Gobierno concreta descuentos por movilizaciones y ANEF adelanta un 2011 de protestas
Ninoska Leiva
Los trabajadores del sector público iniciarán movilizaciones si se mantienen los descuentos de sus salarios por el paro de diciembre, en el marco del reajuste del sector. La vicepresidenta de la ANEF, Nuri Benítez, dijo que 2011 será un año en el que los empleados no sólo del sector público saldrán a la calle a pelear por sus derechos. En tanto, aumentan los recursos judiciales para revertir la medida.
Tal y como lo había advertido, el Gobierno concretó su amenaza de descontar cada uno de los días de movilización de los funcionarios del sector público que se adhirieron a las movilizaciones por el reajuste salarial en diciembre pasado.
Sin embargo, los trabajadores afectados no pretenden bajar los brazos ni aceptar la imposición del Ejecutivo, por lo que están interponiendo una serie recursos de protección en la justicia para revertir la medida.
La vicepresidenta de la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF), Nuri Benítez, aseguró que este será un año en el que los empleados no sólo del sector público saldrán a la calle a pelear por sus derechos.
“Este Gobierno está en contra del mundo del trabajo, no dialoga, ni negocia, lo que es parte de la democracia y, por lo tanto, está generando mucho descontento, especialmente entre los funcionarios públicos. Durante 2010 se vivieron grandes manifestaciones de repudio y creo que esté será un año en que el movimiento sindical va a estar en la calle protestando en contra de las políticas neo liberales de este Gobierno, que es el Gobierno empresarial”, enfatizó la dirigente.
El descontento de los trabajadores del Estado no es sólo porque se les restaron de sus sueldos cada uno de los días de movilización, sino también porque en general no se conversó la medida y se impuso afectando incluso a algunos empleados que sí trabajaron y cumplieron horarios en los días de paro.
Es el caso de la Tesorería General de la República, en donde el presidente de la Asociación de Funcionarios de la entidad, Cristián Arévalos, afirmó que “no existe ningún respeto por quienes trabajan en la dependencia”.
“Pensamos que es un recurso ilegal, arbitrario. Incluso se aplicaron descuentos a funcionarios que no participaron en la movilización y tampoco se realizó un sumario previo. Hoy tenemos una asamblea para determinar las acciones que vamos a seguir. Lo más probable es que si tenemos que ir a una movilización, lo vamos a hacer”, indicó Arévalos.
De hecho, los funcionarios de la Tesorería interpusieron hoy un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago para que se reviertan los descuentos y que, por lo menos, se abra el dialogo.
La medida legal también la adoptaron los trabajadores del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), quienes interpusieron un recurso de protección contra su director nacional, Mikel Uriarte, quien instruyó realizar los descuentos a sus empleados pese a que sólo estuvieron en paro un día.
Según explicó el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Fonasa, Rodrigo Reyes, están bajo un régimen injusto, pues muchas veces trabajan horas extras sin que se les pague y aceptando acuerdos compensatorios. “Por ejemplo, cuando una persona trabaja horas extras y el Estado no tiene los recursos para pagar esas horas, a cambio entregan descanso complementario, pero cuando un funcionario falta a su trabajo aplican los descuentos y no está la posibilidad que el trabajador lo pague con más horas de trabajo para complementar la falta”, denunció Reyes.
Mientras, el Gobierno mantiene firme su postura y sin importarle el descontento laboral reitera que “se está cumpliendo la ley”, los trabajadores continúan organizándose y abriéndose a la posibilidad de generar un gran revuelo social.
Sin embargo, los trabajadores afectados no pretenden bajar los brazos ni aceptar la imposición del Ejecutivo, por lo que están interponiendo una serie recursos de protección en la justicia para revertir la medida.
La vicepresidenta de la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF), Nuri Benítez, aseguró que este será un año en el que los empleados no sólo del sector público saldrán a la calle a pelear por sus derechos.
“Este Gobierno está en contra del mundo del trabajo, no dialoga, ni negocia, lo que es parte de la democracia y, por lo tanto, está generando mucho descontento, especialmente entre los funcionarios públicos. Durante 2010 se vivieron grandes manifestaciones de repudio y creo que esté será un año en que el movimiento sindical va a estar en la calle protestando en contra de las políticas neo liberales de este Gobierno, que es el Gobierno empresarial”, enfatizó la dirigente.
El descontento de los trabajadores del Estado no es sólo porque se les restaron de sus sueldos cada uno de los días de movilización, sino también porque en general no se conversó la medida y se impuso afectando incluso a algunos empleados que sí trabajaron y cumplieron horarios en los días de paro.
Es el caso de la Tesorería General de la República, en donde el presidente de la Asociación de Funcionarios de la entidad, Cristián Arévalos, afirmó que “no existe ningún respeto por quienes trabajan en la dependencia”.
“Pensamos que es un recurso ilegal, arbitrario. Incluso se aplicaron descuentos a funcionarios que no participaron en la movilización y tampoco se realizó un sumario previo. Hoy tenemos una asamblea para determinar las acciones que vamos a seguir. Lo más probable es que si tenemos que ir a una movilización, lo vamos a hacer”, indicó Arévalos.
De hecho, los funcionarios de la Tesorería interpusieron hoy un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago para que se reviertan los descuentos y que, por lo menos, se abra el dialogo.
La medida legal también la adoptaron los trabajadores del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), quienes interpusieron un recurso de protección contra su director nacional, Mikel Uriarte, quien instruyó realizar los descuentos a sus empleados pese a que sólo estuvieron en paro un día.
Según explicó el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Fonasa, Rodrigo Reyes, están bajo un régimen injusto, pues muchas veces trabajan horas extras sin que se les pague y aceptando acuerdos compensatorios. “Por ejemplo, cuando una persona trabaja horas extras y el Estado no tiene los recursos para pagar esas horas, a cambio entregan descanso complementario, pero cuando un funcionario falta a su trabajo aplican los descuentos y no está la posibilidad que el trabajador lo pague con más horas de trabajo para complementar la falta”, denunció Reyes.
Mientras, el Gobierno mantiene firme su postura y sin importarle el descontento laboral reitera que “se está cumpliendo la ley”, los trabajadores continúan organizándose y abriéndose a la posibilidad de generar un gran revuelo social.
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