20 de Febrero de 2012
El errático proceso de descentralización y el polvorín que duerme fuera de Santiago
Punta Arenas fue el síntoma,
pero mucho antes vinieron las voces desde Arica y Valdivia. El
centralismo es un tema que se ha resuelto a tropiezos en Chile y cada
cierto tiempo se transforma en el peñasco en el zapato del gobierno de
turno. Aysén sólo es uno de esos focos. Calama, por ahora, duerme; pero
también es una olla a presión.
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Durante la década de los ‘80
Silvia Aguilar (62), secretaria, compartió varias escenas con sus
vecinos. Y algunas no le gustaban, entre ellas, las filas eternas en las
bencineras. “A veces sólo quedaba una de turno y todos teníamos que
esperar”. Otras veces, los cortes de luz eran un latigazo constante
sobre la ciudad. “Y se demoraba un montón en volver. Más que en el resto
del país”.
El relato de Silvia no es de Aysén ni de Punta Arenas. Es de
Valdivia, mucho antes de que fuera la capital de la Región de Los Ríos.
Ella, junto a un grupo de mujeres llevó adelante el comité provincial de
Valdivia y dice saber lo que se siente cuando las ciudades se alejan de
Santiago: “Yo creo que Aysén está sufriendo lo que nosotros sufrimos
antes que Valdivia fuera región. ¡Y eso que ellos ya lo son! Y eso es,
porque las autoridades no son diligentes, las regiones no tienen poder.
Se habla mucho y no se cumple, y las expectativas de la gente se cifran
en un desarrollo que nunca llega. Estar lejos de la capital no es un
motivo para condenar a las personas al quinto infierno”, dice ahora, que
disfruta los resultados de cortar calles y tomarse tantas otras, porque
Valdivia, al menos, comenzara a salir de su estancamiento.
La misma batalla es la que dan ahora en Aysén. Similar discurso,
expectativas y estrategias en un país donde se dan charlas de
descentralización, hay expertos en el tema, se crean comisiones en el
Parlamento, pero las cifras escupen en la cara la verdad. Sólo un
ejemplo: la concentración de empresas en la Región Metropolitana alcanza
el 42%, continúa la Región del Bío Bío con el 11%, Valparaíso con el
10% y las regiones del norte (Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y
Coquimbo) tienen en conjunto el 11%, mientras que las regiones del sur
(Araucania, Los Lagos, Aysén, Magallanes) poseen el 14% del total de
empresas del país.
Los datos los entrega Cesia Arredondo, quien trabaja en el Centro de
Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la
Universidad de Chile. “La descentralización es transferencia de algo y
ese algo es principalmente poder hacia los ciudadanos, autoridades o
entes territoriales para que tomen decisiones más cercanas a su
realidad. Dicho poder se expresa en capacidad para elegir a sus
autoridades (política), decidir sobre los recursos financieros (fiscal)
en funciones, en competencias (administrativa), etc.”, dice Cesia, quien
señala que hay una serie de concentraciones que también debilitan la
autonomía de las zonas alejadas de la capital. “Otro aspecto relevante
para avanzar a una descentralización real es realizar las reformas
políticas: al binominal, a los partidos políticos, al financiamiento de
campañas, etc. Todo lo que abra el abanico de poder hoy concentrados en
unos pocos. Porque estos procesos no son aislados y si quieres
descentralización real necesitas fortalecer a los territorios también”,
señala.
El grito de Magallanes
Entre las demandas actuales de Aysén se cuentan la rebaja de los
combustibles —ya que por ejemplo, el litro de bencina puede llegar a
$1.100—, la regionalización de los recursos, así como la creación de una
universidad pública de alta calidad, ya que la única opción que tienen
los jóvenes para estudiar es salir de la región. También se pide un
plebiscito vinculante que permita que la ciudadanía decida sobre temas
relevantes para la región, como la construcción de mega represas.
La concentración de empresas en la RM alcanza el 42%, continúa el Bío Bío con el 11%, Valparaíso con el 10% y las regiones del norte (Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo) tienen en conjunto el 11%, mientras que las regiones del sur (Araucania, Los Lagos, Aysén, Magallanes) poseen el 14%.
Uno de los voceros del Movimiento Social por la región de Aysén,
Patricio Segura, alerta sobre la dimensión de problema en el país:”El
Estado centralizado es el que ha generado que no tengamos políticas
diferenciadas para todo el país. No solamente tiene que haber política
diferenciada para Isla de Pascua, Aysén o Arica. Tiene que existir para
las distintas regiones, porque eso es lo que demandan las comunidades.
Las regiones de Chile no son el botín ni la despensa de los grandes
intereses económicos”, dice enfático.
Hace un año los magallánicos también se rebelaron. Haciendo un
paréntesis en su pacífica rutina se organizaron y luego de una semana de
movilizaciones —que tuvieron en vilo al Gobierno—, lograron paralizar
el polémico anuncio de un alza de 20% del gas.
