Los textos escolares en la mira

Rodrigo Alarcón López

La Fiscalía Nacional Económica ya recibió denuncias por eventuales abusos contra consumidores y colusión por parte de las editoriales de textos escolares. Sólo entre Santillana y S&M se concentra casi el 80% de los libros de estudio que piden los colegios. Comerciantes denuncian que los precios suben “de la mano”, mientras los apoderados están obligados a comprar ediciones “actualizadas” que no tienen diferencias con las antiguas y más caras. Un mercado bajo sospecha.

Las reglas del mercado de los textos escolares están cuestionadas luego que esta semana la Fiscalía Nacional Económica (FNE) recibiera dos denuncias por una posible colusión entre las mayores editoriales, Santillana y S&M, las que controlan casi el 80 por ciento del mercado.
“Es que alguien tiene que ponerle el cascabel al gato”, es una frase que se repite entre los comerciantes de calle San Diego. Miguel Espinoza Parada, quien el lunes presentó una denuncia por conductas atentatorias contra la libre competencia, se extiende en su local sobre las prácticas de las editoriales: “Tenemos visto y revisado que ellos suben los mismos precios. O sea, de 2007 a 2008 el libro costaba $17.000 en las dos editoriales; al otro año, lo subieron a $19.300; al otro año, lo subieron a $22.00. Van juntos, siempre de la mano. Eso es colusión”, explica.
Héctor Sandoval, en su local junto a la Casa Central de la Universidad de Chile, sintetiza otra denuncia de los comerciantes: la aparición de nuevas ediciones que traen exactamente los mismos contenidos, pero con un sello que la cataloga como “actualizada”, justo la que piden en los colegios. “Los proyectos nuevos no tienen un cambio general, sino mayormente de tapa, de marketing, y eso no lo entiende la gente”. El locatario toma libros de 2010 y 2011 para la misma asignatura y el mismo curso, y compara: “La diferencia entre un libro y otro libro, es simplemente que separaron un libro grueso y lo dividieron en dos, eso es todo. Los contenidos son exactamente iguales. Y el precio del nuevo es $26.500 y el del año pasado, $22.000. Y la gente está obligada a comprar el que vale $26.500”, dice.
Esa práctica, dicen los vendedores de San Diego, les significa pérdidas millonarias, ya que los libros de 2010 -iguales a los que el público buscó este mes de marzo- prácticamente no se venden. El margen de ganancia, agregan, es mínimo: “Hacen un libro en 2008, después hacen el mismo libro en 2009, le cambian la tapa y le ponen nueva edición. Viene una mamá y dice ‘necesito el libro de 8º de Castellano’. Yo le paso el libro que tengo y me dice ‘no, me dijeron que era de tapa naranja y éste es tapa blanca’. Fuimos a la editorial a comprar el de tapa naranja, los revisamos y eran iguales. Nos tuvimos que comer las tapas blancas. Y nos contesta el gerente que los venda más barato… seguro que él me los vendió más baratos a mí”, ironiza Miguel Espinoza.
El mismo día en que el librero llegó a la FNE, un grupo de diputados UDI se reunieron con el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, para que la entidad tome el caso. “Hay un mercado millonario y poco transparente y una concentración de actores.  Queremos que se investigue un eventual abuso a los consumidores, porque cuando los padres no tienen posibilidad de elegir entre precios dentro de la capital, y con mayor fuerza en regiones, donde casi no existen diferencias de precios, es cuando creemos que puede haber un abuso a consumidores”, señala la diputada María José Hofmann.
Un sistema vicioso
Los parlamentarios se basan en el estudio divulgado por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), que constató que el 78,5% de los libros que más se piden en las listas de útiles son de las dos editoriales mayores. De los 341 textos estudiados por el servicio, 150 pertenecen a Santillana (43,99%) y 118, a S&M (34,6%).
Según el Sernac, la mayor parte del presupuesto familiar para útiles y uniformes escolares se ocupa en libros: hasta $170 mil solo en un niño o adolescente. Cotizar, añade el estudio, en muchos casos no ayuda: en casi un tercio de los libros estudiados, las diferencias de precios no superan los $200.
La diputada Hoffmann, sin embargo, no se atreve a hablar de colusión: “No queremos hacer un análisis apresurado y ser muy responsables. Ya conocemos casos como el de las farmacias o remedios, así que queremos que se investigue. Yo no hablaría de colusión, los juicios hay que hacerlos después”, dice.
Consultada por Radio Universidad de Chile, una fuente que trabajó en colegios y una editorial, sin embargo, confirma que el mercado de los textos escolares no es nada de inocente. “Es vicioso el sistema y la editorial es un negocio también. No tienen que perder plata, tienen que velar por sus números”, resume, ratificando las acusaciones de los libreros.
Las firmas, por otra parte, elaboran intencionalmente libros con actividades que los dejan rayados, recortados y, finalmente, inutilizables. “El libro tiene que ser fungible, que se recorten, que tenga líneas donde escriban lo más posible, de tal manera que el próximo año haya que comprar otro libro”, relata la misma fuente.
La constante renovación es impulsada además por la fuerte competencia entre las dos mayores editoriales que producen textos escolares, que cada vez incorporan más recursos didácticos, complementos digitales y hasta tecnología en 3D.  Si un libro no funciona bien en el mercado, entonces, es necesario renovarlo rápidamente.
Otro asunto es la abismante diferencia de precios entre los libros que las mismas editoriales venden al Mineduc, para su distribución en colegios municipales y subvencionados, y los que se comercializan para establecimientos privados. El Estado gasta solo $1.500 en promedio por cada texto, que tiene menos páginas y recursos que los usados en colegios particulares, por los cuales se desembolsan cerca de $25.000 en promedio, según el Sernac. Los costos de distribución, las economías de escala y hasta la calidad del papel influyen en la diferencia de precios, argumentan las editoriales.
Las denuncias ante la FNE provocaron que la Cámara Chilena del Libro emitiera una declaración pública en que señala que “las nuevas ediciones de los textos escolares obedecen a los ajustes curriculares que el Ministerio de Educación realiza en forma periódica de acuerdo a distintos parámetros (…)  Éste es el único factor que influye en la decisión de abordar nuevas ediciones, por lo que no es efectivo que ésta se vea motivada por razones comerciales”. Más aun, el comunicado agrega que cada ajuste curricular deja obsoletos los contenidos “e impiden la posterior comercialización de los volúmenes, lo que constituye una merma que debe ser absorbida por las propias editoriales”.
Editorial Santillana señaló que no emitiría más declaraciones sobre el tema, porque “ya expuso su punto”, mientras que S&M declinó de referirse al tema, sin que exista una versión de parte de quienes son favorecidos por esta situación.