Se estima que en Chile cada estudiante se gradúa con una deuda promedio de 40 mil dólares (20 millones y medio de pesos aproximadamente.). Además, el 40% de los estudiantes no logra titularse y de los titulados el 60% no ejerce lo que estudió. Estos son algunos de los datos que grafican el lamentable estado actual de la educación superior chilena y que este año, gracias al movimiento estudiantil, se han difundido y discutido masivamente.
Para aliviar la carga del endeudamiento, el gobierno ha propuesto rebajar la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado (CAE), de un 6% a un 2%, igualándolo con el crédito solidario.
Sin embargo, un porcentaje importante de endeudados hemos quedado marginados de la discusión, y aún no vemos solución a nuestro caso. Somos las víctimas del crédito CORFO, el crédito educacional más aplastante de todos, que puede llegar a cobrar tasas de interés de un 9% anual, y convertir una deuda de 12 millones de pesos en una de 30 millones.
¿Quiénes somos los deudores de este crédito?
Pertenecemos a familias de clase media, excluidas total o parcialmente del crédito solidario y a partir del año 2006 del CAE, pero que no tienen los medios económicos para costear la educación superior de sus hijos. Para nosotros al momento de decidir y entrar a la educación superior no quedó más alternativa que el crédito CORFO de Pregrado, un crédito otorgado por entidades bancarias y entidades financieras, con recursos de la Corporación de Fomento de la Producción, pero que poco se diferencia de un crédito de consumo común. A mayor abundamiento este modelo de financiamiento lo que hizo fue asegurar a los bancos un nuevo negocio, el endeudamiento de familias de clase media que tenían como sueño entregar educación superior a sus hijos pero que con sus remuneraciones e ingresos no podían costearla total o parcialmente y la única vía que tenían era esta formula.
En términos generales, el crédito funciona así:
La tasa de interés varía entre un 7% y un 9% anual, con cuotas en UF reajustables mes a mes. Exige un aval que será el deudor principal y el estudiante quedara como codeudor solidario (se firman pagares en algunos casos o en otros se entrega un poder amplio al banco para que en caso de incumplimiento este pueda emitir un pagare y cobrar el total de la deuda por la vía judicial), se debe comenzar a pagar inmediatamente luego de que se pide el crédito otorgándose en dos modalidades una por cada año académico y otra que financia la totalidad de la carrera como línea de crédito que se renueva año a año, por lo que las cuotas se les va sumando el interés y el monto a pagar aumenta rápidamente.
Esta tabla comparativa realizada por Ciper Chile grafica brutalmente la diferencia de un crédito con un interés del 8% anual con los demás créditos destinados a la educación superior. El monto total de la deuda de un crédito CORFO es 2 veces mayor que el del CAE (con un interés de 5.4%) y más de 4 veces mayor que el de un crédito solidario (con un interés del 2%).
Al ser un crédito directo con la banca privada, sin protección alguna del estado, los deudores de este crédito estamos completamente desamparados entregados a la arbitrariedad de ellos.
Existen muchos casos de estudiantes, que por no poder pagar la cuota del crédito, tuvieron que dejar la Universidad y pasaron inmediatamente a ser enemigos de la banca, muchos otros titulados que aún estando en condiciones de pagar la cuota mensual, se ven abrumados con valores muy altos en comparación con sus ingresos. Los casos de registrados en Dicom (si es el único crédito universitario que te envía a Dicom), demandados e incluso embargados, son numerosos y van en aumento.
¿Qué exigimos?
Exigimos que CORFO reconozca esta situación y se haga cargo de los miles de casos que hay en todo Chile, dándonos una solución acorde a un organismo ejecutor de políticas gubernamentales que buscan el emprendimiento de los chilenos, en nuestro caso un grupo en su mayoría de familias de clase media que son una vez mas postergadas sin ser tomadas en cuenta por nadie. Nos sentimos totalmente desamparados y sin respuestas del Estado, entregados a lo que decidan las instituciones bancarias que han abusado al poner en cada uno de estos créditos cláusulas abusivas, otorgamiento de crédito mediante ventas atadas de otros productos ofrecidos por los bancos, fijar plazos y cuotas de manera unilateral, tasas de interés elevadísimas que fluctúan entre el 7 y 9 %, haciendo pagar 3 o 4 veces lo que se ha pedido, poca transparencia con la que se han manejado las instituciones bancarias negándose a entregar información de los contratos firmados y todo tipo de información relativa a estos créditos.
Nuestra solicitud es simple, no queremos dejar de pagar, solo queremos pagar lo justo, reconociendo CORFO nuestra situación y que el Estado se haga cargo de los miles de casos que hay en todo Chile.
¿Qué respuestas nos han dado?
Luego de la gran cantidad de reclamos ingresados al Sernac y directamente a las instituciones bancarias, la respuesta siempre es la misma: “Las condiciones del crédito siempre han sido éstas, nunca han cambiado y ustedes las aceptaron al firmar”. Sin embargo, desde hace un mes, el crédito CORFO se dejó de ofrecer en los bancos, sin un motivo claro.
En Chile, la educación es un derecho consagrado en la Constitución Política de la Republica. En nuestro caso, la peculiaridad de este derecho radica en que la única posibilidad que tuvimos de ejercerlo fue firmando créditos millonarios y a tasas de interés altísimas, siendo este el único medio para lograr el sueño de nuestros padres y familias de ser profesionales (en muchos casos primera generación universitaria). Si la respuesta de las instituciones bancarias es: “Las condiciones del crédito siempre han sido éstas, nunca han cambiado y ustedes las aceptaron al firmar”, estimamos que la del Estado debe ser distinta ya que como garante de este derecho a la educación nos dejo de lado, vemos que la discusión radica en la rebaja de tasas de interés para el CAE o repactacion de los deudores de crédito del Fondo Solidario, pero de los deudores de CRÉDITO CORFO no existe ningún pronunciamiento tanto del ejecutivo como la clase política de manera transversal.