27 de Febrero de 2012
Cientos de chilenos siguen envueltos en litigios
Las millonarias deudas post terremoto que aún no saldan inmobiliarias y constructoras
Han pasado dos años desde el
27/F y las vidas de algunos chilenos aún siguen en el suelo. Largos y
dilatados juicios, falta de viviendas alternativas y nulas soluciones.
Se trata de aquellos que esperan no sólo que la reconstrucción avance,
sino que las empresas a las que algún día les entregaron millones de
pesos respondan por sus departamentos que quedaron inhabitables.
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Todos pensaron que fue un
milagro. De hecho, fue lo primero que escuchó Mirta Peña después del
terremoto. Que era un milagro que estuvieran vivos.
Días antes de esa madrugada del 27 de febrero de 2010, el sacerdote
Rodrigo Domínguez de la parroquia El Buen Pastor, ubicada en Rodrigo de
Araya con Macul, había ido a bendecir las dos torres de departamentos
del condominio Sol Oriente, en el número 2301 de Avenida Macul y 2302 de
Exequiel Fernández.
Por eso, los vecinos pensaron que no había otra explicación para que
los dos bloques, a pesar del impacto de los 8 grados que habían azotado
sus cimientos, siguieran en pie.
“Es como si hubiesen explotado los fierros”, cuenta Mirta retorciendo
sus dedos para que no queden dudas de lo que trata de explicar. Su
departamento, el nº 1202 del edificio de Macul, 4 dormitorios, 60
millones de pesos pagados con su jubilación –al contado–, sillones
dorados, adornos pensados estratégicamente después de toda una vida de
ahorro, ya no servía para nada.
Dos años después, su departamento y el resto que completaban ambos
edificios, siguen inhabitables. No les han devuelto la plata ni
entregado condiciones de vivienda alternativas. Es la misma realidad en
la que quedaron sumergidos cientos de chilenos después del terremoto del
27 de febrero.
Uno de los casos emblemáticos es el de los edificios Don Tristán y
Don Luis. El primero tenía 36 departamentos; y el segundo, 40. Algunos
de los habitantes recobraron los dineros invertidos mediante los
seguros. Sin embargo, quienes habían pagado al contado aún no reciben
ninguna respuesta.
Mirta
Peña pagó 60 millones de pesos al contado por su departamento en
Avenida Macul. Hoy no tiene departamento, ni una solución habitacional.
Además de perder su dinero, debe pagar otro arriendo por $ 210.000.
“A mí, el banco me devolvió la plata que había puesto de pie. Pero yo
había hecho mejoras, otras personas perdieron sus automóviles, hay una
vecina que incluso no pudo solucionar el tema con su banco y sigue
pagando dividendo. Nos vendieron un edificio de semi lujo y casi
perdimos la vida. La primera vez querían darnos 200 mil pesos para que
nos quedáramos contentos”, reclama Pamela Márquez, propietaria de uno de
los departamentos de Don Tristán.
Ambos edificios fueron demolidos, ya que no eran reparables.
Actualmente hay una investigación penal a cargo del Fiscal Jefe de Maipú
y ya se formalizó por estafa a uno de los dueños de la empresa
constructora Mujica y González, Álvaro Mujica.
“Antes del terremoto iban todos a saludarnos, era tan hermoso. Había comprado todo de nuevo, invertimos plata. Incluso las niñas del aseo del edificio me decían que mi departamento era mejor que el piloto. Todo combinaba”, dice Mirta Peña.
Según fuentes ligadas a la investigación, el Fiscal podría ampliar
las formalizaciones hacia los representantes de la inmobiliaria
(Francisco de Aguirre) y a quienes participaron en el proceso de venta.
El abogado de las víctimas, Alfredo Morgado, señala que la empresa
inmobiliaria ha efectuado ofertas y propuestas económicas “con el objeto
de evitar la persecución de la investigación, ampliación de la
formalización y ser llevados a juicio oral. Propuesta que a la fecha ha
sido rechazada por los vecinos, sin perjuicio de que pudieran llegar a
un acuerdo ante una mejor propuesta”.
