“CORTE DE APELACIONES ADMITE A TRAMITACIÓN RECURSO DE PROTECCIÓN POR BONO SAE”

Darío Vásquez, Tesorero Nacional del Colegio de Profesores:

“CORTE DE APELACIONES ADMITE A TRAMITACIÓN RECURSO DE PROTECCIÓN POR BONO SAE”

“Declaración de admisibilidad de nuestro Recurso de Protección en contra del dictamen del Contralor, abre posibilidades de que se haga justicia a los profesores”

“Este primer paso es de mucha importancia porque significa que la Corte de Apelaciones acepta que nuestro recurso tiene fundamentos para que una sala de ese Tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto y da sólo cinco días para que Ramiro Mendoza informe al Tribunal”.

“En el Dictamen 44747, el Contralor General de la República desconoce el derecho de los profesores a recibir parte importante de su sueldo por la vía de aumentar excesivamente el mayor valor hora. Esta situación disminuye en 2,5 veces lo que los profesores deberían recibir por concepto del BONO SAE”.

“En el mismo dictamen, el Contralor General afirma que la deuda con los profesores es meramente nominal y no devenga en interese y reajustes. En rigor, y según lo dispone la ley, toda deuda remuneracional debe ser pagada considerando los intereses y reajustes correspondientes”.

Ante esta interpretación Vásquez, junto con dirigentes regionales de Atacama, Valparaíso y O’higgins, interpuso un Recurso de Protección que busca que los tribunales de Justicia diriman si, tal como los plantean los dirigentes de los profesores, corresponde el pago según se dice en el recurso y sus correspondientes intereses y reajustes.

Para los próximos días se espera que la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones se refiera a la solicitud de la orden de no innovar, y, a continuación, el Tribunal se pronuncie respecto del fondo.

De ser favorable un fallo para los profesores, el Estado deberá pagar una cifra no menor de los cinco mil millones de pesos, según los cálculos de los docentes.

“Es cierto que el Directorio Nacional desestimó este camino, propuesto por nuestro sector oportunamente. Pero nosotros, con los dirigentes de las regiones que nos acompañaron, hemos hecho uso de un derecho legítimo, que no anula otras acciones judiciales, tal como se ha dicho”.

“Hay que recordar que un Recurso de Protección es un derecho de toda persona que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Carta Fundamental. Cosa distinta son los juicios laborales que se quieran interponer. Éstos últimos son materias de los Tribunales Laborales. Ambas gestiones, cursan por carriles totalmente distintos”.

Darío Vásquez estuvo acompañado por los presidentes de los Comunales de Cerro Navia, Santiago e Independencia, y el Secretario General del regional de Atacama, Francisco Martínez