por Claudia Urquieta Ch.
Difícil que un país como Chile, donde la
cultura del secretismo se encuentra inserta en el ADN político y
empresarial, la corporación presidida por Alejandro Ferreiro no genere
anticuerpos. Cancillería rechaza tajantemente entregar nombres y sueldos
de algunos abogados ligados al caso en La Haya. La entrega de los
correos electrónicos institucionales es otro zapato chino para el
gobierno, que incluso recurrió al TC. Pero los intentos por frenar la
labor de la institución van más allá: el Consejo de Defensa del Estado
(CDE) incluso propuso en el Congreso, donde se discute la modificación
de la Ley de Transparencia, quedar excluido de la normativa en casos de
solicitud de información vinculada a los juicios en que es parte.