Publicado: 19.06.2012
La
Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que fiscaliza el lucro
en la educación superior ya tiene listo su informe final. CIPER accedió
a las conclusiones del documento, donde los parlamentarios acusan que
el Mineduc pasó décadas sin fiscalizar a las universidades “quebrantando
con ello la fe pública en el Estado como garante de una educación de
calidad para sus ciudadanos”. El reporte agrega: “analizados todos los
antecedentes, esta Comisión concluye que no sólo existe lucro en la
educación superior, sino que además, todo el marco normativo que regula
el sistema no funciona”.
No solo hay universidades que demostradamente lucran; tan importante
como eso es que ese lucro se ha hecho y se hace gracias a que el aparato
fiscal renunció a fiscalizar y a hacer cumplir la ley que expresamente
lo prohíbe. Estas son las dos principales acusaciones que contiene el
informe que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el
“Funcionamiento de la Educación Superior”, presidida por la diputada
Alejandra Sepúlveda, preparó luego de 24 sesiones y después de recibir
–desde su creación en agosto de 2011– a más de 70 invitados entre los
que no se contó ninguna universidad privada, no porque no las hayan
invitado, sino que porque prefirieron no participar.
El informe, que será dado a conocer en las próximas horas y cuyas conclusiones CIPER adelanta en este artículo (ver conclusiones de los parlamentarios),
recoge los casos de la venta a inversionistas internacionales de las
universidades Las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, Santo Tomás y
Uniacc. El documento también describe las estructuras societarias que
hay detrás de la Universidad del Desarrollo y la Universidad del Mar,
explicando que se trata de una arquitectura de “sociedades espejo” a
través de las cuales se puede trasgredir la prohibición expresa de que
las universidades no deben lucrar.
Junto
con eso, la Comisión acusa la indolencia con que ha actuado el Fisco
frente al negocio de las instituciones de educación superior. Esta
“industria”, como la llama el informe, funciona “cuasi totalmente
desregulada” y tuvo en 2009 “un volumen de negocio del orden de 2,4% del
PIB ($2,4 billones, de los cuales las familias financiaron $1,6
billones)”.
La desregulación de la industria, señalan los diputados, se debe
esencialmente a la desaparición del Fisco como ente fiscalizador. La
Comisión precisa que durante los 30 años que lleva de existencia el
sistema de educación superior privado, ni el Ministerio de Educación ni
la División Superior de Educación ni la Comisión Nacional de
Acreditación han realizado “alguna fiscalización, auditoría o simple
revisión en orden a determinar la existencia de fines de lucro en alguna
de las instituciones que han lucrado con ventas millonarias o bien han
dado a conocer lo ventajoso del negocio de la educación superior a
través de estudios académicos, publicaciones y reportajes de
investigación”.
En ese punto el informe se refiere, entre otros casos, a dos ventas
de universidades que se difundieron públicamente: la compra que hizo en
2000 la empresa norteamericana Sylvan International Universities que
adquirió la Universidad de Las Américas (UDLA) en US$ 26 millones; y la
compra que la misma Sylvan – hoy se llama Laureate International- hizo
en 2003, al adquirir el 80% de la Universidad Nacional Andrés Bello
(UNAB) en US$ 37 millones.
Ambas transacciones fueron comentadas en los medios de comunicación y
Laureate las describió como “compras” y “adquisiciones” en sus informes
ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, la
agencia que tiene la responsabilidad principal de regular y hacer
cumplir las leyes federales de valores (vea el reporte de Sylvan por la compra de UDLA en la página 17 y la compra de la UNAB en la página 49).
Ambos reportes han estado disponibles en la web, sin que el
Ministerio de Educación, durante casi una década los haya mirado para
pedir explicaciones respecto a cómo se vende y genera utilidades algo
que según la ley no tiene lucro.
¿POR QUÉ NO INVESTIGARON?
En un reportaje de agosto de 2011
CIPER consultó a cuatro ex ministros de Educación de los gobiernos de
la Concertación que estuvieron en ejercicio cuando estos balances
estaban disponibles. ¿Por qué no investigaron?
Mariana Aylwin, ministra entre el año 2000 y 2003, señaló: “No es que
no hayamos sabido que eso existió, yo creo que todos saben que existió,
lo que pasa es que se ajustaba a la ley. Además, la información que
llega al Ministerio se refiere a los cambios de estatutos, y aquí lo que
hubo fue un cambio de socios. Y no hay en la legislación vigente la
obligación de que se informe eso al ministerio. Es un tema muy difícil
de fiscalizar, porque en rigor los traspasos que se hicieron cumplieron
con la ley. No hubo retiro de excedentes sino que hubo cambio de socios,
y la verdad es que en ese momento nuestra preocupación fundamental
tenía que ver con crear un sistema de acreditación que resguardara la
calidad”.
Sergio Bitar, jefe de la cartera entre el 2003 y 2005, afirmó: “En
los análisis que hicimos no había forma legal de contener aquello. Hice
varias denuncias públicas que había que detener esto porque estaba
violando el espíritu de la ley. Incluso en un momento pensamos en hacer
alguna acción judicial. Pero en ese tiempo la preocupación era la ley de
acreditación de calidad y ampliar el acceso de los jóvenes a las
universidades”. Y concluye: “No había bases legales para poder actuar,
no había mucho sustento si no cambiábamos las leyes.”
