Sara Larraín denunció que los gobiernos de turno no pueden deshacerse de bienes públicos sin consultar al Parlamento, luego de conocerse el plan de enajenación de acciones en empresas sanitarias por parte de Corfo. La ambientalista apunta que hay “grupos muy pequeños que se han enriquecido de manera obscena e inaceptable”.
La ONG Chile Sustentable denunció graves irregularidades en el proceso en que Corfo declara enajenarse de acciones en las principales empresas sanitarias del país. El riesgo que significa para el Estado la pérdida de importantes ingresos financieros y el control estratégico de recursos naturales es un peligro que su directora, Sara Larraín, ha señalado como una operación donde se desfavorece el patrimonio estatal y la soberanía.
Entrevistada en la tercera versión de Radioanálisis, Larraín denuncia graves subterfugios de parte del gobierno de Sebastián Piñera al no consultar al Parlamento por bienes de uso público, que pertenecen a todos los chilenos, y que hoy su potestad es traspasada a empresas transnacionales y grandes fortunas del país.
¿En qué situación se encuentra la enajenación de acciones en empresas sanitarias de parte del Estado?
Nosotros hemos estado trabajando en conjunto con la Federación Nacional de Sindicatos de Empresas Sanitarias, en contra de este proceso terminal de enajenación y privatización de propiedad de acciones de empresas públicas, las sanitarias más importantes del país. En ellas el Estado se quedó con un porcentaje importante entre 30 y 40 por ciento, y el gobierno de Sebastián Piñera ha decidido vender estas acciones sin el consentimiento del Congreso Nacional, utilizando un subterfugio en el cual a elementos que son “bienes públicos” les ha puesto el título de “bienes públicos prescindibles”.
¿Cuál es la respuesta que ha entregado el gobierno ante este tema?
El vicepresidente de Corfo, Hernán Cheyre, ha señalado que el fundamento de esta venta es contar con recursos frescos para apoyar a las Pymes, en circunstancias que éstas son las empresas más rentables que tiene el Estado, en las que Corfo ha mantenido proyectos de innovación en distintos sectores productivos. Esto es contradictorio y el proyecto de gobierno es una posición ideológica de privatizar todo lo que queda bajo propiedad de los chilenos.
¿Bajo qué argumentos se considera como inconstitucional este hecho?
Lo ha señalado el informe constitucional de la semana pasada, presentación en la comisión de Obras Públicas del Senado, esta venta sería inconstitucional en la medida que los bienes públicos del Estado no pueden ser enajenados por gobiernos de turno, sino que requieren una consulta al Congreso Nacional, lo que ahora no se ha realizado.
¿Qué salidas tiene este tema en relación con detener la privatización de sanitarias?
Se planteó que durante el período de Ricardo Lagos, en contexto del acuerdo comercial con la Unión Europea, se habría suspendido esta cláusula, pero no hay reforma constitucional que elimine la consulta al Parlamento. Por lo que hay un espacio entendible, los parlamentarios pueden utilizar para cuestionar la venta de este tipo de activos estratégicos, como son las acciones estatales en las sanitarias, porque refieren al saneamiento básico que, además, han sido declarados los nuevos derechos humanos fundamentales. Se ha incorporado este nuevo derecho humano, y que el Estado no conserve autoridad para asegurar este bien público, es una situación muy cuestionable de la perspectiva política.
¿Qué antecedentes existen en Chile que expliquen este proceso de privatizar las sanitarias?
El proceso de privatización del porcentaje de las sanitarias comenzó en el gobierno del presidente Eduardo Frei, y luego con las empresas más pequeñas en el gobierno de Ricardo Lagos. Sin embargo, dado que son sectores estratégicos, el Estado se reservó una parte importante con el objetivo de tener representación en los directorios y asegurar un servicio fundamental para la población. Particularmente en los casos de derechos de agua, no sería enajenación sino la reserva de intervención estatal con el objetivo de asegurar este bien estratégico.
¿Cuál es el subterfugio argumentado por el gobierno para iniciar esta enajenación de derechos?