Toda la espera ocurre en un país que tenía una norma clara respecto a
las responsabilidades en materia de construcción. Los consumidores
tienen derecho a adquirir viviendas de calidad, por eso existe una
regulación especial (Ley de Calidad de la Vivienda) que establece el
derecho a la garantía con plazos determinados según los daños que se
presenten en el inmueble nuevo. Las empresas deben responder cuando se
producen problemas en las terminaciones, durante los primeros 3 años;
problemas en las instalaciones durante los primeros 5 años y problemas
estructurales durante los primeros 10 años desde la compra de la
vivienda. Cuando las fallas afectan a un conjunto habitacional, existe
la posibilidad de ejercer las acciones colectivas contempladas en la Ley
del Consumidor.
Sigro y Viva
Después del terremoto, Mirta Peña debió trasladar todas sus cosas a
una nueva vivienda. Aunque había pagado los 60 millones de su
departamento al contado, ahora no cuenta con ese dinero y, además, debe
pagar todos los meses un arriendo de $ 210.000 por otro departamento en
Avenida Grecia. “Fue muy fuerte para nosotros. Nos dijeron que era lo
mejor de Macul y descubrimos que era puro yeso. Se reventaron los
fierros en el subterráneo y muchos profesionales que vieron los
edificios dijeron que se redujo el costo de construcción.
Afortunadamente teníamos vecinos arquitectos, fueron los primeros en
hacer un chequeo al edificio”, cuenta Mirta, que no ha podido pegar una
pestaña desde la madrugada del 27 de febrero. Ahora vive amarrada a los
12,5 milígramos de Somno-xr, un inductor del sueño que toma para
enfrentar el insomnio que padece desde entonces.
La municipalidad de Macul, con fecha 13 de mayo de 2010, emitió el
certificado que ordena la demolición de ambas torres; sin embargo, la
contraparte pidió que se estudiara un nuevo peritaje. Lo que la empresa
quiere es poder reparar los departamentos y devolverlos a sus dueños.
Esta es una de las fotografías que tomaron los vecinos del condomino Sol Oriente después del terremoto.
La constructora que levantó el proyecto es Sigro; una de las empresas
más grandes del rubro. Está presente en todos los sectores:
infraestructura, oficinas y viviendas residenciales. En el directorio
figuran los nombres de Hernán Delorenzo Achondo, presidente; Juan de
Dios Palma, director; Carlos Alberto, director y Fernando Delorenzo,
director ejecutivo. Entre sus hitos se cuentan haber construido el
edificio de Codelco (1985), el hotel Ritz-Carlton (2002) y la Clínica
Avansalud (2011).
Desde su creación en 1982, Sigro ha construido más de 1.700.000
metros cuadrados en diversas obras a lo largo del país. Hernán
Delorenzo, responde por primera vez a un medio de prensa por los
cuestionamientos post terremoto.
“El primer vendedor es la inmobiliaria. La empresa constructora ha
sido contratada por la inmobiliaria, al igual que fue contratado el
calculista, el mecánico de suelo y todos los especialistas que
intervienen, por lo tanto la inmobiliaria es la que tiene la relación
contractual con las personas”, señala y suma datos: “No es nuestra
competencia el proyectar ni revisar proyectos. No somos proyectistas, de
manera que si existen falencias en algún proyecto, escapan a nuestra
responsabilidad”.
El ingeniero civil cuenta que ambas torres se levantaron con bastante
tiempo de diferencia, por eso sugiere dónde puede haber estado la
falla: “Cuando los problemas se repiten, calcados, estamos hablando de
un problema de proyecto. Puede estar en el cálculo estructural o en la
mecánica de suelo, como también puede estar dentro de la norma, pero un
terremoto de 8,8 también es de un impacto tremendo”.