Martín Zilic, quien asumió el 11 de marzo de 2006 y solo estuvo
cuatro meses en el cargo, dijo que se reunió con todos los rectores de
las universidades privadas para explicarles que “había que hacer un
cambio de la legislación, porque hoy se estaba torciendo y trasgrediendo
la ley en una forma legal. Hoy día sigue así. Esto no sólo le compete
al ministerio, cualquier persona podría haber ido a los tribunales de
justicia y haber dicho ‘mire sabe que…’ El problema es que la forma como
se hace está muy bien pensada para evadir la ley”.
Yasna Provoste, quien estuvo dos años en esa cartera desde 2006,
comentó: “Lo más probable es que esto haya quedado radicado en la
División de Educación Superior y por lo menos a mí en ese momento no se
me comentó nada. Además, durante mi período nosotros estuvimos radicados
una buena parte de nuestro tiempo a la reforma legislativa en el
Parlamento, producto de la derogación de la LOCE, entonces yo por lo
menos no tuve conocimiento. Ni el jefe de la División de Educación
Superior ni la subsecretaria me informaron porque tú comprenderás que el
ministro no está viendo por Internet las cosas. No son esos sus canales
de información habituales”.
Las explicaciones de los ministros son enfrentadas y contradichas por
el informe de la comisión parlamentaria que insiste en que existan
normas para fiscalizar el lucro y que esa responsabilidad recaía sobre
los ministros de educación. “En opinión de la Contraloría y del
ministerio de Justicia y de esta comisión investigadora corresponde al
Mineduc ejercer este control”, dice el informe.
Pero
el reclamo parlamentario no se detiene ahí: también se afirma que el
Mineduc falló en exigir antecedentes a las instituciones para la
transparencia del sistema. “El Mineduc no ha ejercido sus funciones
legales en relación a solicitar, entre otros, los antecedentes a las
instituciones de educación superior que deben entregar para la
transparencia del sistema, por ejemplo, respecto a los conflictos de
interés existentes y denunciados de los miembros de la Comisión
Nacional de Acreditación, de las agencias acreditadoras, de la omisión
de antecedentes de las dotaciones académicas, de sus recursos
financieros, de infraestructura, de sus balances o de cuestiones
relativas a publicidad engañosa”.
Los diputados agregan en su informe: “Esta Comisión Investigadora,
una vez analizados los antecedentes y escuchados los planteamientos del
Contralor General de la República, al Ministro de Justicia así como
expertos en la materia, se formó la convicción que conforme a la ley y
normativa vigente, es responsabilidad del Ministerio de Educación
garantizar el correcto funcionamiento del sistema de educación superior
en Chile, responsabilidad que no ha ejercido quebrantando con ello la fe
pública en el sistema de educación superior y en el Estado como garante
de una educación de calidad para sus ciudadanos y ciudadanas”.
LAS CRÍTICAS AL DISEÑO DEL SISTEMA
El abandono de las facultades fiscalizadoras produjo que se viera
frustrada una gran oportunidad para el país. Según describe el informe,
mientras se producía una “formidable expansión virtual de la
universalización de la cobertura de la educación superior…” también
creció el número de jóvenes endeudados “con títulos universitarios de
muy bajo valor en el mercado laboral que no logran compensar el esfuerzo
realizado hipotecando así la vida laboral de los jóvenes y sus familias
que apostaron por una educación superior que respondiera a una anhelada
movilidad social, lo que termina generando un sentimiento de
frustración, impotencia y rabia”.
En las críticas al diseño general, la comisión repara también en una
de las grandes paradojas del sistema chileno: a los jóvenes pobres el
Estado no les dio una beca para estudiar, sino que optó por endeudarlos.
“Las becas no son para los alumnos que más las necesitan, pues no
cumplen con las exigencias de los 550 puntos en la PSU”. Por ello, el
14% del primer quintil (los más pobres) acceden a la PSU mientras que el
42% de los que tienen CAE son de ese quintil.
Esta
constatación lleva a la comisión a sostener que la vía de solución pasa
por hacer que el Estado haga su tarea. “El Estado ha tenido y tiene una
responsabilidad ineludible en la creación de un mercado de la educación
superior privada sin regulación, transgrediendo los principios de
calidad, equidad, responsabilidad, integración y transparencia, todos
ellos inspiradores del sistema educativo chileno, según la Ley General
de Educación”.
Aunque no están contenidas en el documento al que tuvo acceso CIPER,
el informe de la Comisión incluye cerca de 50 propuestas para “modificar
sustantivamente” el sistema de educación superior, “de modo tal que se
le pueda garantizar a todos nuestros jóvenes una educación superior de
calidad, a costos razonables de financiamiento mixto y dónde no haya
joven en Chile con capacidad y deseos de estudiar que quede fuera del
sistema por falta de recursos para ello”. El detalle de esas propuestas
debería conocerse en cuanto la Cámara haga público el informe íntegro en
las próximas horas.
El texto cierra con una petición al gobierno que a la vez es un
desafío: “Antes de seguir con las tramitaciones de los proyectos de ley
que el gobierno está enviando a este Congreso y, a la luz de 30 años de
vigencia de un sistema de educación superior que está demostrando sus
deficiencias, abusos e inequidades, solicitamos al gobierno que suspenda
la tramitación de los proyectos de ley que están en el Congreso por un
período de 60 días y que, en el mismo plazo, entregue su posición formal
a cada una de estas propuestas y toda su batería de medidas y de
proyectos de ley destinados a mejorar el sistema de educación superior
para el Chile del mañana”.
