Por Camilo Navarro O. Sociólogo. Partido de Izquierda (PAIZ) – Colaborador de “Politika”.
A las ya clásicas Piñericosas, se han sumado no pocas declaraciones insólitas de sus ministros. Ena Von Fail fue el apodo que la vocera recibió por destacarse en las artes de expedir afirmaciones para las que luego hay que elaborar marañas de explicaciones.
Rodrigo Hinzpeter pareciera ser de los pocos que hablan pausadamente para lograr con éxito una adecuada coordinación entre el pensamiento y la exteriorización conveniente de este. No fue el caso de ayer jueves 24, cuando se despachó la preocupante afirmación “asesinar a un policía, aunque suene duro, es más grave que asesinar a un ciudadano común y corriente.”
La insinuación a que existen asesinatos de distinta categoría moral, podría pasar como una más de esas alocuciones para las que después se inventan eufemismos tales como "fue una frase desafortunada”. Justificación del infortunio para la que seguramente después se agregará que "no representa la opinión del gobierno", aún cuando haya sido hecha por el Ministro del Interior. Mejor aún, se añadirá luego que el Ministro "fue sacado de contexto".
Pero como lo que nos importa no es sólo lo que se dice, sino fundamentalmente lo que se hace, la pregunta adecuada sería si acaso esto es un simple error comunicacional o es un juicio de hecho. A mi parecer, durante esta semana las cosas parecen demostrar lo segundo.
El martes conocimos la noticia de que Hector Llaitúl fue condenado a veinticinco años y un día por homicidio frustrado contra el fiscal Mario Elgueta. Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical fueron condenados a 20 años.
No está de más decir que para ese procesamiento se emplearon los mismos mecanismos que han sido práctica recurrente del Estado chileno desde el gobierno de Ricardo Lagos. Tal es el caso de la declaración de testigos sin rostro que, dado la imposibilidad de corroborar su identidad, es igualmente inverificable tanto la veracidad de su versión como su calidad de testigo.
Semanas antes de esta sentencia, nos enteramos que el carabinero que asesinó al estudiante mapuche Matías Catrileo ha recibido la libertad vigilada y deberá firmar por tres años en la fiscalía.
En resumen, un supuesto homicidio frustrado respaldado con testimonios de testigos sin rostro tiene como resultado veinticinco años de presidio, mientras que el asesinato de un estudiante mapuche tiene como resultado para quién lo perpetra la simple sanción de firmar.
Entonces, ¿Se equivoca Hinzpeter en sus afirmaciones? Pareciera que no es un error, sino que simplemente el Ministro sincera una vez más su autoritaria doctrina de seguridad, a la vez que da cuenta del proceder de la justicia chilena.
En palabras simples y crudas, la realidad parece indicar que, tal como insinúa Hinzpeter, la figura del homicidio puede recibir imputaciones diferenciadas según usted porte o no uniforme. Y por si ello ya fuese poco, resulta que para encerrar al mapuche basta con la sospecha y el testimonio de personas sin rostro.
Si usted es policía, en cambio, perpetrar un homicidio impulsará a la institución a cambiarlo de comisaría tal como el Vaticano cambia a un cura pedófilo de parroquia. Para cuando la ciudadanía lo descubra, bastará con mandarlo a firmar o a rezar.
El Ministro Hinzpeter parece saber de lo que está hablando. En Chile existen ciudadanos de primera y segunda categoría. Y la justicia debiera -según se infiere de sus dichos- proceder conforme a esa distinción.
Como queda en evidencia: “con Hinzpeter, estamos más inseguros que nunca”.
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