Opinión
Publicado: 25.06.2012
Todo lo que se informará a la audiencia está respaldado por documentos públicos.
1) Recordemos que en el año 1981 se modificó el sistema de previsión en Chile, creándose las AFP.
2) En septiembre de 1979, el Gobierno, no sabemos si en forma directa
o a través de una licitación pública, le vendió derechos, hasta ahora
desconocidos, que tenía la ex Caja de Previsión de Empleados
Particulares en las Sociedades Constructoras de Viviendas Económicas Uno
y Cinco, a las empresas privadas Neut Latour y Edmundo Pérez, Sociedad
Colectiva.
3) No conocemos el monto de la transacción comercial, pero sí sabemos
que los compradores no pagaron el servicio de la deuda por mucho
tiempo. En todo caso, la venta se escrituró en cuotas, venciendo la
primera en marzo de 1983. Por la morosidad de los privados la ex entidad
previsional interpuso una demanda, embargándose los inmuebles de
propiedad de Egeco S.A., continuadora de las anteriores.
4) Se llegó a un acuerdo entre las partes y en mayo de 1983 esa
empresa privada constituyó una primera hipoteca a favor de la referida
Caja de Previsión y se obligó a no grabar ni enajenar una serie de
inmuebles, correspondientes a unas 500 hectáreas aproximadamente.
5) En junio de 1984, como la morosidad continuaba, las partes
suscribieron una Transacción Extrajudicial en la que repactaron el plazo
y condiciones de pago.
7) En agosto de 1993 el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN)
declara Santuario de la Naturaleza los sectores A1 y A2 del campo dunar
de la Punta de Concón, decreto supremo que no fue publicado en el Diario
Oficial por presiones ejercidas por los dueños de esos territorios, las
que fueron acogidas por el Instituto de Normalización Provisional
(INP), heredero de la deuda contraída por Reconsa y Egeco. El INP lo
aceptó a pesar del sólido informe en derecho (fechado el 2 de marzo de
1994) del abogado asesor jurídico del CMN, quien fundadamente se opuso a
esa pretensión.
8) El 9 de marzo de 1994 se modifica ese decreto supremo, protegiéndose sólo 12 hectáreas de las 50 inicialmente consideradas.
9) En febrero de 2005 publicamos en el diario electrónico El Mostrador
la columna “Devastación territorial y ambiental en la V Región”,
aludiendo a la mala práctica reseñada, con datos entregados á nosotros
por una arquitecta. Este completísimo artículo no produjo ningún efecto.
10) Con la documentación que teníamos, formulamos una serie de
preguntas al director nacional del INP, autoridad que mantenía su
posición en orden a resguardar el interés de los privados, aunque con el
justificativo de que con esas garantías hipotecarias se defendía el
interés fiscal por la deuda ya identificada, criterio que en 1994 el
asesor jurídico del CMN había desvirtuado. Claro que ese funcionario del
INP nunca aludió a la pésima conducta de pago de ambas empresas
privadas.
11) El 26 de diciembre de 2006, el CMN aumenta el Santuario de la
Naturaleza de las dunas a 19, 5 hectáreas en Concón y 2,3 hectáreas en
Viña del Mar.
12) El año pasado y gracias al emergente movimiento ciudadano Duna
Libre, que dirige María José Aguirre, se puso en el tapete público esta
pérdida patrimonial y nuestra fundación apoyó sin reservas la posible
recuperación del santuario.
13) Para ello, conforme a la Ley de Transparencia, quisimos conocer
el desarrollo de los hechos originados con la mencionada venta de
derechos realizada en 1979 por parte del gobierno de la época a esas
empresas privadas. Nos encontramos con otras sorpresas.
14) En efecto, en marzo de 2012 el Instituto de Previsión Social
(IPS), continuador del INP, adujo que no tenía la escritura pública de
1979 (sic), en donde se establecieron las condiciones de la venta de
esos misteriosos derechos a las empresas señaladas en el punto 2).
15) En abril de 2012, en atención a las millonarias deudas (estamos
hablando de varios millones de dólares), le pedimos al Consejo de
Defensa del Estado (CDE) una investigación de los hechos, debido a que
en transacciones extrajudiciales, entre el IPS y los deudores, se
condonaron los intereses de la abultada deuda original, a pesar de que
esos intereses estaban acordados.
16) En mayo de 2012 el CDE nos respondió -sin conocer la escritura
pública de 1979 y sin aludir al informe en derecho del asesor jurídico
del CMN que rechazó la posición del INP en 1994- que no hay mérito para
iniciar acciones judiciales. Ante esto, nosotros insistimos ahora en el
IPS para que nos entregue copia de la escritura pública del 24 de
septiembre de 1979, ya que, conociéndose este documento, se podrá saber
en qué condiciones el gobierno de esa época vendió a esos privados los
derechos que una institución previsional del Estado tenía en las
Sociedades Constructoras de Viviendas Económicas Empart Número Uno y
Cinco.
17) En esta nueva solicitud,
le exigimos al IPS que recurriera al Archivo Judicial para que nos
entregara esa escritura pública, dejándose una copia para ellos mismos.
Nuestra copia será suministrada al CDE para que investigue todo este
dudoso proceso.
18) Ahora esperamos que las instituciones puedan funcionar para
recuperar este año toda la superficie del santuario original y, en tal
sentido, el Servicio de la Biodiversidad del Ministerio del Medio
Ambiente tendrá que actuar con celeridad, aprovechando la vigencia del
congelamiento de los permisos de edificación vigentes para la zona que
nos preocupa.
19) Aunque lo más cómodo es no indagar los deplorables hechos
pasados, sobre todo lo concerniente a la millonaria condonación de
intereses por la deuda morosa, más todavía teniendo en cuenta el
reciente perdonazo del SII a Johnson´s, sería más que razonable la
conformación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados
para que se conozcan en detalle los fines perseguidos con la reducción
del santuario y las curiosas e innumerables transacciones
extrajudiciales entre el Estado y los privados.
20) En aras de la transparencia, de la cual tanto se pregona, tengo
la mejor predisposición para entregar a los parlamentarios, abogados o
interesados en conocer mayores detalles de este largo episodio, la
documentación puntual que me soliciten, inmediatamente después del
término de este seminario.
21) En todo caso, todos los documentos que forman parte del dossier
que tengo en mi poder y que respaldan esta exposición, estarán a
disposición de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, si
ésta se llegara a conformar, para que sus integrantes fiscalicen a los
funcionarios de la administración del Estado que intervinieron en esta
habilidosa operación mercantil que significó un menoscabo a la
naturaleza de la V Región.