Viernes 06 de Noviembre, 2009 EDUCACIÓN: LAS DEUDAS SE PAGAN... EN DICIEMBRE

Cuando vemos a una ministra de profesión asistente social cuya mayor vinculación con la educación ha sido su rol de ex presidenta de una corporación educacional y su condición de ex rectora de una universidad diciendo que no hay deuda moral ni económica con los profesores, la verdad es que uno no puede evitar ponerse por un instante en el lugar del senador Eduardo Frei y temer que luego de esa frase para el bronce diga que quiere integrarse a su comando.
Pero por suerte para el candidato de la Concertación la cercanía del fin del período y su escaso apoyo en las encuestas hace poco viable que la ministra Jiménez termine haciendo significativos "aportes a la causa" como éste desde su equipo de campaña.
En todo caso más allá del estupor y la sorpresa inicial uno no puede encontrar explicaciones para esta ofensiva anti-docente del gobierno, expresada con el menor de los tinos a través de la boca de la ministra.
Porque no es que los profesores recién hayan planteado este tema: llevan prácticamente los 20 años de gobierno de la Concertación levantando la bandera de la reparación a esta legítima demanda que, contrariamente a la tesis leguleya del Ejecutivo, es política y moral.
La cantidad de proyectos de acuerdos, sesiones especiales e indicaciones al presupuesto de la nación en que se ha abordado este tema ya deben sumar varias decenas a estas alturas. La transversalidad en el apoyo da cuenta de una temática que se entiende trasciende los ámbitos de los litigios judiciales o los pronunciamientos administrativos de la Contraloría.
Para esto es que existe el Poder Ejecutivo: para conducir políticamente las políticas públicas y tomar iniciativa sobre ellos y no para escudarse en razones legales o administrativas.
Si entonces a partir de ahora nos debe queda claro que esta es la lógica doctrinaria del gobierno entonces debiéramos atenernos y no sorprendernos de nuevas sentencias de muerte a temas que hemos venido debatiendo desde hace décadas: capaz que mañana nos digan que los exonerados están puro perdiendo el tiempo porque fueron expulsados de sus labores hace demasiado tiempo o que los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que porfiada y dignamente persisten en su demanda de justicia nada tienen que hacer porque esos también están prescritos y hagan suya la ley de amnistía aún vigente.
En todo caso, y como no pueden ser puras derrotas políticas y sociales a partir de esta nueva "doctrina Jiménez", correspondería entonces que el gobierno dejara de cobrarle el crédito fiscal a quienes estudiaron en las universidades en la década de los 80 que aún son perseguidos para que paguen millonarias deudas abultadas por los conceptos de morosidad e intereses y cuyos escuetos ingresos adicionales vía honorarios le son retenidos. Para que decir las molestias que se ahorrarán estos miles de chilenos que, por fin dejarán de estar en Dicom gracias a este perdonazo que debiera surgir de esta nueva política estatal.
Aunque la política comunicacional del gobierno está fundamentalmente dirigido a blindar la figura de la Presidenta, ciertamente hay cosas que ese blindaje no puede evitar, como que el paso del tiempo permita formarse juicios más informados sobre los hechos ocurridos durante su mandato y, sin duda, uno de esos temas será lo obrado en materia educacional: porque aunque el Ejecutivo está feliz con LGE, la verdad es que la LOCE sigue vigente en más de una treintena de artículos referidos a educación superior, área donde el pinochetista espíritu refundacional del sistema sigue vivo y coleando, tal como lo testimonian las difíciles situaciones de los planteles públicos.
Seguimos siendo un Estado donde la fuga desde la educación pública a la particular subvencionada se produce como el efecto natural de la poca inversión general en educación, que nos deja bastante atrás en Latinoamérica; donde la municipalización de la educación hace rato que es un fracaso y pese a que el propio consejo asesor convocado al inicio de este gobierno propuso crear corporaciones regionales, nada se ha hecho en esa dirección, manteniendo todo centralizado en un ministerio cuyo único rol es verificar asistencias y pagar subvenciones.
La educación chilena sigue siendo profundamente desigual, con una LGE que no tocó la selección de alumnos ni el lucro, de acuerdo a lo consensuado con la derecha, pese a que el propio proyecto original del Ejecutivo proponía su total eliminación y que la mayoría de la ciudadanía apoyaba. Así entonces seguimos teniendo un sistema educacional donde lo que importa no es la calidad de la enseñanza, sino la construcción y preservación de redes sociales y culturales, a estas alturas convertidas en verdaderos ghettos, unos voluntarios y otros impuestos.
Para más remate en el marco de la aprobación de la LGE se acordó y legisló a favor de que cualquier profesional pueda hacer clases, lo que en ese entonces calificamos como la segunda deuda histórica.
Son lamentables las declaraciones de una ministra que sólo pasará a la historia por el jarrazo de agua que en nombre de muchos chilenos le propinara María Música, pero más lamentable aún es que, al igual que en otros temas, pase inadvertida la mano detrás de la decisión de no transigir, de cerrar las puertas y de perpetuar éste y otros temas: el Ministerio de Hacienda.
Es lamentable que en un Estado donde las políticas públicas, especialmente las más importantes y relevantes como la educación debieran formar parte del patrimonio de toda la nación, sea el cálculo económico, el indicador, el superávit fiscal, el PIB, el ahorro fiscal y, con seguridad, un futuro cargo en el FMI o en el Banco Mundial, lo que decida frente a un tema que existe, que se ha postergado excesivamente y donde los profesores han mostrado generosidad para arribar a acuerdos dignos, antes de que los afectados terminen sus días.
En política, y especialmente en este caso, en educación, las deudas se pagan. Y en este caso, la fecha de vencimiento es el 13 de diciembre.
ALEJANDRO NAVARRO BRAIN
Senador de la Republica