FERNANDO PAULSENPartamos por el contrato original. Respondiendo a una propuesta pública, en noviembre del 2006, la empresa constructora Kodama se adjudica la ejecución del Corredor del Transantiago Pedro Aguirre Cerda, que debía recorrer cuatro comunas, por un monto cercano a los $25.000 millones. Todos estos contratos son reconocidamente complejos, llenos de claúsulas y tiempos de entrega que muchas veces se dilatan, por lo que cuando la empresa cree que la tardanza es responsabilidad del contratante, en este caso el Serviu, le cobra por los gastos generales extras incurridos.
Así pasó con Kodama. El contrato original sufrió varias modificaciones por diversas razones, la empresa terminó normalmente buena parte de las obras, que entraron en uso público, hasta que a fines del 2009 Kodama le pide al Serviu que le pague los gastos generales extras. El cálculo de la empresa es que se le deben aproximadamente $7.000 millones. Esa cantidad de plata como exceso de gasto presupuestado es lo suficientemente grande como para ameritar que el Serviu hiciera sus propios chequeos. Se convoca la opinión de la Subdirección de Pavimentación, la Subdirección Jurídica, el Director de la Obra y se llega a la conclusión de que hay gastos generales que deben pagarse a Kodama, pero sólo por $500 millones. Una discrepancia de $6.500 millones.
No se me pierda, que se pone muy interesante. El Director del Serviu de entonces, Andrés Silva, emite la Resolución 134, el 16 de febrero del 2010, autorizando cancelarle a Kodama mayores gastos generales por casi $500 millones. Acto seguido envía, como corresponde, la Resolución a la Contraloría General de la República para su toma de razón. Ojo con los tiempos porque van a ser muy importantes.
Ocho meses después, ya en el nuevo gobierno de Sebastián Piñera, el 25 de agosto del 2010, la Contraloría termina su propia investigación sobre el contrato y los excesos de gastos generales y concluye que el Serviu está equivocado. Fijando un criterio clave, la Contraloría determina que no se puede cobrar por demoras en un sector minoritario un monto calculado teniendo como base el valor del contrato completo. Por lo que Kodama sí es merecedor de un mayor precio, pero ya no de $500 millones, sino sólo de poco más de $95 millones. Como sólo debe ajustarse el monto, se utiliza la misma Resolución 134 firmada por Silva, se le aplica Liquid Paper donde dice $500.000.000 y se le reemplaza por $ 95.348.129. Esto no es broma y es legal, como lo muestra la toma de razón definitiva de Contraloría, con el nuevo monto, el 6 de octubre del 2010.
El reclamo de gastos generales extras de Kodama, que partió en noviembre del 2009, había tomado once meses en estar listo para ser pagado.
De ahora en adelante los tiempos cambian en velocidad y los reclamos en sus valores. El 15 de diciembre del 2010, Kodama presenta una demanda ante el Décimo Juzgado Civil de Santiago, solicitando el pago de $41.550 millones por gastos generales extras derivados de los retrasos ya mencionados. ¿Que no eran $7.000 millones los que solicitaban por lo mismo un año antes? Bueno, sí, pero ahora ese monto había crecido en un 493%.
El 25 de enero del 2011, en un tiempo récord de aproximadamente un mes, se emite uno de los decretos más raros que haya conocido el Ministerio de la Vivienda. Es el Decreto Exento No. 8, firmado por la ministra Magdalena Matte. Luego de dar cuenta en los Considerandos a) y b) básicamente del contrato, la discrepancia y la demanda por $41.550 millones, se llega a los Considerandos c) y d) que son de antología:
En el c) se señala que "el Serviu, contestando la demanda, ha solicitado al Tribunal que la misma sea rechazada en todas sus partes...". A renglón seguido, en el Considerando d) se cambia de opinión y el nuevo Director del Serviu Metropolitano, Antonio Llompart, presenta un acuerdo de transacción judicial donde se le ofrece pagar a Kodama la suma de 774.765 UF, más o menos $17.000 millones, a cambio de finiquitar el conflicto.
¡Plop!
Primero pedían 7.000, el Serviu ofreció $500, la Contraloría lo rebajó a $95, la empresa demandó por $41.550, el Serviu responde como jet que se rechaza el reclamo en todas sus partes, pero su Director horas más tarde recapacita y ofrece pagarle a la empresa $17.000, todas las cifras en millones. Diez meses pasaron entre los $7.000 y los $95 y sólo 40 días entre la demanda de $41.550 y la oferta del Minvu de $17.000 millones.
El director del Serviu, Antonio Llompart, a pesar de que su servicio creía que no correspondía, a la velocidad del rayo se formó el convencimiento de que había que pagarle a Kodama. El 21 de enero del 2011 ya tenía las bases del acuerdo redactadas en su Oficio 53 y cuatro días más tarde lograba exitosamente tramitar la autorización de la ministra a través del Decreto Exento No. 8. Este documento lleva dos firmas, la ya mencionada de la ministra Matte y la de Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda subrogante. Porque se me olvidaba mencionar un sospechoso detalle: en la acelerada tramitación judicial de la exitosa demanda de Kodama, justo cuando el Minvu ofrecía el equivalente a 1.500 viviendas sociales como pago a la empresa, el subsecretario titular, Andrés Iacobelli, estaba de vacaciones, por lo que todo este asunto no le fue informado y no pudo dar su opinión. Cuando Iacobelli vuelve a su oficina y se le solicita procure los fondos del acuerdo de parte del Ministerio de Hacienda, el subsecretario ve el monto e inicia el proceso que tiene hoy paralizado el pago y al Idiem investigando si corresponde cancelar lo que ya la ministra había decretado que tenía que pagarse.
En todo caso, deshacer lo que se acordó judicialmente no es cuestión de negarse a pagar y punto. Entre otras cosas porque este acuerdo está ejecutoriado. Y como los abogados de Kodama, según se habrá visto, no son nada de giles, solicitaron a principios de marzo un certificado del Tribunal, el que se les proveyó, quedando solamente pendiente el pago de lo acordado.
A raíz de un escrito que el senador Alejandro Navarro envió a la Contraloría relatando algunos pormenores de esta historia, hay un equipo de esa repartición investigando a fondo esta transacción en el Minvu. Se espera que muy pronto evacue un informe al respecto.
Vamos a hacer en este posteo, por ahora, sólo dos preguntas: desde que se presenta la demanda de Kodama hasta que el director del Serviu descubre que hay que pagar $17.000 millones, ¿cuántos informes técnicos se solicitaron dentro y fuera del servicio, incluyendo al Consejo de Defensa del Estado, para sustentar la posibilidad de adeudar un monto semejante al ofrecido? Segundo, ¿quién puede convencer a una ministra de Estado en sólo cuatro días, si no existen esos estudios, de que hay que pagar una compensación gigantesca por lo que la Contraloría y el propio Serviu, en la respuesta a la demanda de Kodama, ya habían determinado que no correspondía?
Si esto es condoro ministerial, fuera de inverosímil por las sospechosas velocidades de tramitación, puede terminar siendo muy costoso para el Estado. Si no es error y es diseño, entonces habrá que afirmarse porque este ministerio lo va a pasar muy mal.
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