portada-monjasparral La Madre Anita, superiora de las Misioneras Catequistas, no se presentó a la audiencia de formalización por los ilícitos que se habrían cometido en la administración de dineros del Colegio Providencia de Parral, que recibe subvenciones estatales. Está internada por “depresión con ideación suicida”, según informó el fiscal que lleva el caso. El ex subdirector del colegio, Juan Pablo Valenzuela, que mantiene una relación de extrema confianza con la religiosa, quedó detenido y fue formalizado por cuatro delitos, entre ellos hurto agravado y apropiación indebida.
Ana Águila Norambuena, la Madre Anita, no se presentó a la audiencia de formalización en la que sería acusada de “apropiación indebida” por el Ministerio Público. La superiora de las Misioneras Catequistas de la Sagrada Familia no se apersonó en el Tribunal de Garantía de Parral, como estaba previsto, porque fue internada en el Hospital San Camilo, de San Felipe. El fiscal Miguel Ángel Orellana, que investiga un millonario fraude en un colegio que esta congregación administra en Parral y que pidió la formalización de seis personas -incluida la Madre Anita-, informó que la religiosa sufre una “depresión con ideación suicida”, por lo que solicitó al Hospital San Camilo un informe con su situación clínica y se postergó su audiencia de formalización hasta el próximo 23 de noviembre.
A las 11:00 de este martes 18 de octubre se inició una de las audiencias de formalización más largas entre las que le ha tocado conocer al Tribunal de Garantía de Parral. Más de dos horas y media duró el trámite que concitó el interés de una localidad poco habituada a procesos polémicos. Y éste, en el que se acusaba a la superiora de las monjas que administran el colegio más emblemático de Parral, era precisamente uno de esos que convierten en infierno a un pueblo chico.
El fiscal Orellana, a cargo de la unidad de causas de alta complejidad del Ministerio Público del Maule, pidió al tribunal la formalización de la Madre Anita y del ex subdirector del Colegio Providencia, Juan Pablo Valenzuela, quien quedó en prisión preventiva mientras se desarrolle la investigación de la fiscalía, periodo fijado en cuatro meses, aunque es altamente probable que su defensa apele para revocar esa decisión del tribunal. Otros tres imputados -José Augusto Valenzuela, Ramón Ortega Sánchez y Luis Ortega Miranda-, quedaron con arraigo y firma mensual.
Además de Valenzuela y la Madre Anita, Orellana solicitó formalizar a otras cuatro personas, entre ellas la pareja, un hermano y el padrastro de Valenzuela. A los seis se imputan diversos delitos relacionados con apropiación de dinero del establecimiento educacional y patrimonio de la congregación religiosa, además de trámites fraudulentos para obtener préstamos de entidades bancarias.
De los seis, sólo la Madre Anita y la pareja de Valenzuela, Claudia Aravena, secretaria del colegio, no pudieron ser formalizadas. En el caso de Aravena, porque se hizo mal la notificación para que se presentara al tribunal. Al igual que la religiosa, debería comparecer el 23 de noviembre.

CUATRO DELITOS

El caso detonó junto con un reportaje realizado por CIPER en junio de este año. La investigación periodística acreditó la compra de diversas propiedades por parte de Valenzuela por un total de $133,5 millones -cifra discordante con sus ingresos en el colegio- e irregularidades en el pago de remuneraciones a profesores con cargo a la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), que aporta recursos destinados a estudiantes de familias vulnerables.
Con esos antecedentes, un grupo de religiosas, asesoradas por el abogado Daniel Castillo -ex alumno del Colegio Providencia- que rastreó las propiedades adquiridas por Valenzuela, presentó la denuncia a la fiscalía. Castillo, además, interpuso una querella este lunes 17 en nombre de tres profesores y una sicóloga del colegio.
De acuerdo con las presentaciones hechas por el fiscal Orellana y el abogado Castillo ante el tribunal, el eje de todos los ilícitos que se imputan en esta investigación sería Juan Pablo Valenzuela. Sin título de abogado ni de profesor, Valenzuela se desempeñó inicialmente como asesor legal de la congregación y luego la Madre Anita lo nombró subdirector del Colegio Providencia, uno de los nueve establecimientos administrados por las Misioneras Catequistas.
Valenzuela fue formalizado por cuatro delitos: hurto agravado, apropiación indebida, uso malicioso de instrumento privado mercantil reiterado y obtención fraudulenta de créditos bancarios. El contador del colegio, Ramón Ortega Sánchez, fue formalizado por hurto agravado. El hermano del principal imputado, José Augusto, egresado de Derecho, enfrenta cargos por uso malicioso de instrumento privado mercantil reiterado. Y el padrastro de Valenzuela, Luis Ortega Miranda, por apropiación indebida.
La fiscalía espera formalizar a la Madre Anita por apropiación indebida y a Claudia Aravena por hurto agravado.

