Publicado el 21 de diciembre del 2011
Con 56 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación al Proyecto de Acuerdo 479, que pide al Presidente de la República que instruya al Ministerio de Justicia para que revoque la personalidad jurídica de la ex Caja de Empleados Públicos debido al incumplimiento de los fines para los cuales se creó.
La iniciativa fue impulsada por el diputado Pepe Auth (PPD), quien precisó que el año pasado la Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en la ex Caja de Empleados Públicos, entre las que se cuentan pagos irregulares e injustificados de honorarios y dietas, pagos de gratificaciones que excederían los límites legales, la inclusión de gastos que se alejan de los fines propios de la institución y otros gastos que no se hallaban acreditados.
“Entre todas las irregularidades detectadas por la Contraloría destaca que la ex Caja de Empleados Públicos repartió utilidades a su personal a cuenta de gratificaciones, incrementando desproporcionadamente las remuneraciones individuales de ciertos trabajadores, todo ello a costa de los ingresos de las personas que cotizan regularmente en la entidad, los funcionarios que menores ingresos reciben en la administración del Estado”, indicó el parlamentario.
Añadió que en septiembre de 2010 la Subsecretaría de Justicia también determinó la existencia de irregularidades, como la contratación de familiares de directivos, y por ello impartió instrucciones para corregirlas, como formar una cooperativa de ahorro y crédito, reformar los estatutos e inhabilitar indefinidamente al administrador y el consejo directivo de la Caja de Ahorro.
El diputado Auth apuntó que, lejos de obedecer las instrucciones dictadas, la Caja respondió interponiendo una demanda de nulidad de derecho público en los tribunales de justicia.
“La ex Caja ha desobedecido los criterios de la Contraloría y las instrucciones de la Subsecretaría de Justicia, lo que virtualmente la deja en terreno de nadie en materia de control. Más de 50 mil trabajadores son los que se ven afectados por dicha situación, y por tanto, es necesario que se reformule la normativa que la rige, para que sea reformada conforme a estándares de operatividad y exigencias mínimas que permitan la protección real de los dineros de sus afiliados”, sostuvo el congresista.
“Entre todas las irregularidades detectadas por la Contraloría destaca que la ex Caja de Empleados Públicos repartió utilidades a su personal a cuenta de gratificaciones, incrementando desproporcionadamente las remuneraciones individuales de ciertos trabajadores, todo ello a costa de los ingresos de las personas que cotizan regularmente en la entidad, los funcionarios que menores ingresos reciben en la administración del Estado”, indicó el parlamentario.
Añadió que en septiembre de 2010 la Subsecretaría de Justicia también determinó la existencia de irregularidades, como la contratación de familiares de directivos, y por ello impartió instrucciones para corregirlas, como formar una cooperativa de ahorro y crédito, reformar los estatutos e inhabilitar indefinidamente al administrador y el consejo directivo de la Caja de Ahorro.
El diputado Auth apuntó que, lejos de obedecer las instrucciones dictadas, la Caja respondió interponiendo una demanda de nulidad de derecho público en los tribunales de justicia.
“La ex Caja ha desobedecido los criterios de la Contraloría y las instrucciones de la Subsecretaría de Justicia, lo que virtualmente la deja en terreno de nadie en materia de control. Más de 50 mil trabajadores son los que se ven afectados por dicha situación, y por tanto, es necesario que se reformule la normativa que la rige, para que sea reformada conforme a estándares de operatividad y exigencias mínimas que permitan la protección real de los dineros de sus afiliados”, sostuvo el congresista.
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