La educación
gratuita se aproxima a Chile. Arribará lentamente en la medida que
avance el gobierno de la recientemente electa Michelle Bachelet. El
retiro creciente de los aranceles universitarios dejará paso al aporte
estatal de esos recursos. Pero esta “educación pública, gratuita y de
calidad” no será de provisión estatal, no serán establecimientos
públicos los que la otorguen. Lejos estamos hoy de la verdadera
“educación gratuita” y lejos estaremos en cuatro años más. La calidad,
por su lado, será por vía acreditaciones, tal y como se instauró hace ya
una década en Chile, bajo el modelo neoliberal. Las universidades serán
mayoritariamente privadas y gratuitas, si cumplen ciertos estándares,
obteniendo recursos desde el Estado equivalentes a sus aranceles.
Lo que con el Crédito con Aval del
Estado fue una práctica cara, ineficiente y de gasto creciente, hoy se
transforma en la norma: pagarles a los privados para que hagan lo
público. La única diferencia en realidad es que no pagaremos la
educación directamente, sino a través del Estado. Esto es lo que nos ha
ido aclarando Michelle Bachelet en los últimos días. Y es que para ella
una universidad será “pública” (en esta nueva definición) simplemente si
cumple fines públicos: extensión e investigación, además de docencia. Y
si a eso le suma que no tenga fines de lucro, entonces ya está: estamos
en presencia de una universidad pública. Y será de calidad si satisface
un proceso de acreditación que, ahora sí que sí, será excelso y limpio.
Y seguiremos nadando en el mar del subsidio a la demanda, igual de
lejos que antes del subsidio a la oferta.
El movimiento estudiantil pidió
educación pública, gratuita y de calidad; Chile estuvo de acuerdo y
ahora la Nueva Mayoría viene a cumplir el sueño. Pero para que parezca
‘pública’, aunque no lo sea, ha tenido que transitarse un complicado
recorrido, en una historia larga en la que Brunner tuvo una idea, Peña
la organizó y Bachelet obtuvo el preciado Grial de la transmutación, que
convirtió lo privado en público y la confusión en certeza. Atrás quedó
la distinción obvia: que la propiedad privada no puede ser pública, que
aunque una institución privada intente aportar al espacio público e
incluso aunque lo haga sin otro interés que el aporte al colectivo, todo
el proceso nace en una perspectiva que va desde un momento privado
hacia la creación de un bien público. De este modo, lo público es un
contenido, no un espacio; un proyecto, no un territorio; un objeto, no
una lógica.
La historia sobre cómo lo privado devino
en público y lo público fue deformado se intenta resumir en los
siguientes párrafos. Concentramos la escena en tres nombres que suponen
el punto de anudación de este proceso y la escalada hacia el poder que
ha permitido que acontezca. La derecha, de cualquier modo, ha sido clave
en este ciclo. Ninguno de los nombres aquí mencionados cabe, en todo
caso, bajo el rótulo de ‘derechistas’. Y es que el mérito de dicho
sector ha sido lograr invadir con su lógica y sus beneficios a la
Concertación. Por eso es que no cabe duda que el escenario fundamental
ha sido la Concertación, la que propietaria de las imágenes arquetípicas
de la izquierda y erguida sobre el bastión moral que ha implicado su
oposición a Pinochet, ha logrado desvestir lo público y ponerle las
ropas de lo privado. Así, mientras la derecha sufre sus reveses y la
izquierda se ilusiona con las transformaciones, la Nueva Mayoría
trasviste el corazón conceptual de su propio modelo para poder seguir
con aquel que odian tanto que ya es amor, aquel modelo neoliberal que
disfrazado de estatismo aparecerá por nuestras vidas como un impostor.
La historia es más o menos la siguiente.
