The Clinic.
El pasado 30 de agosto tres profesores del colegio San Ignacio de El Bosque tuvieron que ser derivados a la Mutual de Seguridad por el contacto con gas pimienta. El caso revela una dura realidad: las agresiones físicas y verbales en colegios particulares. The Clinic habló con profesores y dirigentes sindicales, quienes hablan de problemas de autorregulación entre los estudiantes y también del miedo a denunciar casos, por posibles represalias de las autoridades escolares.
Francisco de Torres (40) trabaja desde hace ocho años como docente en el Colegio San Ignacio El Bosque, en Providencia. Empezó a ejercer -al igual que muchos otros profesores- durante sus años más idealistas, con el sueño de formar mejores ciudadanos desde “la disciplina y el amor por las letras”. Sin embargo, los golpes de realidad no tardaron en llegar.
“Ese sueño se ponía cada vez más cuesta arriba”, confiesa, con cada falta de respeto, cada conflicto nocivo con estudiantes y apoderados. Misma experiencia que oía repetirse entre colegas de otros colegios particulares, muchos de los cuales gozan de alto prestigio.
Pero lo que ocurrió el pasado viernes 30 de agosto superó todos límites. Durante uno de los recreos, un grupo de estudiantes de 2º medio vaciaron un gas pimienta en el asiento de la profesora con la que tendrían clases. Cuando ella llegó a la sala junto a otra docente, los químicos afectaron la salud de ambas, por lo que debieron ser trasladadas al Hospital Mutual de Seguridad. Según relata Francisco, una de ellas terminó con problemas respiratorios agudos y otra con un rash cutáneo en el rostro.
“Las dejé en la ambulancia y me aseguré de que fueran a la Mutual. Después yo tenía clases en esa misma sala. Pregunté si ya se podía utilizar, y me dijeron que sí; que había sido ventilada y aseada. Pero cuando entré, a los tres minutos, empecé a sentir también los efectos del gas”, comenta el profesor. Por lo que igualmente debió acudir al hospital.
The Clinic contactó al establecimiento jesuita. Aseguran que las afectadas están con licencia médica y, conforme a su reglamento interno, dispusieron a tribunales los antecedentes del caso. Por lo mismo, aseguran, no pueden definir si la acción de los estudiantes fue con la intención de agredir a las docentes, ya que es materia de investigación. Además, recalcan que sus profesores “no sufren violencia permanentemente” y que “el colegio lamenta profundamente lo sucedido”.
Sin
embargo, la Federación de Sindicatos de Colegios Particulares (FESICOP)
difundió un comunicado en donde calificaron lo ocurrido como un hecho de
violencia “extremadamente grave”. Llamando a trabajadores del Colegio San
Ignacio El Bosque a “informar al empleador, maltrato sufrido dentro del
establecimiento”.
Francisco
de Torres es, además, vicepresidente de esta
organización. Concuerda en que la investigación deberá determinar si
hubo dolo por parte de los estudiantes. Aún así, comenta: “Vaciar un pimienta
en el asiento del profesor, personalmente, me hace dudar que sea algo
accidental. Había una intención de generar, al menos, una situación incómoda
para los docentes”.
A
su parecer, este incidente es solo un reflejo de los casos de maltrato físico y
psicológico a los que deben enfrentarse losprofesores de colegios particulares.
Casos que, por falta de difusión, recursos legales o por simple prejuicio, no
son tan conocidos como los hechos de violencia que ocurren en establecimientos
públicos o subvencionados (como ejemplo reciente, lo sucedido a las afueras del
Colegio Siglo XII de Puente Alto).
Los datos conocidos de
maltratos a profesores
“Muchas
veces se piensa que los colegios particulares son oasis. No es así”, afirma
Arturo Concha, presidente de FESICOP, fundación que agrupa a más de 30 colegios
particulares con más de 3 mil socios. Según Concha, los casos de maltrato,
agobio laboral y violencia hacia los profesores han aumentado en su sector.de
forma inmediata, sobre cualquier situación de violencia .
