LA LEY DE EDUCACIÓN ES INSCONTITUCIONAL

Mario Fernández: Ley General de Educación es inconstitucional
Ramón Badillo

El ministro del Tribunal Constitucional asegura que la polémica LGE disminuye las facultades del Estado en la materia y no asegura acceso a toda la población a educarse. Parlamentarios comparten la visión de Fernández y señalaron que faltaron varios puntos que corregir del antiguo marco legal que fue aprobado durante la dictadura militar.

Esta es la historia de un salmón, que pese a estar nadando contra la corriente, cree firmemente en su propia dirección, y es que el abogado democratacristiano, académico, político y ex ministro de Estado, Mario Fernández, consideró inconstitucional el proyecto de Ley General de Educación, pese a la aprobación de todo el resto del Tribunal Constitucional del cual él forma parte desde año 2006 como ministro.

El disidente considera inconstitucional este proyecto, por vulnerar dos principios fundamentales de la Constitución en esta materia: la función educacional del Estado y el acceso de toda población a la educación.

Para Fernández, la normativa debilita las facultades del Estado, restando atribuciones al ministerio de Educación y pasándolos a instituciones autónomas que sólo serán vigiladas, pero no mandatadas, como el Consejo Nacional de Educación y la Agencia de la Calidad de la Educación.

"Aquí estamos frente al traslado de facultades desde el ministerio de Educación derogadas tácitamente por esta ley porque las asume este Consejo que abarca todos los niveles, además los más importante, a mi juicio, es que obtiene una serie de prerrogativas y atribuciones en esta ley que se superpone con las que ya tiene el ministerio, especialmente en aprobar los planes y en evaluar el funcionamiento de la educación en Chile. Hay un debilitamiento del Estado como fue entendido siempre en su papel rector de la educación" argumentó Fernández.

A la Agencia Nacional de la Educación, la consideró anómala constitucionalmente, debido a que según esta ley tiene una naturaleza jurídica desconocida, pese a tener desde ya una serie de atribuciones. Tampoco la LGE asegura el acceso a toda la población a la educación estatal.

El jurista criticó fuertemente que el marco legal no contenga una reforma para la formación de profesionales de la educación idóneos para ejercer la enseñanza en todos los niveles, dejando vacíos y probablemente falta de profesores en materias específicas a lo largo del país, sumado a que tendrán que convivir por un periodo de nueve años con profesionales que realizan clases sin estar formados en la pedagogía.

"Como quedó el artículo 46 G en la ley se permite por un tiempo de nueve años en que se extiende un período de convivencia de profesionales de la educación con profesionales que están fuera de la educación, haciendo clases, con lo que se debilita la tarea docente de los profesionales propiamente de la educación", indicó.

Los argumentos contenidos en su voto disidente son compartidos por el diputado socialista e integrante de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Manuel Monsalve, quien se lamentó de formar parte de una minoría política que luchó por eliminar el lucro de la educación subvencionada.

Según el parlamentario, era muy difícil remover este pésimo estímulo monetario de los colegios cofinanciados por el Estado, debido que entre los sostenedores de estos establecimientos está la iglesia e importantes dirigentes políticos.

"Queremos que se termine con el lucro, no con la educación privada, sino evitar que con recursos del Estado se pudiera obtener lucro a partir de la función educativa, esto implicaba el termino de la educación particular subvencionada con fines de lucro. En la discusión del proyecto de Ley General de Educación quedó en evidencia el conjunto de intereses que están presentes en la educación en Chile. Me parece razonable que la iglesia y otros credos puedan participar en la educación, eso es posible hacerlo mejor cuando el lucro no está incorporado a la función educativa", argumentó el diputado.

El miembro de la comisión de Educación del Senado, Mariano Ruiz-Esquide, reconoció que la ley no es lo que se esperaba, producto de que la mayoría de las peticiones de los estudiantes secundarios y de la comisión presidencial quedaron fuera, pero se mostró optimista que con las leyes que corrigen o complementan a la LGE se podrá mejorar esta situación.

"No es lo que todos deseamos para hacer los cambios en educación, pero es un paso importante para permitir las otras leyes como el mejoramiento de la calidad, la agencia de educación, y por lo tanto, que haya un sólo voto disidente no es suficiente", aseveró el senador DC.

El partido demócrata cristiano, del cual Ruiz-Esquide es militante, fue la colectividad concertacionista que más se opuso a terminar con el lucro en la educación, y a la selección de estudiantes, a las cuales también se resistieron los partido de la Alianza por Chile, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente.

El resto de las tiendas políticas estaban divididas en la eliminación de los colegios particulares subvencionados, exceptuando al Partido Radical que peleó hasta el final por dejar la educación dividida en estatal y privada, sin sistemas mixtos y dar un giro en este conflictivo punto, que ahora con la ley constitucionalmente aprobada, ya es una triste realidad.

POR:Ramón Badillo