-¿Lo que no se entiende es que haya edificios que sí aguantaron y es la misma norma?
-Yo diría que hay algunos calculistas más audaces y otros son más conservadores. Después del terremoto la norma se volvió más exigente.
-Yo diría que hay algunos calculistas más audaces y otros son más conservadores. Después del terremoto la norma se volvió más exigente.
-¿Y quién le responde a las personas por lo que pagaron?
-La inmobiliaria está haciendo todos los esfuerzos por revertir la orden de demolición y reparar el edificio, que es algo que a todo el mundo le conviene, porque si hay que demolerlo la demolición la pagan los propietarios. Si se repara, eso lo paga la inmobiliaria. Si yo fuera propietario, creo que lo más inteligente sería apoyar la reparación.
-La inmobiliaria está haciendo todos los esfuerzos por revertir la orden de demolición y reparar el edificio, que es algo que a todo el mundo le conviene, porque si hay que demolerlo la demolición la pagan los propietarios. Si se repara, eso lo paga la inmobiliaria. Si yo fuera propietario, creo que lo más inteligente sería apoyar la reparación.
Según Delorenzo, “todos los informes técnicos que se pidieron tanto
al Idiem como al Dictuc o Cesmec y varios otros, llegaron a la misma
conclusión: la primera es que el edificio fue construido de acuerdo el
proyecto, no se robó el cemento ni ninguna de las cosas que se dice. La
segunda conclusión es que el edificio es reparable”.
No piensan lo mismo en la municipalidad de Macul. Roberto Morales,
jefe de gabinete del municipio, dice que ellos tienen otra conclusión:
“Los informes técnicos dicen que no es posible y que tienen serias
fallas estructurales y que en consecuencia para poder habitarlos se
requiere su demolición”, asegura y cuenta que el municipio contrató a un
ingeniero civil estructural que entregó este veredicto.
“Los daños del edificio son única y exclusivamente consecuencia del terremoto”, explica Julio Gamboa, abogado de Numancia, y agrega que: “la responsabilidad de la inmobiliaria es haber elegido a los profesionales y encargados de la ejecución de la obra, no ha intervenido en los actos que constituyen la base de la responsabilidad. Se lo ha encargado a especialistas de primer nivel. De modo que no nos cabe la menor duda de que no hay error en los proyectos”.
El abogado que representa a varias familias afectadas, Hipólito
Palavicino, asegura que pasados tantos meses de litigio, “la parte
deudora apuesta por que la gente se aburra, que acepte todo lo que ellos
quieren. Les pasaron 100 mil o un millón de pesos a algunas personas
antes y por eso hay gente que recién está demandando”.
Lo que la gente quiere no es arreglar el lugar, sino que les devuelvan la plata que gastaron.
“No quiero recordar más ese momento”, dice Mirta. Y sigue: “Mi vida
era otra, feliz, me sentía tan confiada, recompensada de tantos años de
trabajo y dije ‘por fin estamos en nuestras casa’. Antes del terremoto
iban todos a saludarnos, era tan hermoso. Había comprado todo de nuevo,
invertimos plata. Incluso las niñas del aseo del edificio me decían que
mi departamento era mejor que el piloto. Todo combinaba”.
Viña no es un festival
En la web de la inmobiliaria Numancia, entre sus proyectos realizados
aparece flamante el edificio Marina del Sol, con sus 9 pisos y 84
departamentos, de entre 3.500 y 5.500 UF, en perfecto estado. Sin
embargo, en la realidad, este inmueble construido en 2004 y ubicado
entre 1 y 2 poniente con 6 norte en Viña del Mar, se encuentra en
reparación a causa de los graves daños que sufrió la noche del 27 de
febrero de 2010. Ante la negativa de la empresa de pagar los arreglos,
descartando su responsabilidad, el comité de vecinos encargó un informe
que determinó que las deficiencias de la estructura eran previas a la
catástrofe.