Lo que con el Crédito con Aval del Estado fue una práctica cara, ineficiente y de gasto creciente; hoy se transforma en la norma: pagarles a los privados para que hagan lo público. La única diferencia en realidad es que no pagaremos la educación directamente, sino a través del Estado. Esto es lo que nos ha ido aclarando Michelle Bachelet en los últimos días. Y es que para ella una universidad será “pública” (en esta nueva definición) simplemente si cumple fines públicos: extensión e investigación, además de docencia. Y si a eso le suma que no tenga fines de lucro, entonces ya está: estamos en presencia de una universidad pública. Y será de calidad si satisface un proceso de acreditación que, ahora sí que sí, será excelso y limpio. Y seguiremos nadando en el mar del subsidio a la demanda, igual de lejos que antes del subsidio a la oferta.
Corría el mes de octubre del año 2011 y
el movimiento estudiantil y su “educación gratuita” más su “No al lucro”
eran la agenda del país. La inédita transformación de los temas más
relevantes del país sumaba ya varios meses. El principal columnista de El Mercurio,
Carlos Peña, no se había referido al tema y había elegido una agenda
alternativa. Su silencio, sin embargo, no era sostenible. El tema se
hablaba a los gritos y él se mantenía en silencio. Hasta que habló. El 9
de octubre de 2011 Calos Peña publicó la columna dominical “La
gratuidad es injusta”. Poco antes, en agosto de ese año, había reunido a
sus funcionarios académicos en la Universidad Diego Portales para
explicarles lo complicado que resultaba para la UDP el éxito de esta
demanda estudiantil. Explicaba que algunas universidades privadas de
otro perfil podrían sobrevivir a esta nueva educación, pero no el
proyecto de la UDP. Sabía que la institución que rige existe por la
jibarización de lo público. Y temía por el futuro.
Pero Carlos Peña no sólo es brillante,
sino que además es hábil. No sólo es experto en estar donde debe, sino
además en lograr que se omita donde no debió estar. Lo había demostrado
en 2006 cuando fue el Coordinador de la Comisión Marco Regulatorio en el
Consejo Asesor Presidencial de la Educación. Esa instancia tenía como
principal objetivo lograr proveer de legitimidad a la exánime
institucionalidad educativa
El 1 de octubre de 2006 se señala en El Mercurio:
“El abogado Carlos Peña se convirtió en el mediador entre la
posición de José Joaquín Brunner y los sectores del mundo social más
reacios a sus propuestas”. Esta historia es el punto de origen de una
ruta decisiva en la historia político-intelectual de Peña y, según se va
viendo, en la educación chilena. La Comisión Marco Regulatorio se había
quebrado. El primer documento era “estatista”, según algunos sectores, y
Brunner había organizado un informe paralelo, disidente.
Peña se reunió con Brunner y tuvieron
una conversación agitada. Pero la reunión terminó con humo blanco. Y
desde ese instante en adelante Brunner logró conducir el proceso. Mejor
dicho, Peña fue el cuerpo de un espíritu que era Brunner. Se buscó una
fórmula de consenso y, por supuesto, dicha fórmula permitió mantener
todo en el orden de lo existente. La historia posterior es muy
interesante. Desde entonces los caminos de Carlos Peña y J. J. Brunner
confluyen rápidamente. El año 2007 publican un libro juntos. Se trata de
la obra “La reforma al sistema escolar”, donde Carlos Peña y José
Joaquín Brunner ofician de editores y en la que escriben a cuatro manos
el texto introductorio. En esa introducción se afirma que la reforma
escolar derivada de la movilización pingüina tendrá un gran efecto,
tanto por el cambio constitucional como por la creación de mecanismos de
aseguramiento de la calidad de la educación (como hemos visto, estaban
equivocados). Carlos Peña señala que tiene sólo un reparo: es crítico de
la prohibición de lucrar en los proyectos educativos. Agrega que aun
cuando la experiencia comparada señala que es práctica corriente la
prohibición del lucro, en el caso chileno se dan factores para
permitirlo. Recordemos que en esa misma época Carlos Peña fue enfático
respecto al lucro en las universidades privadas en una entrevista en
radio Duna, conversando con Fernando Villegas, Nicolás Vergara y
Héctor Soto. En dicha ocasión señaló que era necesario sincerar la
hipocresía del sistema, dado que las universidades eran lucrativas y
ello no era un problema. Agregó entonces que su universidad (entonces
era vicerrector detrás de Cuadra) evidentemente lucraba y que la
prohibición era un anacronismo. Por cierto, esta postura no se parece a
la que ha señalado Peña con posterioridad, cuando el 25 de julio de 2012
señala que “es cierto –como se ha repetido una y otra vez– que la
expansión de la matrícula universitaria se produjo gracias a la
inversión privada… Pero todo ello no fue filantropía, altruismo ni nada
que se le parezca. Fue porque la economía política del sistema se
organizó de una manera que permitía que los particulares pudieran hacer
inversiones accediendo a utilidades iguales o superiores a las que
obtendrían en usos alternativos de su dinero. De esa manera –se pensó–
el sistema se podría expandir con el mínimo gasto público. ¿Cómo pudo
hacerse lo anterior poniendo, al mismo tiempo, en vigencia una regla que
prohibía el lucro en las universidades? De una manera muy sencilla.
