Patricia Muñoz Garcìa

Patricia Muñoz Garcìa
Departamento Nacional Profesores Jubilados DEPROJ

sábado, 6 de junio de 2009

DECLARACIÓN PÚBLICA

DECLARACIÓN PÚBLICA

FUERZA SOCIAL Y DEMOCRÁTICA DEL MAGISTERIO


El Colegio de Profesores, la Asociación de Municipalidades y el Ministerio de Educación, han concordado un Protocolo, que será sometido a Consulta Nacional.


Con respecto a ello, puntualizamos lo siguiente:


1.- En las últimas dos reuniones de negociación del bono SAE, entre el Colegio de Profesores, el Ministerio de Educación y la Asociación Chilena de Municipalidades, se integró el presidente del la CUT, Arturo Martínez, sin que fueran consultados los miembros de la Comisión Negociadora del Gremio. El problema más grave es que fue Arturo Martínez, y no el presidente del Colegio, quién asumió la representación del gremio. Esta decisión, inédita en el magisterio, deja de manifiesto tanto los procedimientos anti democráticos, como la incapacidad de la actual conducción para encabezar esta negociación.

2.- El manejo del proceso negociador se realizó sin que se diera cabida a la participación activa de todos los integrantes de la Comisión. En este sentido, resulta de la máxima gravedad que el documento final haya sido redactado por el presidente y sus asesores, sin que posteriormente fuera sometido a la consideración del resto de los integrantes de la mesa negociadora y sólo conocido por ellos en la posterior reunión del Directorio Nacional.


3.- En cada una de las sesiones de la Mesa Negociadora insistimos en la necesidad de respetar el acuerdo de Asamblea Nacional de exigir un trato especial para los profesores de la V región, lo que no quedó consignado en el acuerdo final, aunque en cada reunión fue aceptado por la contraparte. Los profesores de Valparaíso fueron los primeros que se movilizaron y han pasado largamente el mes de paralización. Es gravísimo que por una decisión unilateral del presidente nacional al redactar a puerta cerrada el documento, no se haya establecido este punto.


4.- El punto Nº 7 del Protocolo de Acuerdo es absolutamente ambiguo y su redacción es contraria a la argumentación que daban de no poder cancelar en diciembre como lo establece la ley ni tampoco en enero 2010 y 2011, por no tener la capacidad administrativa suficiente como Ministerio. Concordamos entonces que se pagara en abril de cada año. Eso, a lo menos, dejaba clara una fecha de pago y nos permitía presionar al gobierno y alcaldes para su cumplimiento.


5.- En el contexto del acuerdo, se establece la instalación de una mesa técnica para abordar el financiamiento de la educación municipal, pero ello se haría en el marco del proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública. Circunscribir este tema en los marcos de este proyecto resulta inoficioso por cuanto esta iniciativa legal no modifica en lo sustancial el financiamiento de la educación pública, la que, ni en su forma ni en su contenido, apunta a un real fortalecimiento de la educación pública chilena.


6.- Otro aspecto, más grave aún, es que, tal como lo dijimos en la Asamblea Nacional, se pretenden birlar los montos efectivos que se adeudan a los docentes, a través de la acción de los alcaldes, que buscan una fórmula de pago favorable a ellos, contando con el aval del Mineduc, mediante una presentación al Contralor General de la República, que pretende modificar los dictámenes de Contraloría y del propio Mineduc, respecto al valor hora que se utilizaría en la fórmula de cálculo. Si esto es aceptado por el Contralor, significará disminuir radicalmente los montos que legítima y legalmente les corresponde a los profesores.

Las consideraciones anteriores deben ser evaluadas por los profesores para tomar una decisión en conciencia. Por nuestra parte, hemos hecho todo lo posible para cautelar de la mejor manera los derechos de las profesoras y profesores. Una mayoría del Directorio Nacional ha conducido al gremio a una situación muy delicada.

Como siempre, respetaremos la decisión democrática del magisterio y seguiremos haciendo lo que esté de nuestra parte para que la opinión mayoritaria del profesorado sea respetada.


Por FSD del Magisterio:

Dirigentes Nacionales del Gremio



Darío Vásquez Salazar,

Jorge Pavez Urrutia,

Gustavo Méndez Araya



Santiago, junio 6 de 2009

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