Contraloría ordena sumarios en la Superintendencia de Bancos por usar dinero fiscal para posgrados

21 de Abril de 2011

Durante el gobierno de Bachelet

La SBIF, en su oficio de respuesta, argumentó que la legislación que opera para todos los organismos del Estado no le era aplicablable, toda vez que la autorización provino del Ministerio de Hacienda.

por Jorge Molina Sanhueza

La Contraloría ordenó dos sumarios administrativos en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), luego que descubriera que la entidad, usando dineros fiscales, pagó cursos de magister y postítulos a varios funcionarios, pese a estar expresamente prohibido por la ley.  Esto, en 2009, mientras la entidad estuvo dirigida por Gustavo Arriagada, durante el gobierno de Michelle Bachelet.
El organismo fiscalizador estimó que a través de una investigación interna se debe determinar quién o quiénes fueron los responsables de autorizar dicha práctica.
Una vez que se finalice esta indagatoria es altamente probable que la Contraloría ordene a los beneficiarios de estos dineros devolverlos a las arcas del Estado. Estos últimos alcanzan a más de 119 millones y apuntan respecto a 6 cursos de magíster y 7 postítulos.

Una vez que se finalice esta indagatoria es altamente probable que la Contraloría ordene a los beneficiarios de estos dineros devolverlos a las arcas del Estado. Estos últimos alcanzan a más de 119 millones y apuntan al período de 2009 respecto a 6 magíster y 7 postítulos.

La SBIF en su oficio de respuesta argumentó que la legislación que opera para todos los organismos del Estado no le era aplicablable, toda vez que la autorización provino del Ministerio de Hacienda.
La entidad revisora, sin embargo, estimó que la interpretación no era válidad y mantuvo la observación a la institución dirigida actualmente por Carlos Budnevich.
En la misma línea, se iniciará otro sumario, esta vez debido a que la SBIF entregaba a sus funcionarios cheque restorán de la empresa Sodexho para colaciones, algo que también está prohibido por ley según la Contraloría.
La respuesta de la SBIF fue similar al caso de los estudios de postítulo y el monto cuestionado asciende a $ 272 millones.
Hay que recordar que la SBIF estuvo recientemente en el ojo de la noticia, por el cambio de criterio con las “ventas atadas” de los bancos asociadas al contrato de créditos. En una primera instancia la entidad indicó que el objetivo era proteger a los consumidores. El diputado Fuhad Chaín, dijo que el superintendente Carlos Budnevich, sostuvo reuniones e intercambio de opiniones con la Asociación de Bancos lo que determinó la modificación del criterio.