Corfo señaló que se habría reservado los derechos de agua y un 5 por ciento para cumplir con el mandato constitucional, porque el tratado con la UE no es superior a la Constitución. Lo que hizo el gobierno es un subterfugio al reservarse 5 por ciento y los derechos de agua para tener la justificación que el Estado conserva el capital de esta empresa, derechos definidos como bienes nacionales de uso público. Hay una aplicación bastante ambigua de la aplicación que hace Corfo.
¿Cuál es el contexto internacional de esta situación?
Hoy, a nivel mundial todavía más de 80 por ciento de los servicios de agua potable son públicos, porque en servicios estratégicos como éste los Estados han entregado la gestión de una empresa, pero no el recurso natural que sustenta el servicio, considerado estratégico. En la Unión Europea, las empresas hídricas y energía tienen control del Estado por ser un punto estratégico, es lo mismo que pasa con la minería. Pero acá estamos viendo una doctrina distinta, donde el Estado se deshace de bienes públicos que deben mantenerse en dominio público por un asunto de soberanía, y limitarse a una gestión del agua potable, pero no un manejo sobre el recurso.
¿Por qué la legislación chilena permite este tipo de subterfugios privatizadores?
Estas leyes fueron aprobadas cuando no había partidos políticos ni Congreso Nacional, entonces elementos como energía, educación, agua, salud o pensiones, hoy son bienes que el Estado debe resguardar pero han sido enteramente privatizados. En casos como La Polar hemos visto la vulnerabilidad de los ciudadanos, lo que no representa la garantía que debe representar el Estado como ente regulador del bien común.
¿Cuáles son las contradicciones del gobierno en este proceso?
El vicepresidente de Corfo ha señalado que esto va directo a financiar el terremoto, después dijo que va a la extensión del Metro, ahora dice que es garantía para las Pymes, entonces siempre cambia el argumento, pero el subterfugio de reservarse el 5 por ciento y los derechos de agua es para no caer en la inconstitucionalidad absoluta. Esto es un perjuicio para todos los chilenos, estas empresas son más rentables y seguras, como Enap y otras, donde el Estado mantiene propiedad. No debiéramos desprendernos de estas empresas porque dan gran cantidad de recursos para temas sociales.
¿Hay antecedentes que permitan dilucidar qué pasaría de efectuarse la enajenación?
En el caso Hidroaysén, nos damos cuenta que es un proyecto posible porque dos empresas tienen los derechos de agua del río Pascua y Baker, hay una apropiación de bienes públicos en manos de dos empresas. Nos dimos cuenta que estas dos empresas dominan el 70 por ciento de la generación del Sistema Interconectado Central (SIC), y con el trazado nos damos cuenta que el grupo Matte tiene 24 predios por donde pasa el tendido eléctrico, aprobado porque ellos pasan el trazado por sus predios. Estamos viendo que hay un puñado de personas que se apropió de los bienes de todos los chilenos, en innumerables casos donde dejan ver una situación de la repetición de un marco legal que ha permitido una expropiación generalizada de bienes públicos para grupos muy pequeños que se han enriquecido de manera obscena e inaceptable.
¿Cuáles son las acciones a realizar por Chile Sustentable (y la ciudadanía) en este ámbito?
Debemos impugnar legalmente estos acuerdos, aquí no hay ningún control. En el caso de Aguas Andinas, meses antes el directorio firmó un contrato con Gener para traspasar infraestructura que necesitaban para el proyecto Alto Maipo. Tenemos a Hernán Cheyre que pasa la infraestructura de agua potable de Santiago, luego se deshace de las acciones de todos los chilenos, un hecho inaceptable. Nosotros vamos a impugnar este tipo de contratos, estamos trabajando con parlamentarios para impugnar contratos que enajenan la infraestructura con dedicación exclusiva para agua potable. No solo se privatiza la empresa, se privatiza la fuente de agua, las aguas servidas, a pesar que pagamos el tratamiento, es una ambición que no tiene límites y debemos pararla.
¿Es compleja la situación del Estado y la ciudadanía respecto a defender su soberanía?
