La tragedia de San Miguel y las cárceles concesionadas

La tragedia de San Miguel y las cárceles concesionadas


El Presidente de Copsa, Herman Chadwick Piñera a propósito de la catástrofe del penal de San Miguel, solicitó públicamente acelerar la concesión de cárceles y además señaló que “las nuevas licitaciones fueron suspendidas por el ex ministro Eduardo Bitran” y agrega que “si hubiese existido Santiago II, no hubiera ocurrido el hacinamiento en San Miguel”. El señor Chadwick o tiene muy mala memoria o simplemente miente sin vergüenza, con el fin de seguir defendiendo intereses corporativos estrechos aprovechándose de una tragedia.


En primer lugar el programa de cárceles concesionadas se inicia el año 2000 y hasta esta fecha han pasado 11 años y yo fui ministro de Obras Pública el 16% del periodo. En marzo del 2006, al asumir como ministro de Obras Públicas, se había terminado el Grupo 1 de cárceles, con tres cárceles concesionadas, pero se enfrentaba una demanda del concesionario que llevaría la inversión de los US$ 75 millones licitados a US$ 180 millones, lo que constituía un aumento de un 140%. El grupo 2 de cárceles del mismo concesionario (BAS 1 controlado por Besalco), se encontraba paralizada desde hace 14 meses con la anuencia del tribunal arbitral. Y el grupo 3, de una empresa francesa, enfrentaba retrasos y solicitudes de compensación desmesuradas apoyadas por amenazas de paralización por el concesionario.

Este fallo arbitral adverso contó con el voto favorable del miembro del Consejo de Concesiones y ex miembro de la Directiva de la UDI, Manuel Díaz de Valdés, nombrado por el ex Ministro Jaime Estévez en el Consejo de Concesiones para eliminar cualquier suspicacia en el difícil proceso que tenía que enfrentar en todas estas concesiones.

En vista de lo dramático de los conflictos en el desarrollo de las cárceles concesionadas y el grave problema con la concesión de los tribunales de justicia, el gobierno del ex presidente Lagos, correctamente, había suspendido la licitación del grupo 4 de cárceles. Durante los primeros meses del gobierno de la Presidenta Bachelet se negocia la recuperación de las cárceles paralizadas y atrapadas por la concesionaria del grupo Besalco.

En el mes de Julio del 2006 se pudo recuperar estas cárceles paralizadas y se inició el proceso de licitaciones de arquitectura y luego de obras para concluirlas como obra pública y concesionar la operación. Con el Grupo 3 se negoció un ajuste moderado del contrato (menos del 30%) y se logró inaugurar el año 2007, tres cárceles concesionadas, incluyendo un penal modelo en Santiago.

Justo antes de dejar el Ministerio de Obras Públicas la Corte Suprema revirtió un fallo arbitral unánime en contra del MOP, por casi tres millones de UF, invitando a las partes a negociar la compensación por aumento de obras. El ministro de Obras Públicas que me sucedió llegó a un acuerdo en que el MOP se obligó a pagar un sobre costo equivalente al 140% del monto original a la empresa liderada por Besalco, con una rebaja de solo un 6% del fallo arbitral adverso.

Este fallo arbitral adverso contó con el voto favorable del miembro del Consejo de Concesiones y ex miembro de la Directiva de la UDI, Manuel Díaz de Valdés, nombrado por el ex Ministro Jaime Estévez en el Consejo de Concesiones para eliminar cualquier suspicacia en el difícil proceso que tenía que enfrentar en todas estas concesiones. En la sesión del Consejo de Concesiones anterior al Fallo, Díaz de Valdés le propone al Consejo conciliar en 1,6 millones de UF, como consta en las actas y a los pocos días falla en contra del MOP por un monto de 2,6 millones de UF.

Antes de dejar el Ministerio propuse al director de Presupuestos reiniciar el programa de cárceles, en un esquema de financiamiento público y de concesión de la operación. Luego de estudiar la experiencia internacional y chilena era sin duda el mecanismo más expedito, más barato y en jerga especializada el que entregaba más valor por el costo. Desafortunadamente, debido a que el sistema de contabilidad fiscal no imputa como deuda pública los pagos diferidos de la inversión todos los gobiernos han optado, por seguir con estas concesiones forzando la creación de consorcios entre el constructor, el financista de capital y el operador de la concesión a un elevado costo para el Estado.

Todos estos antecedentes se entregaron a la comisión investigadora de la Cámara, los tribunales arbitrales y a los tribunales de justicia en las apelaciones del MOP. Hoy Chadwick evidentemente se aprovecha del drama de San Miguel para seguir favoreciendo intereses corporativos mezquinos, al insistir en un modelo que la experiencia nacional e internacional demostró que es más lento debido a los litigios, más rígido, lo que dificulta ajustar la calidad de servicio y más caro para todos los chilenos. La visión de modernización del sistema penitenciario del año 2000 del ex Presidente Lagos se puede alcanzar con un ajuste a un esquema mixto, con financiamiento público y con concesiones de operación y conservación a plazos más cortos. Esperemos que la cosmética presupuestaria fiscal de no contabilizar como deuda pública los pagos diferidos del Estado, no incentive un modelo penitenciario inadecuado.

El Estado debe licitar como obra pública y concesionar la operación y así resolver el déficit y hacinamiento carcelario, junto con repensar todo el sistema punitivo y de rehabilitación penal chileno.