¿Qué pasó en la mesa de diálogo?

¿Qué pasó en la mesa de diálogo?

La mesa de diálogo el pasado miércoles se abocó al tratamiento de la gratuidad de la educación, una de las demandas principales de los actores sociales y que sin duda –y así lo entendíamos los que fuimos a esa mesa- provocaría una discusión larga, áspera, tensionante, toda vez que toca el ADN de los actuales gobernantes y cuyas aristas sin duda van más allá de los márgenes de lo educativo.

La metodología de trabajo fue muy discutida y al final abrieron los fuegos los actores sociales, en que universitarios, secundarios y profesores entregaron su propuesta acerca de la necesidad de implementar un sistema educativo de calidad y gratuito por parte del estado.

Previamente los actores sociales manifestaron su preocupación por el envío de un proyecto de ley para “Fortalecer el resguardo del orden público”, falso argumento gubernamental que busca criminalizar las movilizaciones estudiantiles mediante cambios en las leyes existentes, aumentado la penalización ante agresiones a carabineros, sanciones a encapuchados y violando el secreto profesional de los periodistas. Tal medida no tiene otro objetivo que amedrentar a estudiantes, profesores y a la ciudadanía en momentos en que se entra a debatir los problemas de fondo y es una clara señal del poder ejecutivo, de crear un clima más favorable para ellos, bajando la presión de una sociedad movilizada, amenazando con aumentar la represión y los castigos, lo que representa un claro retroceso y una contradicción profunda con las demandas permanentes de más democracia para Chile.

Las exposiciones de estudiantes y profesores se basó en:

1.- La educación es un derecho; es un bien social y no un bien de consumo: Chile debe regirse bajo un estado garante que asegure a todos sus habitantes, desde la educación parvularia hasta la educación superior, el derecho a la educación.

2.- La educación además de un derecho, debe asegurar a todo estudiante el acceso a una educación de calidad, concepto que debe ser ampliamente discutido para buscar un consenso sobre qué se entiende como educación de calidad.

3.- Para consagrar el derecho a la educación, deben tomarse e implementarse todas las medidas conducentes a una mayor equidad del sistema.

4.- La gratuidad de la educación asegura el término de la discriminación, de la estratificación, de la segregación, de la exclusión y de la selección; por el contrario, asegura una escuela más participativa, más democrática, más inclusiva.

El lograr esto pasa necesariamente por implementar una política económica redistributiva, en que el crecimiento económico sostenido que ha tenido nuestro país y tan elogiado mundialmente, sea acompañado de medidas efectivas para que cada uno de nosotros haga el aporte que le corresponde de acuerdo a los ingresos individuales y empresariales. Junto a ello, se hace necesario revisar el sistema de tributación del país que permite elusiones, exenciones y rebajas que según los expertos, alcanza a más de 8 mil millones de dólares, con el agravante que son justamente las grandes empresas del país las que hacen uso y abuso de estas granjerías.

Se agregó además la demanda por el término del financiamiento compartido y por la congelación de la apertura de nuevos colegios particulares subvencionados y por la aplicación inmediata de la Ley que no permite el lucro en las universidades.

Como Colegio de Profesores se planteó también que la discusión sobre desmunicipalización debe darse con una inclusión en el presupuesto de educación de una partida especial que solucione el déficit crónico que arrastra la escuela municipal. Sería insostenible el cambio del sistema administrativo con la mantención de dichos déficits.

El Ministerio de Educación en su exposición fue muy claro para plantear una rotunda negativa a la gratuidad aduciendo que “los pobres no pueden costear la educación de los ricos”, el mismo argumento profusamente difundido los días anteriores al inicio de las conversaciones, aludiendo a que los expertos dicen que una medida de este tipo es regresiva desde el punto de vista de la redistribución del ingreso.

La única oferta concreta que hicieron fue el darle gratuidad a los dos primeros quintiles (sectores más pobres) por medio de becas en la universidad y una mixtura de becas y créditos al tercer quintil. Además la congelación para el año próximo de los aranceles universitarios y la rebaja de un 6% a un 2% de los intereses de los créditos con aval del estado (CAE). Argumentan además que el aumento de los aportes para los sectores más pobres a través de la Ley SEP aminora el impacto y elimina progresivamente el financiamiento compartido.

Nuestra respuesta fue que la presentación MINEDUC no contenía nada nuevo de lo que han venido planteando por ya largos cinco meses y que denotaba la falta de voluntad del gobierno para resolver los problemas de la educación.

Las razones expuestas fueron:

1.- Eluden la gratuidad de la educación en todos sus niveles.

