Queremos señalar que rechazamos la forma en que el gobierno ha despachado las iniciativas legales al parlamento, estas debieron haber sido discutidas en conjunto y hoy se están discutiendo separadamente: LGE, Superintendencia, Agencia de Calidad y este último de educación pública. Cuatro proyectos que están intrínsicamente relacionados y que constituirán la nueva institucionalidad educacional. Se esta discutiendo en parcelas, lo que no augura el resultado esperado por el país.
Pensamos que éste no es un mero capricho, lo que se pretende es aprobar apresuradamente la LGE, fruto del acuerdo entre el gobierno y la oposición, al margen de lo manifestado por distintos sectores de estudiantes, profesores y la comunidad en general. Este es un proyecto que la mayoría de la ciudadanía rechaza. De esta manera, además, está abierta la posibilidad de que el reciente proyecto de fortalecimiento de la educación pública no sea una realidad, si no más bien una maniobra distractiva para facilitar la aprobación de la Ley General de Educación sin mayores rechazos. Si la LGE se aprueba tal como está, sería una LOCE 2, cualquier otro proyecto va a tener que situarse a ese marco regulatorio general, que es continuista, norma lo que hay, consolida la educación de mercado y no establece la educación pública.
No obstante que el Proyecto de Fortalecimiento de la Educación Pública, enuncia el carácter laico, pluralista, gratuito y democrático del sistema público de educación; crea Corporaciones Locales de Educación que reemplazarían a los municipios como sostenedores y un Servicio de Nacional de Educación que apoyaría a los establecimientos públicos, en la práctica encontrará importantísimas limitaciones, pues las labores de fiscalización, supervisión, control, revisión y apoyo de los establecimientos educacionales son distribuidas en la LGE y el Sistema de Aseguramiento de la Calidad en organismos externos y autónomos del MINEDUC. Como Gremio hemos venido planteando el Fortalecimiento del Rol del Estado, lo cual no se cumple en estos Proyectos. Lo que es más grave aún, dichos organismos, además, estarán facultados para entregar sus funciones a agencias privadas, es decir, se crean nuevos mercados para el lucro con fondos destinados a la educación pública. De esta manera, los avances que pudiera contener esta ley se ven francamente debilitados por el marco regulatorio y la nueva institucionalidad educativa.
Además, se visualizan serias deficiencias en las Corporaciones Locales que sustituirán a lo municipios, ya que éstas no consultan la participación de la comunidad y, especialmente, la de los padres y apoderados y los profesores, entregándole su control a los mismos alcaldes. En nuestra opinión las corporaciones debieran ser organismos profundamente democráticos y participativos, y debieran constituirse sobre la base, de identidad cultural y geográfica que se dan a lo largo del país, en vez de los artificiosos límites municipales. Exigimos participación, ser incluidos en estas Corporaciones que se escuche al profesorado.
Resulta evidente, pues el carácter contradictorio de las reformas que inspira toda esta batería de proyectos. No se le ha tocado un solo pelo al sistema básico de financiamiento de la educación, causa profunda de la crisis del sistema. Producto de la institucionalidad diseñada en el conjunto de proyectos, el MINEDUC se limita a ser una caja pagadora desvinculada de las necesidades reales de los establecimientos públicos. Denunciamos que la ley de fortalecimiento de la educación pública, operaría sobre la base de este inequitativo sistema de financiamiento y esta institucionalidad claramente privatizadora.
Ante toda esta realidad llamamos al profesorado, a los estudiantes, a los padres y apoderados y a la comunidad, a intervenir activamente en la discusión de esta nueva institucionalidad educativa, la que rechazamos se apruebe en verano. Exigimos que la discusión de todos los proyectos de educación se haga en conjunto y no se desperdicie la posibilidad de un proyecto de ley que proteja y promueva el real desarrollo de la educación pública.
Por DIRECTORIO NACIONAL
SERGIO GAJARDO CAMPOS JAIME GAJARDO ORELLANA
SECRETARIO GENERAL PRESIDENTE NACIONAL
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