13 de Febrero de 2012
Seguimientos a apoderados y exclusiones sin pruebas Decenas de recursos de protección y órdenes de no innovar buscan doblar la dura mano del alcalde de Providencia. El proceso que oficialmente tiene a 93 alumnos sin matrícula incluye notificaciones escritas con lápiz pasta y falta de respuesta a las apelaciones de los estudiantes. No sólo eso: apoderados organizados de la comuna denuncian haber sido seguidos por Carabineros. La institución informó a El Mostrador que ya instruyó una investigación interna por este hecho.
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Un hora antes que Carabineros llegara, cerca de 20 padres de Apodérate, una coordinadora de apoderados de liceos de Providencia, que nació en junio del año pasado en medio de las protestas estudiantiles, se habían reunido para tratar el tema de las expulsiones de decenas de alumnos de esa comuna.
“¿Quién los manda?”, preguntaron los apoderados. Y, aunque al principio lo tomaron con humor, una de las respuestas que recibieron de parte de los carabineros de la cuarta comisaría de Santiago los sorprendió: “Usted tiene un jefe. Nosotros también”, dijeron sin contestar quién los había enviado a supervisar la tranquila reunión.
Para Felipe Pizarro —quien lidera la organización de padres y por quien preguntaron los carabineros al llegar— esta es una muestra de que existe un trabajo de inteligencia. “Si uno conoce algo al alcalde Labbé no me sorprendería para nada”, dice Pizarro, quien junto al resto de los apoderados registró todo con la cámara de un celular (Ver video). Además de ser parte de este seguimiento, recibió una serie de llamadas telefónicas a su casa, sin que nadie contestara del otro lado.
Tras ver el video, Carabineros, mediante un comunicado, señaló que “inmediatamente conocidos los hechos y conforme con su invariable política de transparencia, legalidad y apego a la verdad, la institución dispuso una investigación interna a fin de determinar fehacientemente lo sucedido y establecer eventuales responsabilidades”.
La falta de pruebas
Hace unos días Labbé señaló, en un balance de las movilizaciones estudiantiles, que las tomas dejaron una pérdida de 550 millones de pesos por concepto de subvenciones; y al mismo tiempo, dijo que 93 matrículas habían sido canceladas. El impacto es éste: 12 cursos se cerrarán y cerca de 20 profesores van a quedar en la calle.¿Pero cuáles son las pruebas?
El Instituto Nacional de Derechos Humanos también ha apoyado a los estudiantes. El organismo levantó un registro en su página web y creó un banner para recibir los datos de todos los alumnos cuyas matrículas han sido canceladas. La idea es hacer un catastro para evaluar acciones a seguir.
Sin embargo, el mentado manual contempla apelación y la misma persona que decreta la expulsión debe revisar esa acción, constituyéndose en una segunda instancia.
Cristian Zúñiga, abogado que representa a 28 estudiantes del Carmela Carvajal, José Victorino Lastarria y del Liceo Arturo Alessandri, cree que en el corazón de la norma existe una gran falla: “Ellos son jueces y parte”. Zúñiga se queja y suma datos: “En el fondo la norma del manual de convivencia puede ser legal, pero la aplicación también debe serlo y debe haber legítima defensa. ¡Eso nunca existió! Se aplicó la sanción y dio la sensación de que la decisión estaba tomada de antemano”, asegura el abogado, quien espera ver en marzo los resultados de la justicia. De los 8 recursos de protección presentados en nombre de sus 28 defendidos, todos han sido declarados admisibles y la Corte acogió tres órdenes de no innovar. Dos de ellas el jueves pasado.
La vocera de las alumnas del Liceo Carmela Carvajal, Danae Díaz, cuenta que prácticamente todos los líderes de los establecimientos de la comuna están sin matrícula. “En el fondo esto es un intento por descabezar al movimiento”, dice.
Quien también ha apoyado a los estudiantes es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo que levantó un registro en su página web y creó un banner para recibir los datos de todos los alumnos cuyas matrículas han sido canceladas. La idea es hacer un catastro para evaluar acciones a seguir. El link lleva a la siguiente leyenda: “Tu derecho a educarte no puede ser vulnerado. El derecho a la educación es una garantía consagrada en el artículo n° 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución Política de Chile en su artículo 19 n°10. Por esta razón, el INDH se encuentra levantando información sobre quienes han sido expulsados/as de sus colegios o liceos, en el contexto de las movilizaciones estudiantiles”.
En la Municipalidad de Providencia dicen que no harán más declaraciones sobre el tema.
Con lápiz pasta
Otros de los alumnos afectados pertenecen al Liceo Tajamar. Un grupo de apoderados interpuso un recurso de protección el jueves pasado por la cancelación de las matrículas de 7 alumnas y además incorporaron una orden de no innovar para que se incorpore a las estudiantes mientras se resuelve la acción judicial.En ese colegio sí que han recibido portazos y a pesar que hace unas semanas se reincorporó a algunas estudiantes a las que se les había anunciado cancelación de matrícula, muchas de las afectadas recibieron en una hoja arrancada de un cuaderno, escrito con lápiz pasta, el motivo de sus expulsiones.
El abogado Sergio Hevia, quien representa a 5 alumnas del Liceo 7 de Providencia, señala que María Alicia Holley, directora del establecimiento, se negó a entregar documentos, también las hojas de vida de los alumnos y las actas donde se registraba la condicionalidad de sus hijas. “Considero que es un hecho de ética grave, puesto que no sólo les negó la matrícula, sino que los apoderados apelaron y a muchos de ellos ni les contestó”, dice Hevia con molestia.
Notificaciones como ésta, escritas con lápiz pasta y en una hoja arrancada de un cuaderno, recibieron alumnas del Liceo Tajamar.
Ranieri Bientinesi, papá de Valentina, alumna de enseñanza media del Liceo Carmela Carvajal, pone el ejemplo de su hija como una de las situaciones injustas. Ella asistía a clases presenciales a una de las sedes de la Universidad Andrés Bello cuando llegaron alumnas de Cuarto Medio a “funar” las clases. “Había unas inspectoras y estas vieron a la gente que estaba participando. Una vez que terminó la funa no entraron a la clase de la mañana, sino que lo hicieron tipo 10:30. Luego la inspectora llamó a mi casa diciéndonos que Valentina había cometido un grave error y nos dicen que teníamos que estar el 2 de enero en el colegio. Ese día nos avisaron que estaba expulsada”, dice Ranieri.
La máquina de Labbé ha arrasado prácticamente con todos los líderes de los secundarios en esa comuna. Danae Díaz, vocera del Carmela Carvajal, alumna que debía cursar cuarto medio este año, tiene una explicación: “En el fondo esto es un intento por descabezar al movimiento siendo que no tiene que ver con ciertos cabecillas. El problema es que el gobierno piensa que esa es la manera para acabar con una movilización futura”.
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