La novena marcha para impedir una carretera en un parque natural sufre el acoso del Gobierno
“Aquí no van a entrar esos mulas, caras de llama”, gritan partidarios del presidente Morales
Existen leyes contra la discriminación a los indígenas, pero no se han aplicado
Mabel Azcui
Cochabamba
14 JUN 2012 - 12:04 CET
Indígenas de la etnia Mallku Kota, durante una protesta en La Paz el pasado 7 de junio. / Juan Karita (AP)
Pese a haber sufrido las peores expresiones de racismo a su paso por
varios poblados del norte amazónico boliviano, una novena marcha
indígena avanza lentamente, por el agobio de la altura, hacia La Paz.
Van a defender ante el Gobierno su “casa grande”, un parque nacional,
que continúa bajo la amenaza de quedar dividido por la construcción de
una carretera. Le queda unos diez días de ascenso a las cumbres andinas,
a más de 4.500 metros, para llegar a la sede de Gobierno en medio de
una adversa campaña oficial de descrédito y desprestigio.
“La columna ha sido atropellada, de palabra y hecho, por personas que
siguen al Gobierno, pero nosotros nunca vamos a responder a las
agresiones. Siempre mostramos nuestra vocación de disciplina y respeto”,
afirma el presidente de la Confederación Indígena del Oriente (CIDOB),
Adolfo Chávez, que encabeza la columna.
Atrás ha quedado San Ignacio de Moxos. Son muchos los kilómetros que
ya les separan, pero todavía resuena en los oídos de los caminantes las
amenazas vertidas por los dirigentes de organizaciones vecinales y
sindicales de este pueblo, el más indígena de la región, fundado durante
la Conquista. “Que se atrevan a pasar por aquí, les vamos a reventar”;
“si los agarramos, los vamos a colgar”; “aquí no van a entrar estas
mulas, caras de llama, vayan por donde les hemos indicado”. Son algunos
de los gritos exaltados de vecinos y dirigentes de organizaciones sociales afines al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS),
que han expresado su apoyo a la iniciativa presidencial de construir un
camino entre Beni y Cochabamba por medio del Territorio Indígena del
Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Los más vehementes defensores del proyecto son una parte de los
ganaderos, de los comerciantes y transportistas que, con financiación
brasileña, se han asentado en el lugar tras emigrar del altiplano.
Grupos radicales cerraron las calles de acceso al centro de San
Ignacio con alambres de espinos, utilizados por los ganaderos para
delimitar sus pastizales, para impedir a los indígenas que pasaran por
el pueblo.
La imagen del alambre ha puesto en evidencia un retroceso de siglos
“cuando al indio le estaba negado su ingreso a la plaza y su tránsito
por las calles en los espacios urbanos”, ha señalado el sociólogo
beniano Ismael Guzmán. “La historia de la lucha por la tierra en Beni
está marcada por el alambre de púa: el trazo de cada nuevo alambrado
significaba una nueva pérdida por la vía del despojo” para los
originarios.
En Bolivia está vigente una ley contra la discriminación y el racismo
que castiga este tipo de expresiones, pero, aparentemente no se han
iniciado acciones de oficio en este caso.
En la localidad de Yucumo, los indígenas tuvieron que pasar por las
calles en silencio y de madrugada para no molestar a los vecinos. Allí,
los sindicatos cocaleros y campesinos apoyan el proyecto del TIPNIS.
Los insultos han sido recogidos y transcritos en un documento de
denuncia, elaborado por la columna de caminantes, para expresar “cuán
desamparados” se sintieron ante “el abuso y la prepotencia de las
autoridades, entre estas el alcalde Basilio Nolvani, que convocó con
carácter obligatorio a todos los funcionarios públicos (para) cercar y
bloquear el paso de la marcha”.
“La CIDOB va a plantear una demanda cuando acabe la novena marcha,
pero no esperamos nada. Qué podemos esperar si dentro de la estructura
misma del Estado se desconoce la ley, se impulsa el racismo. El racismo
se ha ahondado en el país incitado desde las filas del propio gobierno”,
dice Chávez y con un dejo de resignación hace notar que “el ministerio
público y los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo están cooptados”
por el partido gubernamental.
Muy diferente ha sido la reacción de la Fiscalía General, que ha
encausado a la exprefecta de Chuquisaca, la quechua Sabina Cuéllar, al
destituido alcalde Jaime Barrón y a perseguidos líderes de
organizaciones civiles acusados todos de encabezar, en mayo de 2007, una
deplorable muestra de racismo contra campesinos, supuestamente
oficialistas, a quienes castigaron en la plaza de armas de Sucre y que
se derivó en una condena general. El proceso no ha concluido y los
presuntos autores tienen libertades restringidas.
Los indígenas llevan más de 45 días por los caminos de tierra. Han
soportado intensas lluvias que les ha obligado a andar descalzos en el
lodo, pero en el tiempo transcurrido hubo alegrías: aumentó la familia
con el nacimiento de unos mellizos y otro niño varón, atendidos primero
en los campamentos y trasladados después a centros médicos.
Esta es la novena marcha de indígenas para reclamar en La Paz la paralización del proyecto TIPNIS. Las anteriores derivaron en duros enfrentamientos con la policía del presidente indígena Evo Morales.
El apoyo de los vecinos a la causa de los indígenas fue claro y
contundente en Caranavi, pese a que los cocaleros, los sindicatos
campesinos y de mujeres campesinas intentaron cerrar el paso a los
marchistas para impedir su ingreso a la ciudad. Tras algunas
escaramuzas, golpes y discusiones, los vecinos escoltaron a la columna
hasta el alojamiento que prepararon para recibirlos y protegerlos hasta
su partida hacia La Paz.
