Toma Carmela Carvajal El fallo favorable de la Corte de Apelaciones no significó nada para las nueve alumnas del Carmela Carvajal expulsadas en 2011. El dictamen estableció que las jóvenes habían sido echadas arbitrariamente y que debían ser reincorporadas, pero el alcalde Labbé decidió ir hasta el final en la pelea con las alumnas. Asesorado por el estudio Carey & Allende, el colegio anunció que apelará ante la Suprema. El pronunciamiento puede demorar dos meses. Si vuelve a favorecer a las muchachas, no importa: ya habrán perdido el semestre. “Es un problema que tienen que resolver ellas por haberse metido en estas conductas”, dijo el alcalde.
Ayer por la tarde, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó por medio de un contundente fallo el reintegro inmediato de nueve alumnas del Liceo Carmela Carvajal de Providencia (A-44). A todas ellas se les canceló la matrícula para el año 2012 por haber participado en la toma del establecimiento durante las masivas movilizaciones estudiantiles que se desarrollaron el año pasado exigiendo profundas reformas a la educación en Chile.
El fallo de ayer, que fue la respuesta judicial al recurso de protección que las nueve alumnas y sus padres presentaron al verse impedidas de seguir cursando sus estudios en dicho liceo por orden del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, se suma a una docena de dictámenes de las Cortes de todo Chile que rechazan las expulsiones ligadas a las manifestaciones estudiantiles de 2011 y que fueron dados a conocer en un reportaje de CIPER a principios de este año.
En la parte medular del dictamen de la Corte de Apelaciones sobre el caso de las niñas del Liceo Carmela Carvajal de Prat, el tribunal plantea lo siguiente: “Esta Corte estima que lo obrado por la recurrida, Liceo A- 44 Carmela Carvajal de Prat, ha resultado desproporcionado, revistiendo su actuación visos de arbitrariedad, lo cual importa conculcar la garantía contenida en inciso 4° del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República (…)”. (Aquí puede ver el fallo)
En otra parte de la sentencia, se señala: “Estos sentenciadores no han logrado adquirir la convicción de que en los procesos que motivaron las sanciones aplicadas, se haya respetado a cabalidad el debido proceso, toda vez que se advierte que no existió una investigación de los hechos, sino que una citación para comunicar una decisión adoptada y de la que sólo alzarse, sin haber existido un proceso en el que se indagaran las situaciones fácticas y la posibilidad de que las recurridas formularan sus descargos”.
Entre las alumnas expulsadas y que han sido beneficiadas con la resolución, figura Scarlett Bravo, una de las voceras del movimiento estudiantil del Liceo Carmela Carvajal, cuya historia fue relatada por CIPER en el reportaje “Masivas expulsiones de líderes estudiantiles en liceos de Ñuñoa y Providencia”.
-Este fallo yo no lo tomo como un triunfo, sino como un mero acto de justicia que viene a enmendar una arbitrariedad que le ha provocado mucho daño a nuestra hija y a sus ocho compañeras, el que incluye la dilación que ha tenido este juicio provocada por los abogados del estudio “Carey & Allende”, a los que contrató la Corporación Municipal de Providencia, y que recurrieron a todo tipo de artimañas para dilatar el pronunciamiento –dijo a CIPER, Moisés Bravo, padre de Scarlett.
Lo que Moisés Bravo ni ninguno de los padres sabían sabía era que el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago no les abriría las puertas del Liceo Carmela Carvajal a sus hijas, como lo establece expresamente. Ayer, Bravo se comunicó con la directora del Liceo, Rosa Lidia del Valle, quien le respondió que no tenía ninguna información del dictamen judicial y que no lo podían recibir sin antes pedir una instrucción expresa para ello. Esta mañana, ya con el fallo hecho público, fue hasta el establecimiento junto a los otros padres para matricular a sus hijas, pero a pesar de la orden judicial, las puertas del liceo de excelencia permanecieron –y seguirán estando– cerradas.

EL CONTRAGOLPE DEL MUNICIPIO

Moisés Bravo asegura que el primer día de clases, la directora del liceo habló con él y los papás de las otras niñas expulsadas y les dijo que si la Corte de Apelaciones estipulaba que las jóvenes debían ser reincorporadas, ella lo haría de inmediato. Mientras esperaba esa resolución judicial, Bravo matriculó transitoriamente a su hija Scarlett en un liceo de La Florida, donde cursaría el tercer año de enseñanza media hasta que la Corte de Apelaciones ordenara al establecimiento de Providencia integrarla nuevamente. Tres de las nueve estudiantes expulsadas se habían negado a matricularse en cualquier otro establecimiento a la espera de que el tribunal ordenara su reintegración. Como esa orden se emitió ayer, esta mañana fueron hasta el recinto de Avenida Italia.