2.- Se niegan a una reforma tributaria, para seguir privilegiando a sectores minoritarios del país en desmedro de las grandes mayorías.

3.- Que la oferta sobre gratuidad en los tres primeros quintiles sólo se refiere al sector universitario, dejando tal como está al otro sector de la educación superior, como son los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP), el cual es totalmente privado, manteniendo el lucro y el financiamiento compartido.

4.- Que becas y créditos no necesariamente son sinónimos de gratuidad, toda vez que a las becas hay que postular, presentando antecedentes que una comisión revisa y valida para otorgar el beneficio y sobre todo porque hay distintas becas: de estudios, de alimentación, completas, parciales, etc.

5.- Que la rebaja del 6% al 2% de los interese de los CAE, puede ser un alivio para el estudiante y su familia, pero sigue privilegiando a los bancos que tienen a su cargo la administración del sistema porque el estado les sigue pagando el mismo 6%.

6.- Que la congelación de aranceles mantiene la misma desigualdad entre universidades, que por efecto del libre mercado los aranceles son diferentes para una misma carrera entre las universidades. Por ejemplo, el arancel mensual de la carrera de medicina es distinto entre la UC y las otras universidades. (Libertad de Empresa V/S Derecho a la Educación).

7.- Que el problema de la gratuidad no es un problema de dinero, porque el país tiene los ingresos suficientes que permitirían que el estado otorgue educación sea gratuita y por lo tanto es un problema político. Que lo que hay en la respuesta es simplemente una posición ideológica para mantener los privilegios de una minoría nacional y transnacional.

8.- Insistimos con estadísticas que la producción de riqueza en Chile hace posible que el estado otorgue gratuidad. Basten dos ejemplos: las utilidades del cobre alcanzó el año pasado a aproximadamente $40 mil millones de dólares, desglosados en casi $6 mil millones entregado por Codelco al estado y casi $35.000 millones de dólares sacados del país por las compañías extranjeras. El banco Central gastó casi $4 mil millones de dólares en mantener el precio del dólar que permitiera mantener controlada la inflación en Chile. Hay estudios recientes, que indican que la educación otorgada por el estado puede ser gratuita si se inyectan anualmente en el presupuesto la cantidad de $3.500 millones de dólares. Cifra inferior a las utilidades del cobre y a la suma de las utilidades de los bancos, de las AFPs, del retail, de las compañías de seguro, etc.

9.- Que las demandas estudiantiles tienen el respaldo en los informes de la OCDE, en la experiencia de países que tienen una educación gratuita y de calidad como son Noruega y Finlandia, y que el FMI le acaba de dar un tremendo espaldarazo a las demandas estudiantiles, al recomendar a los países con “una presión tributaria relativamente baja” como Chile, el aumento de los impuestos a las empresas.

Finalmente insistimos en que siendo posible la gratuidad, nadie estaba exigiendo que fuera ahora, sino que podíamos concordar un proceso gradual que permitiera que, al cabo de un tiempo y con la aplicación de un paquete de medidas, la educación otorgada por el estado fuera gratuita.

Al haber una negativa rotunda del gobierno, los estudiantes secundarios decidieron retirarse, y los universitarios y el Colegio de Profesores continuamos realizando el esfuerzo por seguir el diálogo pero con una nueva propuesta del gobierno que acogiera las demandas planteadas.

El ministro culminó, diciendo que él también esperaba una nueva propuesta de los actores sociales.

Como pueden apreciar, la intransigencia del gobierno es evidente y el término abrupto de las conversaciones tiene que ver con un gobierno sordo y ciego frente a las demandas ciudadanas y también a la dignidad con que los actores sociales hemos enfrentado este proceso, que sigue contando con la adhesión mayoritaria de la ciudadanía.

Tanto la CONFECH como la CONES y la ACES, este fin de semana determinarán los pasos futuros y sin duda que este nuevo escenario nos obliga como Colegio de Profesores a seguir intentando lograr la mayor cohesión posible con el resto de los actores sociales, sobre todo porque a nivel general las demandas son muchas y todas importantes y en especial para nosotros los temas de la desmunicipalización y el de la Carrera Profesional Docente. Les recuerdo que el proyecto de desmunicipalización el gobierno lo tiene listo; pero, solicitó al parlamento un plazo de otros 60 días para ingresarlo, o sea a fines de noviembre y sería lamentable que ingresara sin nuestra participación, discusión e intervención.

DARÍO VÁSQUEZ SALAZAR

SECRETARIO GENERAL

COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A. G.