Aquí hay un enorme desafío que implica la necesidad de revertir la situación o poner exigente la ley de servicios sanitarios. Las aguas servidas son pagadas por los ciudadanos para su tratamiento, y una vez que cobran, deben devolver el agua a los ríos, pero se le quería vender a las mineras. Aquí simplemente, es un poco mucho como se dice a la chilena, simplemente no hay estado de derecho, es una mafia de piratería donde los ciudadanos pagamos el servicio y las empresas cobran doble para todos lados. Los chilenos pagan cada vez más por el agua, y las sanitarias son empresas que se están llevando utilidades salvajes.
Entrevistada en la tercera versión de Radioanálisis, Larraín denuncia graves subterfugios de parte del gobierno de Sebastián Piñera al no consultar al Parlamento por bienes de uso público, que pertenecen a todos los chilenos, y que hoy su potestad es traspasada a empresas transnacionales y grandes fortunas del país.
¿En qué situación se encuentra la enajenación de acciones en empresas sanitarias de parte del Estado?
Nosotros hemos estado trabajando en conjunto con la Federación Nacional de Sindicatos de Empresas Sanitarias, en contra de este proceso terminal de enajenación y privatización de propiedad de acciones de empresas públicas, las sanitarias más importantes del país. En ellas el Estado se quedó con un porcentaje importante entre 30 y 40 por ciento, y el gobierno de Sebastián Piñera ha decidido vender estas acciones sin el consentimiento del Congreso Nacional, utilizando un subterfugio en el cual a elementos que son “bienes públicos” les ha puesto el título de “bienes públicos prescindibles”.
¿Cuál es la respuesta que ha entregado el gobierno ante este tema?
El vicepresidente de Corfo, Hernán Cheyre, ha señalado que el fundamento de esta venta es contar con recursos frescos para apoyar a las Pymes, en circunstancias que éstas son las empresas más rentables que tiene el Estado, en las que Corfo ha mantenido proyectos de innovación en distintos sectores productivos. Esto es contradictorio y el proyecto de gobierno es una posición ideológica de privatizar todo lo que queda bajo propiedad de los chilenos.
¿Bajo qué argumentos se considera como inconstitucional este hecho?
Lo ha señalado el informe constitucional de la semana pasada, presentación en la comisión de Obras Públicas del Senado, esta venta sería inconstitucional en la medida que los bienes públicos del Estado no pueden ser enajenados por gobiernos de turno, sino que requieren una consulta al Congreso Nacional, lo que ahora no se ha realizado.
¿Qué salidas tiene este tema en relación con detener la privatización de sanitarias?
Se planteó que durante el período de Ricardo Lagos, en contexto del acuerdo comercial con la Unión Europea, se habría suspendido esta cláusula, pero no hay reforma constitucional que elimine la consulta al Parlamento. Por lo que hay un espacio entendible, los parlamentarios pueden utilizar para cuestionar la venta de este tipo de activos estratégicos, como son las acciones estatales en las sanitarias, porque refieren al saneamiento básico que, además, han sido declarados los nuevos derechos humanos fundamentales. Se ha incorporado este nuevo derecho humano, y que el Estado no conserve autoridad para asegurar este bien público, es una situación muy cuestionable de la perspectiva política.¿Qué antecedentes existen en Chile que expliquen este proceso de privatizar las sanitarias?
El proceso de privatización del porcentaje de las sanitarias comenzó en el gobierno del presidente Eduardo Frei, y luego con las empresas más pequeñas en el gobierno de Ricardo Lagos. Sin embargo, dado que son sectores estratégicos, el Estado se reservó una parte importante con el objetivo de tener representación en los directorios y asegurar un servicio fundamental para la población. Particularmente en los casos de derechos de agua, no sería enajenación sino la reserva de intervención estatal con el objetivo de asegurar este bien estratégico.
¿Cuál es el subterfugio argumentado por el gobierno para iniciar esta enajenación de derechos?
Corfo señaló que se habría reservado los derechos de agua y un 5 por ciento para cumplir con el mandato constitucional, porque el tratado con la UE no es superior a la Constitución. Lo que hizo el gobierno es un subterfugio al reservarse 5 por ciento y los derechos de agua para tener la justificación que el Estado conserva el capital de esta empresa, derechos definidos como bienes nacionales de uso público. Hay una aplicación bastante ambigua de la aplicación que hace Corfo.
¿Cuál es el contexto internacional de esta situación?
