Lunes 21 de Febrero 2011 17:17 hrs.
Lorena Cruzat
Las críticas apuntan al emplazamiento de tres torres en el barrio Bellavista que pasarían a llevar las consideraciones del Plan Regulador de Recoleta en ese sector, sin que tampoco se efectúen los estudios de Impacto Ambiental en las ampliaciones de la casa de estudios.
La agrupación recalcó además la falta de funcionamiento de instituciones públicas como la Contraloría General de la República en este ámbito.
El documento oficial da a conocer que “el megaproyecto en construcción de la empresa ‘Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A.’ controlador entre otros de la Universidad San Sebastián, no cuenta con la calificación ambiental de la Comisión Evaluadora Ambiental, presidida por Fernando Echeverría intendente Metropolitano, lo que podría ser enviado al Ministerio Público”.
De todas formas, la torres ya comenzaron a edificarse en la manzana conformada por las calles Bellavista, Pío Nono, Dardignac y Ernesto Pinto Lagarrigue, lo que según Patricio Herman de Defendamos la Ciudad demuestra problemas más profundos en el marco legislativo.
Herman señaló que “este no es un país serio, aquí las instituciones no es que no funcionan, sino que no se atreven a funcionar, temerosos porque los actores privados importantes pueden usar su influencia. Algunos actúan en represalia y empiezan a llamar, hasta llegan llamados al Presidente o a los ministros, quienes se mueven para que las instituciones no se muevan, entonces la única herramienta que nos queda es la acción judicial”.
En esta dirección, la próxima semana se iniciarían acciones legales para detener las construcciones, según del abogado Luis Mariano Rendón porque no estaría dentro del marco legal en varios puntos, aseguró.
El abogado señaló que “se está actuando fuera del marco legal ya que obtuvo autorizaciones del municipio de Recoleta para construir muy por sobre lo que autoriza el plan regulador en esa zona. Hay al menos 3 torres de edificio y dos de ella exceden la normativa, más aun que la ampliación no fue sometida al sistema de evaluación ambiental”.
La crítica en general apunta a la facilidad con que se consiguen permisos para todo orden de cosas, sin respetar arquitectura del barrio o el ambiente tal como lo señala Gerardo Lanzarotti, de la junta de vecinos numero 35 de Recoleta, quien señala que “la Universidad utilizó la calzada del bien nacional de usos público en la calle Pío Nono, como acceso a su estacionamiento de vehículos, ello con un simple permiso precario de la alcaldesa Sol Letelier, lo que debió haberse perfeccionado con una concesión, previa licitación”.
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