Diputados DC concurrirán al CDE tras lapidario informe de Contraloría por millonarias irregularidades en planes pro empleo de La Araucanía
Publicado el 19 de octubre del 2011
El informe de la Contraloría señala que $733 millones no fueron "suficientemente acreditados", existiendo faltas a la ley de probidad y serios conflictos de interés.
Mañana, los diputados DC de La Araucanía, Fuad Chahín, René Saffirio y Mario Venegas concurrirán hasta el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para pedir que se estudien los antecedentes emanados desde la Contraloría General de la República que determinó la existencia de numerosas irregularidades y faltas a la ley en los planes pro empleo. El informe de la Contraloría señala que $733 millones no fueron "suficientemente acreditados".
El informe, que fue solicitado por el diputado Chahín, señala -entre otras conclusiones- que las irregularidades que involucran a las empresas consultoras y a los beneficiarios de los planes de empleo generados en la región (PGE), tienen relación con “la vulneración al principio de legalidad en el gasto público”, detectándose, además, que “no se realizó una fiscalización adecuada”, acreditándose casos de conflictos de interés en algunas empresas.
Por lo anterior, los diputados DC esperan que el Consejo de Defensa del Estado evalúe la posibilidad de hacerse parte en este caso, “pues se trata de recursos públicos, de todos los chilenos, que deben ser utilizados como corresponde, en el marco de la ley y con transparencia”.
Según la Contraloría, no hubo una licitación, sino una "modalidad de trato directo" para la ejecución de los planes de empleo. Sin embargo, algunas empresas iniciaron sus actividades "durante la ejecución del programa". En esa línea, la entidad verificó que algunos contratos "no se encuentran contemplados en el marco presupuestario".
Asimismo, la Contraloría advirtió que la intendencia de La Araucanía, cuyo intendente es Andrés Molina, "no ha dado cabal cumplimiento" a la supervisión y control de los proyectos, encontrando conflictos de interés -relaciones de parentesco- entre quienes debían fiscalizar y algunos miembros de las empresas contratadas.
Entre otras irregularidades pesquisadas por el organismo, el informe dice que los beneficiarios incumplen los requisitos establecidos en la normativa, pues no fueron proporcionadas herramientas y vestimentas de seguridad para la puesta en práctica de los planes, y hubo carencia de supervisión por parte de las empresas ejecutoras.
El informe, que fue solicitado por el diputado Chahín, señala -entre otras conclusiones- que las irregularidades que involucran a las empresas consultoras y a los beneficiarios de los planes de empleo generados en la región (PGE), tienen relación con “la vulneración al principio de legalidad en el gasto público”, detectándose, además, que “no se realizó una fiscalización adecuada”, acreditándose casos de conflictos de interés en algunas empresas.
Por lo anterior, los diputados DC esperan que el Consejo de Defensa del Estado evalúe la posibilidad de hacerse parte en este caso, “pues se trata de recursos públicos, de todos los chilenos, que deben ser utilizados como corresponde, en el marco de la ley y con transparencia”.
Según la Contraloría, no hubo una licitación, sino una "modalidad de trato directo" para la ejecución de los planes de empleo. Sin embargo, algunas empresas iniciaron sus actividades "durante la ejecución del programa". En esa línea, la entidad verificó que algunos contratos "no se encuentran contemplados en el marco presupuestario".
Asimismo, la Contraloría advirtió que la intendencia de La Araucanía, cuyo intendente es Andrés Molina, "no ha dado cabal cumplimiento" a la supervisión y control de los proyectos, encontrando conflictos de interés -relaciones de parentesco- entre quienes debían fiscalizar y algunos miembros de las empresas contratadas.
Entre otras irregularidades pesquisadas por el organismo, el informe dice que los beneficiarios incumplen los requisitos establecidos en la normativa, pues no fueron proporcionadas herramientas y vestimentas de seguridad para la puesta en práctica de los planes, y hubo carencia de supervisión por parte de las empresas ejecutoras.
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