La “guerra del gas” se agudizó aún más después que el entonces
ministro de Energía, Ricardo Raineri, anunciara que “se acabó la fiesta”
de los magallánicos, provocando una ola de críticas. Sobre todo, porque
quedó la sensación de que hablaba sin tomar en cuenta que la
calefacción en la zona es vital y no se trata de un lujo: a veces hace
tanto frío que incluso se pueden congelar las cañerías del gas natural,
por lo que es necesario mantenerlas siempre funcionando, aunque sea al
mínimo. Eso en verano. En invierno no tener una estufa es impensable.
La única forma de frenar las movilizaciones fue que el Gobierno diera
pie atrás a la polémica alza y se comprometiera a enviar un proyecto de
ley que estableciera un sistema de regulación de la tarifa del gas de
Magallanes, para que existiera claridad y certeza al respecto. El
compromiso era que estuviera tramitada antes del 30 de septiembre de
2011”.
“Hoy no hay ningún avance en materia de la ley del gas: todavía
está en la cámara de diputados y jamás tuvo urgencia”, explica el
senador por la zona, Carlos Bianchi. .
Los miembros de la Asamblea Ciudadana, que se convirtió voz de la
rebelión de los magallánicos, consideran que en la práctica sus demandas
no han sido respondidas. Para la secretaria de la organización, que
agrupa a una veintena organizaciones, Marcela Baratelli “de partida el
proyecto de ley del gas es malísimo, no responde en nada a nuestras
necesidades ya que favorece la privatización. Ha sido rechazado no sólo
por la Asamblea, sino también por los parlamentarios de la región, ya
que no responde a las necesidades de los magallánicos”.
Marcela asegura que “la base del problema del conflicto del gas y
todos los conflictos es que existe un exceso de centralismo que hace que
se decida por nosotros cosas que tenemos absolutamente claras”.
Como ejemplo se refiere al incendio en Torres del Paine. “Estamos en
profundo descuerdo cuando se habla de que se actuó con rapidez y que la
culpa la tuvo el viento. Es cierto que a las 8 o 10 horas de iniciado el
fuego se desató un tremendo temporal, pero al principio el fuego era
relativamente pequeño. Ya son, desde el año’ 85, casi 50 mil hectáreas
perdidas por incendios forestales y en vez de ampliar el presupuesto, lo
reducen”. Y la decisión se toma en Santiago.
La mujer no entiende la lógica de que “4 ó 5 personas decidan por
nosotros. Hay reclamos históricos”, que nadie responde. Al menos no como
esperan.
"Hoy
no hay ningún avance en materia de la ley del gas: todavía está en la
cámara de diputados y jamás tuvo urgencia”, explica el senador por
Magallanes Carlos Bianchi, respecto a la principal demanda que hizo
levantarse a la región el año pasado.
Para el senador por Magallanes, Carlos Bianchi, esto devela que
“existen dos Chile: el de Santiago y el de las regiones,
fundamentalmente las extremas”.
El parlamentario considera que una de las grandes piedras de tope
para el desarrollo de las regiones son “los instrumentos mal llamados
leyes de excepción, que es un poco lo que señala la gente de Aysén,
Calama y Arica. Hay un total incumplimiento del gobierno frente a estas
materias que son incentivos de zonas extremas”. Entre estos incentivos
se cuenta la Ley Austral, que contempla que a pequeños inversionistas
obtengan devolución en impuestos.
Pero según Bianchi están obsoletos, ya que existen hace más de 30
años y no responden en absoluto a las necesidades actuales de la
población. Por eso, considera: “una brutalidad mayor lo que dijo
Larroulet acerca de que la solución era prorrogar estas leyes. Es no
entender absolutamente nada de la situación”.
El año pasado, junto a diferentes organismos y otros senadores
miembros de la Comisión de Zonas Extremas hicieron una gira a nivel
nacional para socializar los instrumentos de excepción “y ver cómo
contribuir con el Ejecutivo para mejorarlos”. Pero sus propuestas
quedaron archivadas. “Hoy las demandas que hace Aysén son las mismas
plasmadas en ese documento”.
Calama, el polvorín minero
“Entrar a Calama es como retroceder 40 años”, dice el alcalde de la
comuna, Esteban Velásquez. El edil cuenta que hasta 2001 la cuidad fue
un lugar de paso hacia el campamento de Chuquicamata, el asentamiento
más cerca de la división de Codelco del mismo nombre. “Durante todo ese
tiempo fuimos relegados a un papel secundario, sin alcanzar los
estándares mínimos de una ciudad”, dice Velásquez.
El 2001 marca un punto de inflexión, porque Codelco decidió terminar
con el campamento y trasladar sus habitantes hacia Calama, sumando 15
mil personas a una población que hoy bordea los 200 mil habitantes.