Hoy, a nivel mundial todavía más de 80 por ciento de los servicios de agua potable son públicos, porque en servicios estratégicos como éste los Estados han entregado la gestión de una empresa, pero no el recurso natural que sustenta el servicio, considerado estratégico. En la Unión Europea, las empresas hídricas y energía tienen control del Estado por ser un punto estratégico, es lo mismo que pasa con la minería. Pero acá estamos viendo una doctrina distinta, donde el Estado se deshace de bienes públicos que deben mantenerse en dominio público por un asunto de soberanía, y limitarse a una gestión del agua potable, pero no un manejo sobre el recurso.
¿Por qué la legislación chilena permite este tipo de subterfugios privatizadores?
Estas leyes fueron aprobadas cuando no había partidos políticos ni Congreso Nacional, entonces elementos como energía, educación, agua, salud o pensiones, hoy son bienes que el Estado debe resguardar pero han sido enteramente privatizados. En casos como La Polar hemos visto la vulnerabilidad de los ciudadanos, lo que no representa la garantía que debe representar el Estado como ente regulador del bien común.
¿Cuáles son las contradicciones del gobierno en este proceso?
El vicepresidente de Corfo ha señalado que esto va directo a financiar el terremoto, después dijo que va a la extensión del Metro, ahora dice que es garantía para las Pymes, entonces siempre cambia el argumento, pero el subterfugio de reservarse el 5 por ciento y los derechos de agua es para no caer en la inconstitucionalidad absoluta. Esto es un perjuicio para todos los chilenos, estas empresas son más rentables y seguras, como Enap y otras, donde el Estado mantiene propiedad. No debiéramos desprendernos de estas empresas porque dan gran cantidad de recursos para temas sociales.
¿Hay antecedentes que permitan dilucidar qué pasaría de efectuarse la enajenación?
En el caso Hidroaysén, nos damos cuenta que es un proyecto posible porque dos empresas tienen los derechos de agua del río Pascua y Baker, hay una apropiación de bienes públicos en manos de dos empresas. Nos dimos cuenta que estas dos empresas dominan el 70 por ciento de la generación del Sistema Interconectado Central (SIC), y con el trazado nos damos cuenta que el grupo Matte tiene 24 predios por donde pasa el tendido eléctrico, aprobado porque ellos pasan el trazado por sus predios. Estamos viendo que hay un puñado de personas que se apropió de los bienes de todos los chilenos, en innumerables casos donde dejan ver una situación de la repetición de un marco legal que ha permitido una expropiación generalizada de bienes públicos para grupos muy pequeños que se han enriquecido de manera obscena e inaceptable.¿Cuáles son las acciones a realizar por Chile Sustentable (y la ciudadanía) en este ámbito?
Debemos impugnar legalmente estos acuerdos, aquí no hay ningún control. En el caso de Aguas Andinas, meses antes el directorio firmó un contrato con Gener para traspasar infraestructura que necesitaban para el proyecto Alto Maipo. Tenemos a Hernán Cheyre que pasa la infraestructura de agua potable de Santiago, luego se deshace de las acciones de todos los chilenos, un hecho inaceptable. Nosotros vamos a impugnar este tipo de contratos, estamos trabajando con parlamentarios para impugnar contratos que enajenan la infraestructura con dedicación exclusiva para agua potable. No solo se privatiza la empresa, se privatiza la fuente de agua, las aguas servidas, a pesar que pagamos el tratamiento, es una ambición que no tiene límites y debemos pararla.
¿Es compleja la situación del Estado y la ciudadanía respecto a defender su soberanía?
Aquí hay un enorme desafío que implica la necesidad de revertir la situación o poner exigente la ley de servicios sanitarios. Las aguas servidas son pagadas por los ciudadanos para su tratamiento, y una vez que cobran, deben devolver el agua a los ríos, pero se le quería vender a las mineras. Aquí simplemente, es un poco mucho como se dice a la chilena, simplemente no hay estado de derecho, es una mafia de piratería donde los ciudadanos pagamos el servicio y las empresas cobran doble para todos lados. Los chilenos pagan cada vez más por el agua, y las sanitarias son empresas que se están llevando utilidades salvajes.
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