A partir del año pasado se ha instalado en Chile
con particular fiereza el dilema entre educación pública y particular
subvencionada, y cuál es la que requerimos como país para abordar los
grandes desafíos que enfrentamos como sociedad. Es positivo que esta
discusión, que por lo general se barre debajo de la alfombra, se instale
por fin en la arena pública. No así la forma en que ha buscado
resolverse, pues, como sucede por lo general en Chile, se ha intentado
una respuesta tecnocrática, como si hubiera una única solución
“correcta” y sólo la técnica nos fuera a permitir encontrarla
Pero en realidad, la tecnocracia tiene
muy poco que ofrecer a la resolución de este tipo de problemas, de
hecho, en muchos casos solo sirve como excusa para rehuir el debate
social y político de fondo. Así, tal como ocurre en otros ámbitos de
nuestra sociedad, los investigadores o “tecnócratas” de derecha,
“casualmente”, obtienen como resultado de sus investigaciones que los
colegios particulares subvencionados logran mejores resultados que los
municipales.
La educación pública no
es la educación del gobierno de turno, ni tampoco una herramienta de
adoctrinamiento nocivo, es simplemente la educación en la que todos nos
ponemos de acuerdo, como país. Para lograrla es necesario fortalecer y
dar garantías respecto de una institucionalidad sólida, que nos permita
llegar a consensos confiables, que incluyan las distintas corrientes
políticas, pero también sociales, culturales, religiosas del país, una
educación en la que todos nos sintamos identificados, y ojalá
orgullosos.
Los académicos y tecnócratas de centroizquierda en cambio, también
casualmente, demuestran una y otra vez que la educación municipal es
mejor, o al menos que no hay diferencias. Al final, la variable que
mejor explica los resultados educacionales de los establecimientos no es
el tipo de dependencia, sino la tendencia política del investigador.
Tiene una correlación prácticamente igual a uno, podría escribirse un
buen paper académico al respecto, seguro sería ISI.
A pesar de estos controvertidos resultados, la primera razón por la
cual la derecha no quiere la educación pública y prefiere la particular
subvencionada es por una cuestión ideológica promercado. Sigue creyendo a
pie juntillas que es la dinámica del mercado y la competencia la que va
a promover una mejor calidad, y que los colegios van a mejorar sus
resultados al competir entre sí por alumnos-consumidores.
Sin embargo, la realidad se ha demostrado extremadamente indócil con
este presupuesto teórico del libremercadismo. Puede que haya algunos
colegios particulares subvencionados que obtienen muy buenos resultados,
pero otros obtienen resultados pésimos (y además cobran y lucran, lo
que es por decir lo menos de mal gusto, sino derechamente obsceno). Así
también, hay establecimientos municipales muy buenos, y otros muy malos.
La evidencia no demuestra que la educación particular subvencionada sea
significativamente mejor que la municipal, lo que es incluso
sorprendente porque los colegios particulares tienen una flexibilidad
laboral mucho mayor para renovar planta docente y directiva, y una
tendencia evidente a la selección de los alumnos, a pesar de que está
prohibido por ley. (Esto, sin siquiera tomar en cuenta el efecto del
copago, porque es cierto que también hay transferencias directas a los
establecimientos municipales).
Esta fe ciega en la ideología de mercado, aun cuando la realidad
desmienta su efectividad en muchos ámbitos, es de hecho una de las
principales lacras del particular modelo de desarrollo que se ha
impuesto en Chile. No se trata de rebotar al otro extremo y demonizar el
mercado y la competencia por completo, pero al menos en este caso hay
que reconocer que el mercado no ha servido para impulsar la calidad. Los
teólogos del capitalismo tendrán que vivir con eso, ojalá aún más,
reformar sus presupuestos, en vez de seguir tratando de distorsionar la
realidad para comprobarlos.
Más allá de este ideologismo vacío, una segunda razón por la cual la
derecha desprecia la educación pública y privilegia, en cambio, la
privatización de los colegios es porque obviamente esta privatización no
será de signo neutro, tenderá a beneficiar a quien tiene el poder
económico, es decir, a las elites empresariales, que son
mayoritariamente de una tendencia política muy definida.
Este entrelazamiento velado entre razones supuestamente ideológicas,
que tenderían a una mayor eficiencia, con razones fácticas, que tienden
simplemente a mantener el control sobre diversos campos del desarrollo
nacional, está en el corazón de la derecha chilena. De esta forma, la
defensa de una economía liberal de mercado no es una cuestión puramente
ideológica, porque se crea que promueve el crecimiento y la obtención de
resultados, sino también una cuestión de mantención de intereses y
privilegios. En otras palabras, una perpetuación de monopolios y
asimetrías de poder, algo que es, en rigor el antónimo de un verdadero
liberalismo de mercado.
