Litio, a las puertas de la privatización
Hugo Guzmán y Héctor Areyuna
Contratos de Operación Especial permitirían
grandes consorcios la explotación del mineral, el cual ya es vendido por
SQM, la empresa de Ponce Lerou, el ex yerno de Augusto Pinochet.
El litio ya es más que un mineral. Pasó a ser parte de la agenda política, económica y social del país.
La posibilidad de que durante este año se autoricen contratos de
operación a empresas trasnacionales y grandes consorcios, se advierte
como una posibilidad de que este recurso natural sea privatizado.
Mediante esa concesión, empresas privadas y extranjeras podrán
explotar 100 mil toneladas en 20 años. Está calculado que Chile tiene
una reserva de 7 millones 500 mil toneladas y se encuentra en el salar
de Atacama.
El litio chileno es considerado de altas propiedades y de bajo costo
de explotación. Las ganancias por su venta pueden llegar a varios miles
de millones de dólares.
Por ello desde varios sectores se alertó que si se esto queda en
manos privadas, la ciudadanía no recibirá los beneficios del recurso
natural del suelo chileno. En Atacama, organizaciones civiles y
comunales están exigiendo que se consulte sobre los mecanismos para la
explotación del litio.
El tema se torna más sensible cuando se sabe que una de las grandes
empresas privadas que actualmente produce y vende el litio es SQM, la ex
Soquimich, de la cual es dueño Julio Ponce Lerou, quien fue yerno de
Augusto Pinochet, tiempo en que se hizo propietario del consorcio.
Y además, Patricio Solminihac, gerente de SQM, es hermano del
ministro de Minería, Hernán Solminihac. Para algunos legisladores, esto
entra en el plano de conflicto de interés.
Varias empresas estadounidenses y asiáticas están interesadas en el proceso de privatización o concesión del litio chileno.
Hay que decir que el litio tiene utilidad en proyectos
termonucleares, en la fabricación de pilas y baterías, en medicinas para
trastornos mentales y psicológicos, en la industria automotriz, en la
fabricación de aluminio y de equipos de aire acondicionado.
Chile, según distintos estudios, posee entre el 40 y el 47 por ciento
del litio del mundo, es decir, es un país clave en cuanto a la
producción, venta y uso de este mineral.
Los llamados Contratos Especiales de Operación que permitirían la
entrada de más empresas privadas y trasnacionales a la explotación del
litio, son efecto de la agenda de impulso de la competencia que instaló
el gobierno de Sebastián Piñera, y es considerada por especialistas y
economistas como una herramienta privatizadora, incluidos recursos
naturales del país.
Lo que ocurre en Chile es distinto, por ejemplo, a lo que sucede en
naciones como Bolivia, donde el litio está en manos estatales a través
de la Corporación Minera de Bolivia.
Hay informes que hablan de que el Estado chileno está recibiendo sólo
el siete por ciento de las ventas anuales de litio, lo que equivaldría a
unos 350 millones de dólares.
Como sea, en los próximos meses se podrían concretar la entrada de
poderosos privados a este sector, quedando, como ocurre por ejemplo con
el cobre, desplazado el Estado chileno.
Inconstitucionalidad de las concesiones
El economista Julián Alcayaga comentó a Radio Universidad de Chile
que los contratos sobre los cuales el gobierno pretende privatizar el
litio son inconstitucionales.
Por lo mismo, el presidente de la ONG Recuperemos el Cobre de Chile
pidió la intervención de los parlamentarios para que concurran al
Tribunal Constitucional y soliciten la ilegalidad de este mecanismo de
concesión.
Alcayaga afirmó que el Gobierno quiere privatizar el litio a través
de un Decreto Supremo del Código de Minería, siendo que la prohibición
de entregar este recurso a las empresas privadas está en la Ley Orgánica
Constitucional.
Además, el dirigente del Comité de Defensa del Cobre afirmó que este
recurso es estratégico a futuro, y que el tiempo estipulado en los
Contratos Especiales de Operación de Litio contempla este elemento para
su privatización.
“El problema es que llevamos más de 20 años de gobiernos que han
entregado nuestros recursos naturales a empresas extranjeras. El cobre
es el caso más grave, puesto que esa sí que es una riqueza importante.
El litio puede ser importante de aquí a 15 o 20 años. Hoy no lo es desde
el punto de vista económico. Representa menos del uno por ciento de las
exportaciones. El Gobierno quiere asegurarse y entregar ahora el litio
en un contrato a 20 años, justamente porque dentro de 10 o de 3 o 4 años
el litio va a ser un recurso económico muy importante”.
Por ello es que Alcayaga propuso que las empresas extranjeras y
privadas participen en la extracción y explotación de este recurso, pero
sólo si el litio es industrializado en nuestro país.
“Si se llegara a entregar a empresas extranjeras, sólo se puede
justificar si fabrican en Chile las baterías de litio y todo producto
que salga de este mineral, pero que se fabrique aquí. No sacar el litio
como materia prima hacia afuera. Ahí sí tendría alguna justificación los
contratos especiales. Solamente si las empresas extranjeras
industrializan el litio en Chile”, afirmó el economista.
Por su parte, Martín Pascual, cientista político del Centro de
Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, (Cenda) señaló que “el
litio está recién siendo utilizado en su plena potencialidad, tal como
las baterías de automóviles y en proceso innovadores como dispositivos
de energías renovables no convencionales”.
Pascual añadió que “las grandes reservas que tiene Chile permitirían generar un elemento de desarrollo estratégico”.
Además, el coordinador del Cenda auguró un futuro similar para el
litio con lo que ocurrió con el cobre, también mediante las concesiones
de explotación del mineral.
“Está en la misma dirección. El cobre hoy está siendo explotado en
más de un 70 por ciento por empresas privadas y eso se ha hecho sobre la
base de las concesiones, es decir, no se ha eliminado el elemento
constitucional que permitió la nacionalización del cobre y, en este
caso, se quiere una fórmula parecida. El litio está señalado como una
reserva estratégica a cargo del Estado chileno, pero por la vía de las
concesiones se le busca privatizar”, aseguró.
Pascual indicó que la fórmula de entregar las concesiones a 20 años
es una privatización de un patrimonio del Estado chileno y sentenció que
el nuestro país sí tiene la capacidad de extraer y explotar este
recurso.