Violencia de apoderados y desgaste psicológico
El profesor Francisco de Torres recuerda el amargo momento que le tocó vivir a sus colegas del Colegio San Ignacio, el 31 de marzo del 2023. Tras una situación de violencia sexual por parte de alumnos, un grupo de apoderados, legítimamente preocupados, ingresaron al colegio. “Algunos de los apoderados estaban sobrepasados. Un grupo de al menos cinco funcionarios intentaron calmarlos, y terminaron siendo agredidos verbal y físicamente. El empleador dijo que, tratándose de apoderados, no podían hacer absolutamente nada, por lo que quedamos absolutamente desprotegidos”, relata.
El superintendente de Educación, Mauricio Farías, explica que la institución provee lineamientos claros para que los colegios activen sus protocolos en estos casos. Pone especial énfasis en las estrategias preventivas que deben existir en todos los colegios. “Es una obligación del establecimiento que debe ejecutarse. Desde nuestro rol como Superintendencia, lo que hacemos es fiscalizar y acompañar a los establecimientos para que cumplan con lo dispuesto a la normativa educacional”, comenta.
Sin embargo, el presidente del Colegio de Profesores considera que estos protocolos han demostrado ser insuficientes. “En estos casos, lamentablemente, lo que muestra la normatividad actual es que prácticamente no tienen sanción. Y eso es lo que es tremendamente dañino, porque esa impunidad va generando una suerte de invitación a la repetición de esas conductas violentas (…) Por lo tanto, nosotros estamos claramente en la idea de que la ley fije una base para esos protocolos”, explica.
“En el caso de los colegios particulares, como el apoderado es un cliente, paga una colegiatura mensual, considera o cree que tiene cierto derecho desde cómo se ejecuta una prueba, o cualquier situación que le comente su hijo o su hija, sea cierta o no”, explica el presidente de FESICOP, en base a situaciones que le ha tocado presenciar.
Según Arturo Concha, la naturalización de estas situaciones va generando un proceso de agobio, de desgaste psíquico y físico muy importante entre los docentes lo que, según Concha, es transversal a establecimientos públicos y privados. “En el profesorado tenemos que lamentar solo este año el suicidio de dos colegas, en las comunas de Molina, con el caso de Albano Muñoz y Antofagasta, con Katherine Yoma. Justamente por esta situación. Porque nadie responde y nadie se hace cargo”, define.
Respuesta de la Superintendencia de Educación
The Clinic contactó a la Superintendencia de educación por el caso de gas pimienta ocurrido en el colegio San Ignacio de El Bosque. La entidad determinó ingresar una denuncia de oficio para investigar el caso, ya que hasta este viernes 6 de septiembre no tenían conocimiento ni registro de denuncias sobre dicha situación.
“Con esta denuncia -que se ingresó con carácter crítico-, se solicitarán los antecedentes del caso al establecimiento educacional. Siguiendo el procedimiento establecido para la tramitación habitual de denuncias, si en el análisis de estos antecedentes se detectan indicios de incumplimientos a la normativa educacional, fiscalizaremos el colegio. Y si en esa instancia se constatan las infracciones, abriremos un proceso administrativo, que podría derivar en amonestaciones, multas u otras sanciones que establece la ley”, indicaron desde la Superintendencia.
“Reforzamos el llamado a los establecimientos educacionales y entidades sostenedoras a promover ambientes de respeto y buen trato, para garantizar el derecho a la integridad física y psicológica de todos quienes integran una comunidad educativa; y adoptar todas las medidas para que la violencia hacia los docentes sea erradicada”, añadieron desde el organismo encargado de fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales de nivel escolar, reconocidos oficialmente por el Estado, se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones.
The Clinic.
Publicado en este Blog por Patricia Muñoz García