“Tuvimos que acogerlos sin que hasta ahora tengamos infraestructura
suficiente, ni educacional ni hospitalaria o vial necesaria”, remata
Velázquez.
A un gobierno le cuesta mucho entender la palabra descentralizar, pero va a tener que empezar a incorporarla. En nuestro caso, la propuesta de diciembre, fue un ultimátum, si no obtenemos una respuesta satisfactoria vamos a volver a movilizarnos y no dejaremos pasar una libra de cobre”, dice el alcalde de Calama, Esteban Velásquez.
Emplazada a 1.560 kilómetros de Santiago, poco menos que los 1.642
que separan a Aysén de la capital, tal como la ciudad patagónica, Calama
es muy rica en recursos naturales.
En la zona se ubican dos de las divisiones de Codelco: Chuquicamata y
Radomiro Tomic, que en conjunto producen 678 mil toneladas de cobre,
más de la mitad de lo que genera la cuprífera estatal, según su balance a
septiembre de 2011.
Una proyección hecha en la municipalidad, arroja que este cobre
equivale a unos US$ 4.000 millones de utilidades. “De ese dinero, del
cobre que se produce aquí no ha llegado un peso”, dice el alcalde.
A parte de la infraestructura, Velásquez menciona, además los serios
problemas de contaminación de la ciudad, por estar muy próxima a las
faenas mineras: “No es fácil vivir en Calama a más de 3.000 metros de
altura, en un desierto inclemente y contaminado. Vivimos en un
cementerio”, dice el edil. Como ejemplo está la población “Tucnar
Huasi”, a sólo cuatro kilómetros de la mina Ministro Hales de Codelco.
Contrasta con el alto nivel de vida por el que son conocidos sus
trabajadores, especialmente cuando las compras con los bonos por término
de conflicto atraen a la prensa capitalina.
No obstante, a mediados de 2011 la ciudad demostró que no estaba
muerta. El 29 de junio del año pasado, la Asamblea Ciudadana, que había
sido formada por distintos estamentos sociales dos años antes, convocó a
un paro en la comuna.
La respuesta superó las expectativas de los organizadores. 20 mil
personas en la calle, una caravana de 3.000 autos. Más la paralización
del 100% del transporte, el 80% del comercio y un 60% de los servicios
públicos, demostraron que la demanda de fondo, genera consenso entre los
habitantes.
A
mediados de 2011, Calama demostró que no estaba muerta. El 29 de junio
del año pasado, la Asamblea Ciudadana, que había sido formada por
distintos estamentos sociales dos años antes, convocó a un paro en la
comuna. Fue un éxito.
La demanda no es ni más ni menor que un porcentaje de las ganancias
que la minería genera en la zona. Como referencia se ha calculado un 5%
de las utilidades, tal como lo establecía la ley 11.828 vigente hasta
1974.
Sin embargo, en la propuesta que el alcalde y la asamblea hicieron
llegar a La Moneda a través del ministro Rodrigo Hinzpeter, se consigna
que el porcentaje puede discutirse.
El petitorio que Calama hizo llegar hasta el gobierno central se
puede resumir en cuatro puntos. Primero, establecer una ley que otorgue
recursos permanentes y directos de las utilidades del cobre a comunas
productoras. Seguido, compensación por parte de Codelco, por el traslado
del campamento de Chuquicamata, para mejorar condiciones
urbanísticas de la ciudad. Asimismo, declaración de Calama como Zona
Extrema y, finalmente, una compensación única de US$ 500.000.000 para
superar brechas que permitan lograr un nivel básico de ciudad. Este
monto único debe ser entregado a modo de compensación por los 34 años en
que Calama no ha contado con recursos provenientes de las utilidades
del Cobre.
El ultimátum
En este contexto de peticiones, Esteban Velázquez recuerda el
compromiso de Sebastián Piñera durante la campaña de “establecer un
fondo especial para las ciudades más abandonadas del norte, tenemos
grabaciones de audio y video que así lo prueban”, dice.
En diciembre fue la ocasión más reciente en que las autoridades de
Calama tomaron contacto con el Ministerio del Interior para abordar el
petitorio. Según cuenta Velásquez, el compromiso de Hinzpeter fue
ofrecer una propuesta en marzo de este año.
Antes, en agosto, se formó una mesa de diálogo con el Intendente que según el alcalde “no produjo ningún resultado”.
“A un gobierno le cuesta mucho entender la palabra descentralizar,
pero va a tener que empezar a incorporarla. En nuestro caso, la
propuesta de diciembre, fue un ultimátum, si no obtenemos una respuesta
satisfactoria vamos a volver a movilizarnos y no dejaremos pasar una
libra de cobre”, dice enfático y revela un antecedente que podría traer
más reclamos a la calle: “Actualmente estamos conformando un frente con
otras comunas del norte”, concluye.