“Salvando las palabras de la ley pero eludiendo su sentido” (Paulo, D.
1.3.29)”. Lo que en un momento es juzgado por Peña como mera hipocresía
que debe sincerarse, luego es condenado por él como una hipocresía que
vulnera la ley y que debe suponer transformaciones normativas profundas
que impidan la existencia de estos subterfugios.
Pero volvamos a los momentos
inmediatamente posteriores de la Revolución Pingüina y los informes de
la Comisión Asesora Presidencial. Han publicado juntos Brunner y Peña,
hasta entonces el primero está en la Universidad Adolfo Ibáñez. Pero la
confluencia no tardará en producirse. José Joaquín Brunner llegará a
trabajar a la Universidad Diego Portales, donde se le entrega un espacio
con autonomía, alejado del Instituto de Ciencias Sociales, pues el
hombre que había augurado la muerte de la sociología podía no ser bien
recibido allí donde esa disciplina habitaba.
La labor de Brunner en la UDP se tornará
estructurante. Logrará ir proyectando su análisis de época y los
métodos que, entiende, son decisivos para articular el modelo educativo
que ha fomentado desde hace un par de décadas, cuando dejó de ser el
intelectual crítico desde Flacso Chile (la de los 80). ¿Dónde radica la
asertividad de Brunner? Brunner se percató tempranamente que la
privatización de la educación tenía como límite la noción de lo público,
que en la medida que ese concepto no perdiera sus definiciones más
taxativas, que en la medida que no se desnaturalizara, el modelo
educativo chileno no podría ser al mismo tiempo legítimo y privado. En
definitiva, comprendió que para destruir lo público había que corroer
los cimientos de su concepto.
En el marco de este esfuerzo, Brunner
dijo hace ya más de quince años que la definición de lo público debía
ser modificada. Como señala en un artículo de 2005 en la Revista de Sociología de la Universidad de Chile, “todas
las universidades son públicas”. En pocas líneas Brunner nos dice que
debemos comenzar por el principio de esta historia, pues “desde su
nebuloso origen, las universidades –como agentes que proporcionan la
formación más avanzada de su tiempo– han sido, todas ellas, públicas por
reconocimiento y por efecto” (Número 19, 2005. Pág. 19). Esto lo ha
reiterado en el último tiempo cuando señala, en una columna de agosto de
2013: “Dicho en breve, nuestro debate sobre estos asuntos se mueve
entre mitos anacrónicos y confusiones ideológico-intelectuales que no
nos merecemos. Hemos convertido las disputas sobre lo público-privado
dentro del espacio de la Educación Superior –al igual que sobre el
lucro, la gratuidad, el Estado y el mercado– en un remedo escolástico de
un verdadero debate académico-intelectual y político-cultural.
