Deuda histórica
Manuel Riesco / CENDA
En una decisión inconcebible, el gobierno ha declarado que no va a pagar un peso de la deuda histórica del Estado al magisterio. Los alcances pueden resultar insospechados. A semanas de una reñida elección presidencial, esta "falta de criterio impensable," como la calificó un destacado senador derechista, pareciera una potente señal de determinados tecnócratas de gobierno a favor
del candidato opositor.
Como se sabe, la deuda histórica se originó al transferir los colegios a los municipios en 1981, cuando al profesorado no se le reconoció el reajuste especial de entre 50 y 90 por ciento del sueldo base, que se les había entregado pocos meses antes, junto a los demás EE.PP.
Dicho reajuste aparentemente abultado no hacía sino resarcir en parte menor el recorte de más de dos tercios que habían sufrido sus salarios tras el golpe. Los EE.PP. fueron aún más afectados que el conjunto de los trabajadores chilenos, que en promedio perdieron la mitad de sus remuneraciones.
Como resultado de todo lo anterior, en 1990 los sueldos del magisterio alcanzaban apenas al 28 por ciento de su nivel anterior al golpe. El conjunto de los EE.PP. mostraba un deterioro algo menor, puesto que había recibido el reajuste antes mencionado. Por su parte, el promedio de remuneraciones del país se encontraba en ese momento en un 70 por ciento de su nivel anterior al
golpe. De este modo, debido a la deuda histórica, el magisterio fue el sector más castigado del país por la política salarial de Pinochet.
Todos los trabajadores chilenos mejoraron significativamente sus remuneraciones tras el término de la dictadura. El salario medio real recuperó su nivel previo al golpe en noviembre de 1999, es decir, justo al terminar el siglo. Los EE.PP. lograron dicha meta algunos daños después. Sin embargo,debido a la deuda histórica, el magisterio es el único sector del país que todavía mantiene un nivel de remuneraciones reales inferior al que percibía antes del golpe.
Evidentemente, como ha recordado la vocera del gobierno, los dos últimos recibieron reajustes muy superiores al promedio desde 1990 a la fecha. Sin embargo, su situación entonces era tan desmejorada que aún así se encuentran ambos todavía por debajo del promedio general.
Muchos profesores jubilaron con sueldos afectados por este problema, lo que se tradujo en pensiones miserables aún en el sistema público y con mucho mayor razón en el caso de las AFP. No pocos han fallecido sin recibir una justa reparación.
La deuda histórica es un problema nacional. La permanencia a lo largo de casi cuatro décadas de una política de remuneraciones discriminatoria en contra del magisterio ha deteriorado seriamente la educación. Ello ha afectado la formación de millones de alumnos a lo largo de muchos años. Quiénes constantemente achacan al magisterio todos los males de la educación deberían reflexionar acerca de este factor.
Sumado al desmantelamiento del sistema nacional de educación pública ha mermado considerablemente la potencialidad de la fuerza de trabajo, con serio perjuicio para la economía y el conjunto del país.
El Colegio de Profesores ha encabezado la larguísima lucha que el magisterio ha venido librando para obtener el reconocimiento y pago de la deuda histórica. Ha logrado lo primero a nivel nacional e internacional y confiaba que por fin alcanzaría lo segundo. La respuesta del gobierno ha frustrado una vez más su justa expectativa.
Al no pagar parte de sus remuneraciones a los profesores trasladados, el gobierno incurrió en una ilegalidad manifiesta, puesto que el mismo decreto de municipalización señala que se debía respetar íntegramente el salario de los afectados por la medida. Centenares de maestras y maestros ganaron juicios al Estado y lograron recibir el mencionado reajuste, el que todavía aparece identificado claramente en sus liquidaciones de remuneraciones.
Por este motivo, el justo reclamo del magisterio fue acogido por la OIT, que en su Conferencia Internacional del Trabajo del 2009 trató el problema en sesión plenaria e instó al gobierno a reparar la deuda histórica del magisterio, puesto que la misma misma viola tratados que el Estado chileno ha suscrito. Justamente, el gobierno alegó en su defensa ante el plenario de la OIT que con motivo de la aprobación del presupuesto del 2009 había suscrito un acuerdo con el parlamento en virtud del cual una comisión conjunta analizaría el problema y le entregaría una solución en el curso de este año.
En efecto, la comisión de la Cámara de Diputados constituida en virtud de este acuerdo emitió un contundente informe hace dos meses. En el mismo analiza exhaustivamente el problema y revisa todos los argumentos legales al respecto, al tiempo que determina el número de profesores afectados y evalúa el monto de lo adeudado al magisterio y propone una fórmula de pago.
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