-Hoy fuimos al Liceo Carmela Carvajal para matricular a las niñas, pero la directora no nos permitió el ingreso. Conversó con nuestro abogado, Cristián Zuñiga, y le manifestó que por orden de la Corporación Municipal, que al final es por orden de Labbé, porque él es su presidente, no se iba a respetar el fallo porque iban a apelar a la Corte Suprema –cuenta el padre de Scarlett, la niña que se mudó desde la IXª Región exclusivamente para estudiar en el liceo de Providencia y que en 2010 fue galardonada con la Medalla al Mérito Carmeliano, un reconocimiento que el colegio municipal hace a sus alumnas por su compromiso con la institución.
Aunque resulta extraño después de haber tomado una posición tan confrontacional contra los estudiantes que participaron en las tomas que se realizaron el año pasado en los colegios de Providencia, la versión oficial del municipio es que el alcalde Cristián Labbé no tuvo injerencia en la decisión de apelar el fallo ante la Corte Suprema. Según comunicó a CIPER la alcaldía, la decisión de no respetar el dictamen y acudir al máximo tribunal la tomó la directora Rosa Lidia del Valle aconsejada por el asesor jurídico de la Corporación Municipal, Eduardo Vásquez. Esta mañana, el edil fue consultado en Radio Cooperativa sobre la negativa por parte de Del Valle a recibir a las alumnas, contrariando una orden judicial. En ese sentido, Labbé dijo que le “llama la atención que se haga tanto revuelo con un fallo de primera instancia, en circunstancias que a la Corporación aún le queda la instancia de apelar ante la Suprema”.
Cuando se le preguntó si consideraba justo o no que se mantuviera a las alumnas durante un mes y medio sin clases, Labbé agregó: “Es un problema que tienen que preguntarles a ellas por haberse metido en estas conductas. ¿Por qué no se matriculan en otro colegio? Si ellas están usando el camino de la apelación, tendrán que tomar los costos que ello implica”.
Los dichos del alcalde, a juicio de Bravo, demuestran que la estrategia que las autoridades del municipio están aplicando pretende dilatar el proceso para que las niñas al final se matriculen en otros colegios. El padre asegura que desde que interpusieron el recurso de protección, los abogados del colegio han extendido los plazos y entregado los antecedentes a último minuto, y que muchos de ellos han sido falsos, como los referidos a la conducta de las jóvenes y a sus calificaciones.
-Nosotros como padres tenemos que resguardar sus estudios, y si esto se dilata en el tiempo, evidentemente que vamos a tener que buscar otros establecimientos –dice Bravo.
CIPER se comunicó con la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, encargada de los colegios del municipio, para conocer los pasos que seguiría la dirección del Liceo Carmela Carvajal de Prats. Allí explicaron que después de apelar en la Corte Suprema –cosa que debería ocurrir en los próximos días–, la resolución de última instancia podría demorar entre uno y dos meses, lo que podría derivar en la pérdida del semestre para las nueve niñas expulsadas. En todo caso, aseguran que la Corporación no es la que llevará adelante la apelación, sino que los abogados Bernardita Vicuña y Eduardo Vásquez, ambos del estudio jurídico Carey & Allende, que han representado a la directora del liceo durante todo el proceso.  “De hecho, si los buscas en Google te va a aparecer que son abogados de ese estudio”, dijo la funcionaria de la Corporación. Pero esa explicación se contrapone con la versión oficial de la oficina de Labbé.
En el municipio explican que la representación judicial de la directora del liceo y de la Corporación recae en Eduardo Vásquez, asesor legal de la Corporación y quien además es socio del estudio de abogados Carey & Allende. Él fue quien asesoró a Rosa Lidia del Valle para ir por la apelación y así extender el proceso. Según la respuesta de la alcaldía, Vásquez actúa en este juicio como individuo y no como socio del estudio jurídico. De hecho, cuando CIPER preguntó por los honorarios que se le pagaban a los abogados de Carey & Allende por su patrocinio en el caso de las niñas del Carmela Carvajal, la respuesta fue: “La Corporación nada paga a Carey & Allende y la información sobre el honorario que se paga a Eduardo (Vásquez) puede ser solicitada a la Corporación”.
El 21 de marzo, el tribunal recibió un escrito en que la abogada Bernardita Vicuña delegaba su poder como representante de las autoridades del liceo a favor de Vásquez. Vicuña es parte del staff de Carey & Allende y nada tiene que ver con la Corporación.
Uno de los factores que mantienen desanimados a los padres de las alumnas expulsadas, ha sido el desentendimiento de las autoridades del Ministerio de Educación. Sobre eso, Bravo dice: “El ministro Beyer ha dicho que no se puede entrometer y que es algo que tienen que ver los tribunales de justicia. Pero si él, que es la autoridad en educación en este país no puede entrometerse, ¿entonces quién?”.
CIPER se comunicó esta mañana con el Ministerio de Educación, donde nos confirmaron que efectivamente, en este caso, no tienen contemplado hacer nada.