3 de Mayo de 2012
El análisis en cuestión
concluye que “la efervescencia social del año 2011, fue enfrentada por
la Prefectura de Fuerzas Especiales (FF.EE), con medios y elementos de
apoyo limitados en cuanto a uso y disposición de vehículos lanza agua.
Esta condición limitante significó exigir tanto a los medios logísticos
como sistemas de apoyo técnico y mecánico, un constante desgaste
adicional”.
El miércoles 25 de abril la
primera gran manifestación estudiantil de 2012 convocó a más de 50 mil
personas, marcando la pauta para lo que podría ser un nuevo año de
masivas movilizaciones.
Una mala noticia para el Gobierno. Y también para Carabineros, que al
parecer se está preparando para los eventuales eventos. Al menos así se
desprende de la adquisición a través de trato directo por más de 5
millones de euros (€ 5.148.900) para adquirir 10 carros lanza agua a
través de una orden de compra publicada en el portal de Compras Públicas Chile Compra,
dos días después de la manifestación estudiantil, el 27 de abril.
Compra que fue aprobada por la institución el 17 de abril a través de la
resolución 134.
Carabineros justifica esta compra en base al “análisis situacional de vehículos lanza agua Zona Metropolitana 2011” citado en la resolución Nº 205 emitida
por la Dirección Nacional de Logística de la institución -que ya no es
posible ver en Chile Compra- que autoriza un trato directo con la
Empresa Comercial Pirecsa Limitada, representante en Chile de la empresa
Rosenbauer International AG.
El análisis en cuestión concluye que “la efervescencia social del año
2011, fue enfrentada por la Prefectura de Fuerzas Especiales (FF.EE),
con medios y elementos de apoyo limitados en cuanto a uso y disposición
de vehículos lanza agua. Esta condición limitante significó exigir tanto
a los medios logísticos como sistemas de apoyo técnico y mecánico, un
constante desgaste adicional”.
Además, el informe expone que las manifestaciones congregaron a “más de 2 millones de personas,
situación significativamente superior a los registros de los últimos 10
años”. Por otro lado “las características de las marchas y en especial
el comportamiento de los grupos violentistas, representó una variable de
violencia y agresividad de la cual no se tenía registro, obligando
inclusive a variar las tácticas y operaciones de control de orden
público, que sufrieron modificaciones importantes relacionadas
principalmente a la seguridad del personal y de los medios de apoyo”.
Se señala también que luego de 7 meses de “exigencias técnicas
permanentes, el antiguo y casi obsoleto parque vehicular de lanzaaguas,
se ha visto dramáticamente reducido al 50%, es decir un total de 10
lanza agua destinados a la operación en la Zona Metropolitana y apoyo a
otras prefectura del país, sólo 5 se encuentra operativos”.
Por lo tanto, existe una “disminución de las capacidades operativas
de los servicios” que debe prestar carabineros. El análisis, en su
proyección de 2012, indica que “de continuar las símiles condiciones de
estado mecánico de los vehículos que restan- o sea los 5 aún operativos–
no podrán satisfacer las necesidades operativas proyectadas”.
Todo lo anterior, habría derivado en que “en numerosas oportunidades
las secciones de Carabineros no tuvieron más opción que hacer uso de
granadas de mano y bastón de servicio a modo de defensa”. Esta
situación, según el análisis de la Prefectura de Fuerzas Especiales,
habría impulsado el uso de mayor número de bombas lacrimógenas y que las
operaciones de control de un sector se extendieran a más de cinco
horas, lo que generaba además “daño importante a la propiedad pública y
privada, situación que genera la crítica de la ciudadanía al observarse
comprometidas las capacidades de Carabineros para cumplir eficientemente
con su labor Constitucional”.
