Según Rae:
Malversación: Delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen o consienten que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo.
Malversar: Apropiarse o destinar los caudales públicos a un uso ajeno a su función.
Malversación: Delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen o consienten que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo.
Malversar: Apropiarse o destinar los caudales públicos a un uso ajeno a su función.
La Ley de Subvención Escolar Preferencial, SEP, fue promulgada en el 2007 y aplicada desde febrero 2008. Se anunció que esta norma se basaba en “los principios de igualdad de oportunidades, equidad y calidad de la educación”. Para ello se inyectarían fondos al “problema real” de la educación municipalizada. Por otra parte, la misión del Ministerio de Educación es entregar ese dinero al sostenedor de cada comuna. La cifra total concedida es la suma de la cantidad de alumnos de cada escuela, ya sea pública como subvencionada.
El municipio de cada comuna, a través de su sostenedor, es el encargado de repartir la torta. En una visión general el dinero debe ser ocupado para mejoras en infraestructuras, materiales y capacitación a profesores. Primordial: privilegiar la calidad de vida de cada alumno. La perversión surge cuando estos fondos son ocupados para otros fines. Algo similar pasó con la destitución de la ex Ministra de Educación Yasna Provoste. Donde se le culpó de desordenes administrativos y perder recursos públicos.
El municipio de cada comuna, a través de su sostenedor, es el encargado de repartir la torta. En una visión general el dinero debe ser ocupado para mejoras en infraestructuras, materiales y capacitación a profesores. Primordial: privilegiar la calidad de vida de cada alumno. La perversión surge cuando estos fondos son ocupados para otros fines. Algo similar pasó con la destitución de la ex Ministra de Educación Yasna Provoste. Donde se le culpó de desordenes administrativos y perder recursos públicos.
Lejos de dejar un precedente, los vicios en el sistema administrativo continúan. Así lo confirma la situación en la comuna de San Bernardo. Donde un informe de la Contraloría General de La República realizado a la Corporación Municipal de Educación estima que “de los $5.139.284.363 destinados a las diferentes escuelas, habrían llegado a su fin $1.895.938.878. Es decir, a lo menos $2.861.941.212 fueron aplicados a fines distintos de los previstos en la normativa legal citado.”
Además, el mismo informe indica que las platas no ocupadas en las escuelas recayeron en trámites de “variada naturaleza”. Es así como se pagaron remuneraciones, impuestos, cajas de compensación, consumos básicos, proveedores varios, y pago de indemnizaciones a ex funcionarios.
En lo moral este hecho es una verdadera traición a los niños. Ya que se están ocupando dineros para otros propósitos. Además, la ley Sep en ese sentido es estricta ya que indica que no pueden desviarse esos fondos. Pero se hace. No cabe lógica alguna pedir más financiamiento si no se cumple el objetivo.
No menos particular, es que para respaldar esos pagos, desde la alcaldía de San Bernardo la entrega de información carece de documentos oficiales. En su reemplazo se entregaron fotocopias, lo que no constituyen comprobantes de pago en sus documentos.
No menos particular, es que para respaldar esos pagos, desde la alcaldía de San Bernardo la entrega de información carece de documentos oficiales. En su reemplazo se entregaron fotocopias, lo que no constituyen comprobantes de pago en sus documentos.
El caso de San Bernardo no es un hecho aislado. En la comuna de San Miguel, de los 249 millones recibidos, 212 fueron depositados en fondos mutuos. A su vez, en la comuna de Pudahuel, de los 1.700 millones recibidos, 918 millones fueron usados para pagar deudas o sueldos impagos de toda la municipalidad. En Pudahuel el alcalde Johnny Carrasco declaró públicamente que habían ocupado el dinero para “otras cosas” pero que lo habían devuelto.
Una solución para estas irregularidades es que el Ministerio de Educación asuma su responsabilidad administrativa y política. Además, que fiscalice al municipio para que estos recursos estén bien entregados a cada establecimiento que lo recibe. El ministerio tiene que buscar la manera de fiscalizar mejor, al igual que la subvención tradicional (otro tema).
Ahora es el Consejo de Defensa del Estado quien debe determinar si estas irregularidades son o no malversación de fondo y busque las responsabilidades correspondientes. También, lo esencial es que cada ciudadano entienda que puede exigir transparencia y hacer las denuncias correspondientes. No hay que temer a la burocracia y reclamar para que las instituciones funcionen.
En Chile, hace mucho rato que en la educación están pasando situaciones no menos que anómalas. La educación es el pilar de la sociedad y herramienta fundamental para la derrota la pobreza. Acabar con estas praxis de la clase política es primordial. Acá se debe entender que no se cumplen con los requisitos -aumentar rendimiento en el Simce- de la ley Sep para obtener estos fondos se pueden cerrar establecimientos. Además las municipalidades se quejan de que los recursos no son suficientes. Combinación de ambas: motivo perfecto para privatizar la educación municipalizada.
Los jóvenes secundarios entienden a la perfección tal jugada, y es uno de los grandes motivos por lo que se encuentran movilizados. Hay dinero, pero no llega a destino. Existen los recursos pero son aplicados a otros asuntos, mal repartido y mal fiscalizado por las municipalidades. La Ley Sep está lejos de ser una solución. Por ello el profundo deseo de acabar con la gestión municipal y que el Estado actúe como garante de la educación. El movimiento empezó en Santiago, pero exige que abarque las periferias y las provincias, porque están conscientes que ahí el alumnado convive a diario con una precariedad superior a las de ellos. Adolescentes de entre 15 y 18 años dando a Chile una lección de civismo.
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