A las 3:15 del 27 de febrero, Nelson Ramírez llegaba a su
departamento en el piso 15 del edificio Marina del Sol. Venía de
escuchar a Ricardo Arjona en el Festival de Viña del Mar. Cuando empezó
el terremoto, acababa de acostarse junto a su esposa, mientras sus
hijas, suegra y empleada dormían. “Se escuchaba cómo se reventaban los
aceros y los tabiques”, recuerda. Al salir al pasillo principal, Ramírez
se topó con un vecino bajando por la escalera y gritando que se
incendiaba el piso 19. “Tuvimos que bajar, pero un muro de la caja de la
escalera se había caído. Amarré a mis niñitas para no caernos al aire y
empezamos a bajar con mi suegra al hombro”, relata Ramírez quien agrega
que el contrapeso de uno de los ascensores se rompió y cayó sobre la
jaula, destrozándola. “Se inundó el primer piso. El agua empezó a subir
por los ductos de ventilación y a caer hacia la recepción”, explica. Y
el incendio en el último piso se provocó luego de que, con el
movimiento, se soltaran las calderas y se golpearan unas con otras. En
el estacionamiento, un muro se cayó y aplastó varios autos.
En el edificio Marina del Sol de Viña del Mar se reventaron tabiques, muros y pilares del edificio.
El informe solicitado por los vecinos a la empresa Ramón Goldsack y
Asociados LTDA. dictaminó que: “el diseño estructural del edificio no
consideró la inclusión de elementos estructurales necesarios para
resistir los esfuerzos a que estuvo sometida la estructura durante la
ocurrencia del sismo del 27 de febrero de 2010 y, por lo tanto, presenta
en la actualidad una capacidad resistente insuficiente para resistir un
terremoto de iguales características”.
Sin embargo, “en la inmobiliaria lo negaron todo, dijeron que
estábamos inventando estudios. Nos dijeron que estábamos tratando de
buscar responsabilidades, desligándonos del terremoto, para sacar
provecho”, cuenta Arturo Fuentes, miembro del comité de vecinos del
Marina del Sol.
Así, los propietarios decididieron presentar una demanda contra
Numancia. Como prueba, el juez solicitó que se realizara un peritaje
judicial al edificio cuyo informe reveló hechos que evidenciaron las
falencias de la estructura. “Por su solidez implícita es dable usar la
premisa que el Edificio “Marina del Sol” presenta daños tras el sismo de
27 febrero 2010. Según las Normas Oficiales Chilenas, ello no debió
ocurrir, de la forma que presenta, en una obra de edificación de las
características de este inmueble”, concluyó el fiscalizador.
La inmobiliaria Numancia es propiedad de Basilio López Calleja, uno
de los empresarios más ilustres de la zona, dueño de las librerías Lápiz
López y vicepresidente del Club Español de Viña del Mar. Actualmente,
la empresa continúa negando cualquier responsabilidad en los hechos.
“Los daños del edificio son única y exclusivamente consecuencia del
terremoto”, explica Julio Gamboa, abogado de Numancia, y agrega que “la
responsabilidad de la inmobiliaria es haber elegido a los profesionales y
encargados de la ejecución de la obra, no ha intervenido en los actos
que constituyen la base de la responsabilidad. Se lo ha encargado a
especialistas de primer nivel. De modo que, no nos cabe la menor duda de
que no hay error en los proyectos”.
Cerca de 1.400 millones de pesos se requieren para reparar el
inmueble en su totalidad, pero la aseguradora de los departamentos
asignó alrededor de 300 millones menos, por lo que los vecinos
presentarán un reclamo en la Superintendencia de Valores y Seguros. El
edificio se encuentra deshabitado y las obras de reconstrucción en
proceso, mientras los propietarios no saben bien cómo terminarán pagando
por estas.