PRÉSTAMOS QUE NO PAGABAN

La Madre Anita mantenía una relación de extrema confianza con Valenzuela. De hecho, lo nombró como subdirector en 2008 a pesar de la resistencia de otras religiosas y algunos apoderados, quienes no lo consideraban idóneo para ejercer ese cargo en un colegio católico, pues ha tenido tres hijos con diversas parejas (entre ellas una profesora y la hija de un profesor del Colegio Providencia) y ha enfrentado juicios por pensión de alimentos.
El fiscal Orellana dice que la apropiación indebida se acreditaría porque la Madre Anita le transfirió a lo menos $30 millones de pesos a Valenzuela sin que éste exhibiera solvencia para reintegrar esos montos: “Eran platas a disposición de la imputada Águila que debía administrar como representante legal del Colegio Providencia. Se las transfería por vía electrónica o se las prestaba directamente a través de cheques de la cuenta corriente del colegio”.
La apropiación indebida, asegura el fiscal, también se habría configurado porque el padrastro de Valenzuela, Luis Ortega Miranda, “permitiò la justificación de rendiciones de cuentas irreales para aumentar el patrimonio del colegio (con las subvenciones) y de esa manera poder apropiarse de esos dineros”:
-El colegio no hubiese podido ejecutar sus fines normales si las platas las hubiesen sacado solamente de las subvenciones generales, pero como sacaron de la subvención SEP y lo justificaron falsamente, eso les permitió tener una mayor cantidad de circulante para mantenerse dentro del giro del colegio, a pesar de que se estaban robando la plata. Para eso tenían a Ortega Miranda, para informarle al Ministerio de Educación que estaba todo bien. Él hacía pre-balances y con ellos justificaba los gastos de las SEP (…). Frente al ministerio era el contador externo del colegio.
Según cuenta Orellana, una forma de apropiarse de recursos provenientes de los fondos SEP era incluir en las liquidaciones de sueldo de algunos profesores bonos supuestamente pagados con esta subvención especial: “Tenemos claro que se presentaron como asignaciones SEP (en las liquidaciones), asignaciones que en realidad estaban de mucho antes para esos profesores. Hicieron complementos de los contratos para informar como SEP platas que ya se les pagaban a los profesores con anterioridad. Le cambiaban el nombre a la partida en la liquidación y le ponían SEP, pero los profesores seguían recibiendo los mismo ingresos de hace diez años. Para eso eran importantes los balances que hacía Ortega Miranda”.
Valenzuela, dice el fiscal, también habría orquestado un sistema para pedir créditos cuyas cuotas el colegio debía descontar de su liquidación de sueldo mensual, pero que al final eran pagadas por el establecimiento educacional, lo que configuraría el delito de hurto agravado:
-Usted puede pedir créditos y su empleador se los va descontando mes a mes. Pero como ellos manejaban las liquidaciones, el Colegio Providencia pagaba el crédito pero no lo descontaba de sus sueldos. Pagaban con plata del colegio créditos de consumo que sacaban en cooperativas de ahorro y crédito, los ponían con cargo a la liquidación de sueldo y después los sacaban de la liquidación. Al final, pagaba el colegio.

SUELDOS DOBLES Y CRÉDITOS

El abogado Castillo acusa que Valenzuela ordenaba pagar remuneraciones de algunos profesores con transferencias electrónicas a las cuentas bancarias de los docentes, pero luego giraba cheques por los mismos sueldos: “Estos cheques se cobraban por ventanilla y entonces se pagaba ese sueldo dos veces”.
El fiscal Orellana dice que confirmó que se giraban cheques para remuneraciones de empleados del colegio que terminaban depositados en la cuenta de Valenzuela, lo que configuraría el ilícito de uso malicioso de instrumento privado mercantil:
-Giraban cheques simulando que era para pago de remuneraciones de trabajadores y en realidad mandaba a auxiliares del colegio que los cobraban y se lo depositaba en su cuenta corriente.
Por último, Orellana sostiene que Valenzuela perjudicó a los bancos Santander, BICE y BBVA en unos 70 a 80 millones de pesos.
-Decía que era abogado y se presentaba como MBA. Presentaba liquidaciones de sueldo falsas, abultadas, porque él las manejaba y tenía al contador Ortega Sánchez para apoyarlo. Presentaba boletas de honorarios en las que señalaba recibir $8 millones, pero en realidad era plata que le pasaba uno de los colegios de la congregación (el Polivalente Las Camelias) para que lo representara en una gestión judicial, como un comparendo, por ejemplo, porque él, como no es abogado, contrataba a abogados que le hicieran la gestión. Y su polola Claudia Aravena lo ayudaba con los temas del SII. Aumentaba artificialmente su situación económica para que los bancos le dieran crédito.
La fiscalía trabajará en los próximos meses en la acreditación de los delitos imputados mediante la comparación y sistematización de documentos bancarios y contables: “Vamos a ir analizando las cartolas del colegio, las cartolas de Valenzuela, las cartolas de la imputada Águila, las liquidaciones de sueldo de los trabajadores, las liquidaciones de sueldo de Valenzuela. Vamos a darle a la investigación un respaldo pericial acorde con lo documental”.
Al finalizar la audiencia de formalización, el abogado Castillo se mostró sorprendido del respaldo que hasta ahora ha brindado la Madre Anita a Juan Pablo Valenzuela, a pesar de la duras imputaciones que hizo la fiscalía: “Ella no asistió a la audiencia, pero se presentó un escrito en que reitera su confianza en Valenzuela”.