Empleamos estos términos como proyectiles (tigres de papel), en vez de
hacernos cargo de su creciente complejidad y de la necesidad que existe
de reinterpretarlos a luz de las nuevas dinámicas institucionales y de
los profundos cambios que experimentan los sistemas nacionales de
educación superior” (“Por una discusión no escolástica”, 9 de julio de
2013, ver en www.brunner.cl).
Pero estas redefiniciones de Brunner no
tenían cabida cuando su poder e influencia estaba ya lejos de la
operación rutinaria de la Concertación, cuando ya no era ministro ni
asesor clave. El encuentro con Carlos Peña cambiaría las cosas. El mismo
año 2011 publicarían en conjunto El conflicto de las universidades: entre lo público y lo privado
(Ediciones UDP, colección Educación, 2011) y afrontan en dicho
documento la pregunta respecto a si las universidades en su origen
fueron públicas o privadas. Lo hacen nada menos que el 2011, en una
señal potente. Además, se esfuerzan por desmontar las asociaciones entre
lo público con lo estatal y de lo extraestatal con lo privado.
Pero esta labor de articular un modelo
educativo a la medida de los privados tendrá como inconveniente el
enorme oleaje que la movilización social de 2011 generó. Es en este
camino donde se encuentra Carlos Peña el 2011 en medio de la
desesperación por las movilizaciones. El sistema privado parecía
amenazado, pero ese riesgo podría reducirse si aumentaba la confusión
entre lo público y lo privado. Es la tabla de salvación de la UDP, pero
no sólo eso. Es también la nave en la que se puede navegar por las aguas
turbulentas para conquistar nuevas tierras: las tierras de lo público.
Peña ha visto esto y el discurso de ampliación informe de lo público
domina la escena intelectual de su universidad. En El Otro Modelo
(2013), obra donde participan Atria, Couso, Joignant, Benavente y
Larraín (donde la institución que predomina es la UDP), se habla de que
se ha de pasar del modelo neoliberal al “régimen de lo público”. Pero el
régimen de lo público es vago en el libro, básicamente porque se parte
de la premisa de que el mercado es neutro, que carece de politicidad en
su seno. La operación que termina de producir El otro modelo es
la consumación de Brunner transformado en nombres aceptables y gratos
al respetable público, incluso al estudiantil. Esa operación no parece
ser consciente; de hecho, parece más bien el típico resultado de los
procesos de avance de una ideología. Pero ahí está, disponible para
Bachelet y la Nueva Mayoría, la confianza de que estos cambios
cosméticos son “otro modelo”, la tranquilidad de haber hecho el trabajo
intelectual, de tener un manifiesto, un ladrillo, un nuevo texto para
los siguientes treinta años. Para ello tiene el sustento de contar con
un garante: el Partido Comunista. Y es que este partido tiene el derecho
a decir que esto sí es otro modelo, tiene el mérito de no haber estado
en los negocios anteriores, de no haber hecho el juego a la derecha, de
tener todavía bases sociales en sindicatos y federaciones estudiantiles.
El Partido Comunista no sólo hace posible la Nueva Mayoría, sino que es
indispensable para borrar el límite entre lo público y lo privado
impunemente.
Bachelet ha encontrado una ruta. ¿Cómo
hacer pasar la continuidad como cambio, lo cosmético como estructural?
Difícil desafío. Sí, pero ha encontrado un camino. Alguien ha pisoteado
todas las huellas que distinguían lo público y lo privado, el derecho de
propiedad se traslapa con los derechos sociales. Brunner corretea por
el límite, devastándolo. Mientras tanto, Peña ve cuántos hermosos
páramos se abren a su paso en la medida que las universidades públicas
son todas y privada no es ninguna. Michelle Bachelet observa la escena y
ve que ha hecho historia. Chile avanza hacia la educación gratuita.
Seguramente se hará preguntas: “¿Es pública?”, “¿es de calidad?”. No
tendrá ninguna duda que sí. Ahora ha descubierto que la realidad es más
hermosa cuando se puede poner una fábrica de definiciones.
