COMUNICADO SOBRE LA LEY DE EDUCACIÓN PÚBLICA

FUERZA SOCIAL Y DEMOCRATICA DEL MAGISTERIO
6 de diciembre, 2008


Hemos tomado conocimiento del proyecto de ley que fortalece la educación pública, que sin ninguna participación del gremio y con total secretismo, formalmente comenzará su tramitación la próxima semana.

Enterados de los contenidos del proyecto, señalamos:

Esta iniciativa legal se enmarca absolutamente en el diseño concordado entre la derecha y la Concertación y que significa la instauración de la Ley General de Educación, la Superintendencia y la Agencia de la Calidad de la Educación.

Tal como lo señala el mensaje presidencial, en esta ley se continúa valorando la participación del sector privado “como expresión de la libertad, riqueza y diversidad cultural”. Siempre pensamos que un gobierno presidido por una militante socialista podría asumir que la expresión de la libertad, riqueza y diversidad cultural está enraizada en la educación pública que es gratuita, no selecciona ni discrimina, acogiendo la diversidad y la pluralidad.

Este tan esperado proyecto a la postre ha resultado como el parto de los montes. En los hechos se esperaban cambios profundos que fortalecieran de verdad la educación pública y en la práctica, aunque en apariencia cambian muchas cosas del actual sistema, se mantiene casi todo igual siguiendo la lógica ya iniciada con la LGE, continuada con la Agencia de Calidad y con la Superintendencia, enmarcadas todas en orientaciones de mercado, estandarizaciones, controles, externalización de servicios, etc.

En realidad los cambios que propone para supuestamente fortalecer la educación pública son insustanciales:

Las atribuciones, deberes y características que se entregan a la educación pública son prácticamente las mismas de la LGE; y si bien se le otorga algo más de recursos, se sigue financiando bajo la misma lógica de subvención por matrícula, sin considerar las realidades socioculturales y efectivas necesidades educativas de los establecimientos, más allá del número de alumnos que atienden.

En cuanto a los problemas de gestión de las municipalidades, si bien es cierto es necesario que quién administre la educación tenga giro único y que pueda articularse lo administrativo con lo pedagógico para mejorar la gestión, esto no basta por sí solo, y es dudoso que lo puedan realizar los mismos alcaldes, ahora agrupados entre ellos en corporaciones autónomas de derecho público.




Lo que se requiere es una verdadera descentralización del Ministerio de Educación, con servicios públicos con participación de la comunidad educativa; nada de lo cual se contempla en esta ley. Incluso parecieran restringirse los espacios limitados de participación que por ejemplo existían en los PADEM municipales.

Se desarma toda la estructura del Ministerio de Educación, con creación de corporaciones que finalmente seguirán a cargo de los alcaldes, que han demostrado no saber, ni muchas veces querer, gestionar la educación, y con un Servicio Nacional de Educación que no se sabe a ciencia cierta en qué consiste.

Ahora el sistema educativo chileno tendrá un Ministerio de Educación cuyo único rol pareciera ser orientador, un Servicio Nacional de Educación que coordinaría el trabajo de las agencias, y establecería contratos de servicios con 70 corporaciones autónomas. Además, todo puede externalizarse.

El proyecto es preciso en explicitar detalles administrativos y salarios de los concejales de las famosas corporaciones.

¿Acaso no sigue sonando esto a lenguaje de mercado?
¿Puede existir una real educación pública sin un Ministerio fuerte y un rol fortalecido del Estado?

La experiencia mundial señala claramente que NO. En plena crisis de los fundamentos de la economía de mercado, Chile parece, porfiadamente, ser el campeón mundial del mercado.

¿Para esto tanta espera, tanto secreto y tanto barullo de la derecha en el Parlamento? Si lo único que hace la Ley es entregar algunos pocos pesos más a la educación pública, pesos que seguramente, volverán y redituarán sustantivas ganancias para el mundo privado, a través de la externalización de servicios.


Jorge Pavez Darío Vásquez Gustavo Méndez