. ¿Qué sería de nuestro ministro en un régimen
parlamentarista y más participativo, en lugar del restrictivo
presidencialismo actual? Menos mal que Guzmán se ocupó de impedirlo,
piensan para sus adentros los desinteresados técnicos.
Es que no basta que Beyer y el propio Presidente repitan que a fines
de los ’80 votaron por el NO, ni es suficiente que ahora marche por los
derechos sexuales. En su conducta tecnócrata hay otro autoritarismo,
otra contradicción con la deliberación y participación de las mayorías.
Una que no corre de la mano de los excesos más horribles, pero que se
conflictúa con la esencia misma de la construcción colectiva del futuro:
la incoherencia que para ello representa librar tal destino a técnicos
cuyas decisiones son, en apariencia, ajenas a la política (léase
descontaminadas).
Con su fría estampa “apolítica”, su arrogante tono de saber incontestable —una brujería superior, al decir de Gramsci—, su imperturbable elusión del debate sustantivo, el discurso tecnocrático naturaliza opciones políticas y económicas, invisibiliza los intereses sociales que están tras ellas, y sustrae tales decisiones de la política abierta. La reduce a una suerte de gestión para entendidos, y con ello “desciudadaniza”, produce un ciudadano espectador, contemplativo de un saber pretendidamente superior y excluyente.
Estas tecnocracias —por igual en éste y anteriores gobiernos—
naturalizan las opciones políticas adoptadas, presentándolas como únicas
posibles en virtud de la razón técnica. Oponérseles, entonces, es
oponerse al bien común. Discutir el modelo económico es oponerse al
desarrollo. Discutir el modelo político es oponerse a la democracia.
Aparece así este patrón de crecimiento como el único modelo de
desarrollo posible; y este régimen político como LA democracia. La
endogámica política que dibujó la transición, a la que se acomodó una
elite concertacionista que hoy “descubre” los malestares, no deja
revisar el modelo político ni económico, ¡en nombre de la democracia y
el desarrollo!
Con su fría estampa “apolítica”, su arrogante tono de saber
incontestable —una brujería superior, al decir de Gramsci—, su
imperturbable elusión del debate sustantivo, el discurso tecnocrático
naturaliza opciones políticas y económicas, invisibiliza los intereses
sociales que están tras ellas, y sustrae tales decisiones de la política
abierta. La reduce a una suerte de gestión para entendidos, y con ello
“desciudadaniza”, produce un ciudadano espectador, contemplativo de un
saber pretendidamente superior y excluyente.
Tecnocracia y democracia, un matrimonio imposible
El trozo de verdad abierta sobre el lucro en la educación superior,
una veta de lumbre en el oscuro mundo de los subsidios estatales a las
grandes ganancias privadas, apunta la linterna al sótano de esta
política y este crecimiento naturalizados como técnicamente infalibles.
Un lucro que pulula en universidades que juran un intragable afán de
contribución altruista al conocimiento, en base al sacrificio de
capitales privados.
Aunque no rebasa el tema educacional, es también un golpe al
secuestro de los asuntos “públicos”. Un golpe a uno de los modos de
dominación más efectivos que cobijó la trillada “gobernabilidad
democrática” todos estos años, bajo el silencio cómplice de Montescos y
Capuletos. Ese despliegue de un saber administrativo e instrumental que
debilitó la capacidad político-cultural de redefinir lo posible y lo
deseable, sufre ahora un golpe a sus bases de legitimación.
Pero la democracia instala la voluntad popular como principio rector
del orden. No avala ninguna autoridad como portadora exclusiva de la
verdad, por eso permite a la sociedad organizarse bajo el principio de
la soberanía popular y de la mayoría. Ello separa la legitimidad de la
autoridad y las leyes de pretensiones de verdad absoluta. Y esto vale
para la dirección y sus recursos técnicos, su razón inexpugnable de la
eficiencia y eficacia, en fin, para la pretendida autonomía de la
racionalidad instrumental sobre la sociedad.
Su monopolio de la modernidad es otra falacia. Ésta irrumpió con la
promesa del progreso y la razón, pero la tecnocracia lo ha torcido,
desplazando los problemas sustantivos por los operativos. Es que la
tecnocracia es un grupo que se integra a la elite del poder, pero su
acceso a ella se fundamenta en argumentos “técnicos”, no políticos. Así
su poder no apela a una aceptación deliberada de los subalternos sino a
una “verdad” que está por sobre ello. La tecnocracia apela a que no se
pueda decidir si estar o no de acuerdo, sólo apreciar el resultado que
operativamente indica la “razón”.
Esta insalvable distancia entre democracia y tecnocracia, entrampada
en nuestro país por más de veinte años a favor de la segunda, indica más
bien que ésta última es —en tanto anulación de la posibilidad de que
sean los individuos los que construyan su historia— una prolongación del
autoritarismo, que frena la construcción de la democracia. No es, pues,
con más tecnocracia como podremos mejorar nuestros asuntos, ahora la
educación superior, mañana la salud y hasta nuestros mismos modos de
vida.
Pero el destape del lucro en la educación es indicativo de un dilema
aún más complejo, frente al cual la política tiene sólo dos salidas:
callar o cambiar. Echarle tierra a lo hallado es pan para hoy y hambre
para mañana; aunque los cálculos de corto plazo parecen pulular. Por el
contrario, continuar la investigación, legislativa y judicial, es
alumbrar no sólo la colusión de la política ante estos hechos, sino
develar las formas y grados de acumulación privada que han sido
estimulados por la subvención estatal, develando poco de emprendimiento y
harto de rentismo pasivo sobre los hombros del financiamiento que toda
la sociedad provee al Estado.
La encrucijada tiene pocos escapes, si es que los hay ante las
fuerzas sociales constituidas como protagonistas de la situación. La
verdad quiere cetro, reclama el poeta. La mentira puede correr cien
años, que la verdad la alcanza en un día, anota la sabiduría popular. Si
éstos son aún los tiempos de la ilusión tecnocrática, la mudez de
nuestro ministro parece indicar que algo no anda igual que antes.