La eventual concentración de la educación chilena en un grupo muy
reducido de intereses es, de hecho, uno de los principales riesgos del
actual modelo educativo, sobre el que se repara con poca frecuencia. Si
se deja exclusivamente al arbitrio del mercado, se corre el grave riesgo
de que un grupo muy homogéneo de la sociedad se apodere de buena parte
del sistema educacional, tal como ha ocurrido, por ejemplo, con los
supermercados, las grandes tiendas, las farmacias o la prensa. El hecho
de que esto no se haya producido se debe exclusivamente, a mi juicio, a
que la subvención escolar es muy baja. Dicho en el crudo lenguaje
económico que impera hoy, la educación simplemente no es “un buen
negocio” para los empresarios. Es más rentable invertir en minería,
pesca o celulosa, que en la formación de los niños: otra de las
paradojas del capitalismo en crisis.
Sin embargo, ahora que la subvención ha comenzado a aumentar de modo
sustantivo, las probabilidades de que algunos grupos de poder instalen
amplias “cadenas” de colegios es cada vez más real. Esto es preocupante
porque, aun cuando haya un currículum establecido, y restricciones
ministeriales, es obvio que el sostenedor del colegio tiene una
injerencia enorme en el tipo de proyecto educativo que se implementa, el
tipo de formación religiosa que se entrega, los valores en que se basa,
la visión de sociedad que se impulsa, etc. Más allá del signo
específico que tome, lo cierto es que se avanzaría hacia una sociedad
que no es construida a partir de un diálogo nacional, sino desde el
proyecto definido por unos pocos, aquellos que se apoderen y controlen
también la educación: una elite, muy probablemente de derecha.
Esto nos lleva a la que constituye a mi juicio la tercera y más
profunda razón por la cual la derecha reniega de la educación pública y
promueve la particular subvencionada, que es una desconfianza profunda
por todo lo público. La derecha teme el control estatal de la educación
porque es obvio que este se opone al control de la elite, entregando en
vez el destino de la educación a una discusión pública, abierta y
plural, algo que siempre ha inspirado un temor atávico en este sector
político en nuestro país.
En el fondo la derecha chilena (al menos una parte ella, no toda), no
confía en el diseño consensuado de un proyecto educativo nacional, al
contrario, prefiere un proyecto educativo propugnado desde las elites,
de la misma forma que promueve un proyecto de desarrollo del país
controlado “de arriba hacia abajo”, en vez de “de abajo hacia arriba”.
Se trata de una visión inscrita de manera muy profunda en la forma de
pensar de la derecha, que tiene sus raíces en el orden hacendal, incluso
colonial, del cual emerge. Es una idea que ni siquiera es monopolio de
la clase alta en particular, atraviesa tanto la clase alta como la clase
baja, se constata en la forma de una relación, una forma de
relacionarnos entre nosotros, que privilegia la verticalidad por sobre
la horizontalidad, la dominación por sobre el diálogo democrático, el
patronazgo por sobre la ciudadanía. Más allá de la ideología de mercado,
el ideario de derecha desconfía de la capacidad de una
institucionalidad democrática para ofrecer un proyecto educativo que
colabore con el ideal de Chile; cree —quizás incluso sin darse cuenta—,
que son las elites las llamadas a definir e implementar el tipo de
educación que recibirán las generaciones del futuro.
Parte del temor de la derecha al control estatal de la educación es
sin duda justificado. Siempre existe el riesgo de una manipulación
excesiva por parte del Estado, o bien o por parte del gobierno de turno.
El temor a una deliberación propiamente democrática para definir la
educación de todos los chilenos es en cambio menos justificado, se trata
en verdad de un puro resabio autoritario y antidemocrático.
La educación pública no es la educación del gobierno de turno, ni
tampoco una herramienta de adoctrinamiento nocivo, es simplemente la
educación en la que todos nos ponemos de acuerdo, como país. Para
lograrla es necesario fortalecer y dar garantías respecto de una
institucionalidad sólida, que nos permita llegar a consensos confiables,
que incluyan las distintas corrientes políticas, pero también sociales,
culturales, religiosas del país, una educación en la que todos nos
sintamos identificados, y ojalá orgullosos. Pero más difícil que la
institucionalidad, una educación pública para todos requiere sobre todo
atrevernos a debatir nuestras diferencias, y buscar acuerdos, puntos de
encuentro y vías comunes. No sólo una supuesta solución óptima de la
tecnocracia, que es una falsa forma de zanjar las diferencias, sino la
construcción compartida del camino que como sociedad queremos seguir. Es
un desafío para un país poco acostumbrado a discutir, negociar, ceder y
construir en conjunto, pero es necesario emprenderlo si queremos
avanzar efectivamente hacia el país en que creemos nos merecemos vivir,
un país más cercano a nuestros sueños que a nuestras pesadillas.
